La Secretaría Gremial se ocupa, fundamentalmente, de fortalecer la relación entre la conducción y los afiliados, y la presencia del sindicato en los lugares de trabajo.
¿Cómo? En primer lugar a través del funcionamiento permanente y el fortalecimiento del Cuerpo de Delegados para que sea el enlace de comunicación permanente entre la seccional y los distintos establecimientos educativos. En segundo lugar, organizando, junto a las demás secretarías, espacios de encuentro y debate por nivel y modalidad donde puedan tratarse aquellas cuestiones que van surgiendo de la práctica cotidiana, y los reclamos que es necesario realizar a las distintas instancias del CPE.
Secretario Gremial
Prof. Peña, H Osvaldo
secgremial@atencapital.org.ar
Cel.: 0299 154683828
DECLARACIÓN Nº 0008
Neuquén, 11 marzo 2010
El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue
Declara:
Adherir en forma activa a la conmemoración del 34º aniversario del golpe de estado contra la Nación Argentina perpetrado el 24 de marzo de 1976, instituido por Ley 26.085 como día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Impulsar y promover actividades que, desde la comunidad universitaria y distintos organismos de derechos humanos, se realicen con relación a la fecha.
Pronunciarse por la continuidad y profundización de las acciones de condena hacia la Dictadura y en la generación de los espacios de reparación y democracia, incluyendo:
Firmado: Prof.Teresa Veja, vicerrectora, a/c Rectorado.
Cristina S. Juhasz, Sec. Consejo Superior
Clic aquí para ver el Acta del 08 de abril (Adicional fijo mensual)
El Acta Acuerdo con el Gobierno establece:
| Adicional fijo mensual $130,66 | Aportes 18% (jubilación y obra social) $32.92 |
| Zona patagónica 40% $52,26 | |
| Adicional Bruto 182,92 | Adicional Neto de bolsillo $150 |
PROPORCIONALES SEGÚN LA CARGA HORARIA de los cargos docentes y horas cátedras
|
Cargo u horas cátedra |
Adicional de $150 |
Suma fija de $50 |
Total |
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25 hs semanales (o menor carga horaria pero con 949 puntos o más) |
$150 |
$50 |
$200 |
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28 hs semanales |
$168 |
$56 |
$224 |
|
30 hs semanales |
$180 |
$60 |
$240 |
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35 hs semanales |
$210 |
$70 |
$280 |
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40 hs semanales |
$240 |
$80 |
$320 |
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1 hora cátedra |
$8,33 |
$2,77 |
$11,10 |
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6 hs cátedra |
$50 |
$17 |
$67 |
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12 hs cátedra |
$100 |
$33 |
$133 |
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18 hs cátedra |
$150 |
$50 |
$200 |
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24 hs cátedra |
$200 |
$67 |
$267 |
|
30 hs cátedra |
$250 |
$83 |
$333 |
|
36 hs cátedra |
$300 |
$100 |
$400 |
Clic aquí para ver el Acta del 14 de abril (Recuperación de contenidos)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| acta140409.pdf | 859.11 KB |
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En el último número de Tinta Roja
se publicaron 5 entrevistas a dirigentes sindicales en las que, entre otras cosas, se les pedía opinión sobre el destino de una serie de conflictos tales como los del Garraham, Telefónicos, Subterráneos, Casino, FATE, Mafissa, DANA o Lavaderos Virasoro, todos ellos impulsados por activistas de base, con métodos más democráticos, casi siempre enfrentados a las conducciones gremiales, y con una fuerte presencia de los partidos de izquierda. Sus respuestas divergentes indican la existencia de un debate subterráneo sobre política sindical que rara vez sale a la superficie y al que esperamos contribuir con estas reflexiones.
Todos estos conflictos fueron liderados por una nueva camada de activistas sindicales, resultado de la combinación, diversa en cada caso, de jóvenes muy combativos sin experiencia sindical o partidaria, militantes de las organizaciones de izquierda y ex militantes desencantados. Podríamos aventurar que mientras los más jóvenes fueron el fermento de la movilización, los últimos constituyeron (Casino, Mafissa), o se disputaron (FATE, Subterráneos), la dirección. Aunque en ocasiones ésta recayó casi por completo en manos del activismo joven (DANA, Praxair). Esta nueva camada de activistas se apoyó en el descontento acumulado de los trabajadores a través de años de retroceso de los salarios y deterioro de las condiciones de trabajo. En una coyuntura política y económica favorable, estos objetivos económicos se conjugaron con objetivos más amplios, de tipo organizativo, que condujeron en ocasiones a la renovación, y en otras a la creación, de cuerpos de delegados, comisiones internas, comisiones paritarias, etc., y que tuvieron como resultado una mayor participación del colectivo laboral. Si en la mayoría de los casos estos conflictos empezaron auspiciosamente, justo es reconocer, que luego la mayoría de los casos culminaron con decenas (y a veces centenares) de despidos, destrucción de las organizaciones gremiales al nivel de empresa y pérdida de conquistas en un clima de vendetta patronal. Lo que naturalmente se tradujo en desmoralización, apatía y despolitización.
Sería falso atribuir estas derrotas exclusivamente a errores de conducción. Tampoco se trata de caer en el anti-izquierdismo partidario: la presencia de militantes de los partidos de izquierda fue un factor esencial para que estos conflictos tuvieran las características apuntadas y sobresalgan por sobre el resto. Pero pensamos que en casi todos ellos es posible observar una serie de concepciones y prácticas muy arraigadas que pueden haber obstaculizado la adopción de caminos alternativos cuando las relaciones de fuerza comenzaban a tornarse desfavorables. En otras palabras, que estas concepciones y prácticas condujeron a políticas sindicales desafortunadas. Tratar de comprender en qué consistieron los errores cometidos es la motivación central que nos impulsó a escribir estas líneas.
La construcción de otro tipo de sindicalismo es una tarea ardua. Cada paso se encuentra plagado de problemas que no pueden resolverse apelando a fórmulas mágicas o simples consignas universales. Cada situación requiere una reflexión profunda y específica para encontrar los caminos más adecuados. No hay recetas. Pero la generalización es un momento imprescindible de todo análisis político y hemos decidido correr el riesgo con la intención de quitarle la sordina a un debate actualmente en curso.
En situaciones que podemos denominar «normales», cuando el poder de la burguesía no corre riesgo alguno, los conflictos sindicales no deciden el destino de la revolución. Por esa razón, es desatinado considerar a cada huelga como la última gran confrontación. Motivados en su inmensa mayoría por reivindicaciones de carácter económico, cada conflicto sindical no es más que una compulsa (más o menos importante) dentro de una cadena de disputas permanentes entre el capital y el trabajo. Esta consideración es importante para no quemar todas las naves en cada enfrentamiento que se nos presenta. Por lo general, todo conflicto sindical que no termina en una derrota estrepitosa, finaliza en alguna mesa de negociación, donde se establecen las condiciones del «armisticio». Si la derrota es completa, no hay negociación alguna, sólo imposición. En este sentido, las medidas de lucha que adoptemos deberían tener por objetivo llegar a esa mesa de negociación en la mejor relación de fuerzas posibles.
Se desprende de lo que venimos diciendo, que aunque la mayoría de los conflictos se originan por reivindicaciones de carácter económico, el fortalecimiento del conjunto de la clase debe constituir hoy nuestra principal aspiración. En ese marco, desarrollar la conciencia de clase y afianzar la organización obrera son dos elementos que tienen que servirnos de guía en todas nuestras actividades.
Para la mayoría de los trabajadores, la huelga no es un objetivo deseado, recurrimos a esa medida sólo cuando se han agotado todos los otros caminos posibles, constituye una suerte de último recurso. Es falsa la premisa compartida por gran parte de la izquierda partidaria: que los trabajadores no luchamos porque somos traicionados por las direcciones sindicales. Nadie va a la huelga por gusto. Por eso, en los casos que no se encuentre otra salida y se decida iniciar un conflicto gremial, es importante mantener abierto en todo momento canales de negociación. En otras palabras, se deben combinar hábilmente las medidas de presión directa y los mecanismos diplomáticos. Negarse a utilizar cualquiera de las dos vías limita nuestro margen de maniobra y las posibilidades de triunfo.
Antes de iniciar una huelga, se deben tener en cuenta las relaciones de fuerzas. Deben existir posibilidades ciertas de victoria. Insistimos, posibilidades, no garantías absolutas. Se debe recurrir a la lucha directa porque entendemos que existen probabilidades de ganar y no porque nuestro reclamo sea justo. Salvo extrañas excepciones, todos nuestros reclamos son justos, pero no siempre se puede luchar abiertamente. Consecuentemente, es un error mantener invariablemente el llamado a la lucha sin reparar en las relaciones de fuerza. Es peligroso exagerar las condiciones objetivas para empujar a los compañeros a la lucha directa.
Es conveniente que quienes lideran el conflicto se muestren dispuestos a terminar con las medidas de fuerza. Que no aparezcan agitando la confrontación por la confrontación misma. Ello termina desalentando a los compañeros que no ven una salida al problema en el que se encuentran; además, ello enajena los aliados externos y la opinión pública. En algunos de los conflictos mencionados, en cambio, la tendencia predominante fue redoblar permanentemente la apuesta, ir siempre por más, hasta el punto de trastocar desfavorablemente las relaciones fuerza. En este sentido, es interesante la táctica que se dieron los trabajadores del subte. Ellos dejaron en claro en todo momento que los responsables exclusivos del conflicto eran los patrones y que ellos, los trabajadores, estaban dispuestos a retomar las tareas de forma inmediata, pero la empresa, con sus actitudes, se lo impedía.
Una debilidad de las tácticas empleadas en algunos de los conflictos derrotados fue la incapacidad para forjar un amplio arco de alianzas que permitiese sostener la confrontación. Sus conducciones se dieron por satisfechas con el apoyo que encontraron en los sectores más combativos. Por el contrario, toda alianza implica una transacción; en una alianza ambas partes deben ceder, aceptar posiciones que no son de su entero agrado. Para ello, puede ser necesario incluso, moderar el discurso, esto es, evitar proclamas grandilocuentes que no suman fuerzas reales al conflicto, ni son efectivas desde el punto de vista ideológico. Muchas veces las consignas lanzadas durante los conflictos estuvieron alejadas de la realidad y respondieron a slogans abstractos, sin relación alguna con los objetivos por los que los trabajadores se encontraban luchando.
En este sentido, cuando se decide una medida de fuerza todas las acciones se deben subordinar al objetivo de conseguir el triunfo. La política de alianzas, los acuerdos circunstanciales (incluso con la burocracia), los contactos con diversas fuerzas políticas, las movilizaciones, la consulta a la base, etc., todo debe ser puesto exclusivamente al servicio del triunfo del conflicto y del fortalecimiento de la clase como tal.
Muchos activistas suelen comportarse como si las demostraciones de heroísmo y entrega fueran lo más importante, aún a costa de la derrota, en lugar de ganar o transigir algo con los menores costos posibles tanto para los trabajadores como para la organización. Actúan así como si la acumulación de fuerzas en el mediano y largo plazo fuera un producto del ejemplo y no de la efectividad en sostener y fortalecer la organización y avanzar en la conciencia de los compañeros. Parecen confiar en que tarde o temprano sus esfuerzos serán reconocidos por los compañeros, hartos ya de las traiciones de las conducciones burocráticas. Pero ese momento nunca llega.
En nuestra opinión, un problema grave es que para la mayoría de los partidos de izquierda, los conflictos sindicales parecen ser sólo una oportunidad para perseguir sus objetivos políticos generales: huelgas revolucionarias, crisis políticas, tirar gobiernos, perforar techos salariales, despertar al movimiento obrero, etc. Son de este modo evaluados por parámetros ajenos y externos al conflicto puntual, y así, la definición de las tácticas apropiadas pasa a un segundo plano. Peor aún, se trata de parámetros desmesurados: como si semejantes objetivos pudieran ser el fruto de una huelga aislada, generalmente marginal desde el punto de vista de su impacto sobre la estructura económica o del poder político. De modo similar, cualquier espacio ganado a la burocracia sindical (comisiones internas, cuerpos de delgados, seccionales, etc.) es considerado la «punta de lanza» de la lucha contra toda la jerarquía gremial, la patronal, el gobierno y -¿por qué no?- el imperialismo. Es decir, se le exige a los compañeros que a duras penas han logrado desplazar a la burocracia, por ejemplo, de un cuerpo de delegados, que lideren la reorganización del conjunto del movimiento obrero argentino. Este tipo de políticas, exigir a un organismo obrero más de lo que puede dar, termina en la mayoría de los casos en derrotas que abortan precisamente los procesos anti-burocráticos que debemos vigorizar. En lugar de avanzar sobre la burocracia, se termina retrocediendo.
Las huelgas no se decretan, se construyen. Antes de salir al paro debemos preparar a la base, política y organizativamente. Quizás sea conveniente empezar por pequeñas acciones y tímidos reclamos, que vayan retemplando el ánimo de lucha de nuestros compañeros. Y para esta construcción son vitales las caracterizaciones concretas y determinadas de la situación y del enemigo. Sin embargo, en lugar de verdaderas caracterizaciones, lo que predomina es un discurso paternalista que repite hasta el hartazgo lo que ya todos sabemos: los dirigentes del gremio son burócratas y traidores, la patronal es explotadora, el gobierno defiende a los capitalistas.
La consulta a las bases es otro de los elementos claves para lograr el triunfo y construir otro tipo sindicalismo, democrático y participativo. Sin embargo, no se debe hacer un fetiche de las asambleas. Privilegiar cualquier forma organizativa de forma permanente, en cualquier tiempo y lugar, es incorrecto. Las formas democráticas deben adaptarse a las circunstancias. En algunos casos serán las asambleas, en otro caso se podrán combinar pequeñas asambleas por sector con el funcionamiento ágil del cuerpo de delegados, etc. Entendemos que no debemos atarnos a un único mecanismo de decisión y consulta a las bases. Cada momento del conflicto nos exige una forma diferente de ejercer la democracia obrera.
Por último, sigue sin superarse el pecado capital de la izquierda partidaria: medir el éxito de las luchas por el crecimiento de sus respectivas organizaciones y no por la auto-organización de la clase.
Insistimos en que se trata de reflexiones motivadas por la dinámica de los conflictos que en los últimos años señalaron el camino hacia un nuevo tipo de sindicalismo y no de recetas. Lejos de nuestra intención. Imaginamos que la primera objeción será que algunos de los puntos mencionados encierran el peligro del oportunismo. Tal vez. Pero bien vale el riesgo, porque muchas de las tácticas sindicales que hemos venido persiguiendo por años tienen un primer y grave problema: han demostrado ser ineficientes para ganar y acumular fuerzas.
*Artículo originalmente publicado en la Revista platense Tinta Roja Nº 3/agosto 2009- autorizado para su publicación-
*Pablo Ghigliani (economista)/Alejandro Belkin (historiador)
Carta Abierta al Señor Gobernador de la Provincia
Neuquén, 21 de abril de 2010
Al Señor Gobernador de la Provincia del Neuquén
Dr. Jorge Augusto Sapag
Neuquén
Nos dirigimos a Ud. en nuestra doble calidad de Diputados Provinciales y de vecinos de esta provincia, profundamente preocupados por la situación general y en especial por la problemática de la educación.
A la sucesión de reclamos e inquietudes que recogemos en nuestras recorridas permanentes por distintas localidades, le debemos sumar la incontrastable realidad recortada de la tapa de los diarios regionales que nos anoticia de una realidad que nos golpea ... “en Loncopue padres y alumnos mantenían ocupados todos los establecimientos educativos de esta localidad en reclamo de mejores condiciones edilicias, recursos para refrigerio y designación de docentes ...” una foto que se repite en toda la provincia. Todo ello sumado a un conflicto con los trabajadores de la educación que no reconoce del gobierno gestos claros e inequívocos de tener vocación de resolver el reclamo.
La política de un gobierno se define por sus hechos, y la pública declaración que Ud. ha realizado por ante la prensa regional diciendo (tex) “no hay plan b” habla sencillamente de una inexplicable ausencia de previsibilidad y planificación y de una escasa vocación creativa que nos proyecte en conjunto a la construcción de soluciones.
Nos resulta difícil de creer, en este contexto, que usted se encuentre realmente preocupado por dar una verdadera y efectiva respuesta al reclamo salarial de los y las trabajadoras de la educación. Esperar de la asistencia financiera del gobierno nacional para resolver dicho conflicto sería extenderlo innecesariamente, y una muestra más de la falta de voluntad política de su parte.
No es verdad que, como dice usted, se destine el 32 % del presupuesto provincial para la educación. Escasamente llega al 25 %, muy por debajo de lo que se destina, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires.
La propuesta formalizada por el Secretario de Estado de Educación a ATEN en la última mesa de diálogo de un 5% de aumento al salario básico, contrastado con el aumento otorgado en otras provincias, que en algunos casos llega al 24 %, parece más una burla que una búsqueda de solución.
Desde nuestra humilde lectura resulta muy difícil explicar al resto de los neuquinos y neuquinas que un presupuesto de más de siete mil millones de pesos no ha sido estimado con previsiones suficientes que nos permitan afrontar los reclamos de recomposición salarial como un hecho que inevitablemente ocurriría porque es la realidad la que lo impone. Que ese presupuesto (el más alto de la historia de la provincia) no garantiza la provisión de insumos, refrigerio y mantenimiento a las escuelas. Es inexplicable además, porque esas son obligaciones que nuestra constitución le impone al Gobierno Provincial. Tales garantías no son responsabilidad ni de los trabajadores, ni de los niños y niñas, ni de los padres en su calidad de integrantes de la comunidad educativa....son responsabilidad exclusiva y excluyente de este Estado provincial hoy a su cargo.
Es imprescindible entonces realizar los máximos esfuerzos posibles para que se formule una propuesta de incremento salarial seria que permita avanzar en una solución. La discusión del presupuesto 2010, hoy frenada en la Legislatura, nos permitiría en conjunto analizar y prever el destino de los recursos necesarios para afrontar dicho aumento salarial; aumento que es posible si tenemos en cuenta la evolución presupuestaria comparativa entre marzo 2009 y marzo 2010, que supera el 25%; la revisión en el sistema de compras y de licitaciones que realiza el Estado y que encarece la adquisición de bienes de uso y de capital, las fabulosas sumas que se pagan en concepto de alquileres de inmuebles o de vehículos, entre otras variables a analizar para encontrar la fuente de financiamiento necesaria para formalizar esa oferta.
Estos diputados hemos procurado por diversos medios concretar una reunión con su Secretario de Estado de Educación, con el objeto de transmitir nuestra visión y contribuir en el aporte de soluciones a un conflicto que tiene a una sociedad toda como protagonista y perjudicada directa... lamentamos informarle que hasta hoy no hemos sido recibidos.
Es por ello que renovando nuestro compromiso asumido frente a la sociedad neuquina de participar y aportar soluciones, elevamos la presente para que sea tenida en cuenta y exigimos del Poder Ejecutivo se formule una propuesta razonable y atendible a los trabajadores de la educación y se reasuman de inmediato la totalidad de las obligaciones a su cargo que garanticen la continuidad del ciclo lectivo.
Saludamos a usted atentamente.-
Paula Sánchez - Soledad Martínez - Rodolfo Canini
COMUNICADO DE LAS VOCALÍAS GREMIALES EN REPRESENTACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
Ante la situación de no resolución del conflicto educativo y la difusión por parte del Gobierno Provincial de un proyecto de decreto aún no promulgado en los medios del día de hoy (16/5/10), que declararía a la educación “servicio público esencial”, las Vocalías Gremiales en el Consejo provincial de Educación declaran:
1) Que el único objetivo de semejante normativa es intentar sembrar el miedo entre los trabajadores de la educación adheridos a las medidas de fuerza resueltas por ATEN.
2) Que se trata de una nueva intromisión del Poder Ejecutivo Provincial en el dictado de políticas respecto del sistema educativo que son competencia del Consejo Provincial de Educación, tal como lo establecen la Constitución Provincial y la Ley 242 que dio origen al CPE.
3) Que la sola mención de la posibilidad de reemplazar a los trabajadores que se encuentran haciendo uso legítimo del derecho de huelga y de sancionar a aquellos directivos que no delaten a sus compañeros generan, al interior de las instituciones y del sistema educativo todo, una situación de enfrentamiento que nos retrotrae a intentos semejantes del pasado reciente.
4) Que es necesario preservar a las instituciones educativas y al sistema en su conjunto de este tipo de enfrentamientos, en función de la necesidad de un vínculo sano entre los distintos actores de la comunidad educativa que permita llevar adelante satisfactoriamente los procesos de enseñanza – aprendizaje.
5) Que rechazan enfáticamente el intento de imponer una normativa de este tipo y exigen en forma urgente que el próximo lunes 17 de mayo sesione el Cuerpo Colegiado del CPE y trate, como primer punto del temario, la problemática del actual conflicto educativo.
Prof. Raúl Rivarola
Vocal Nivel Medio, Técnico y Superior
Prof. Mónica Massucco
Vocal Nivel Inicial, Primario y Especial
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
VOCALÍAS GREMIALES
Provincia de Neuquén
ANULACION DE LA RESOLUCION 764/11:
”UN TRIUNFO LAICO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA”
En la sesión del cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación del martes 14 de Junio, los representantes del Poder Ejecutivo firman la Resolución Nº 764 donde se le inicia sumario y separación del cargo al Director del CPEM Nº 8 de Plottier por Hacer cumplir el carácter LAICO de las escuelas públicas de la Provincia de Neuquén.
Dicha resolución fue presentada sobre tablas al final de la sesión sin la posibilidad de un debate serio en un tema tan sentido y complejo, asimismo en ese momento y posteriormente, estas Vocalias Gremiales se han posicionado a favor del laicicismo dentro de las escuelas públicas. Este principio, que refiere a la escuela como un “ámbito laico”, está consagrado en la Constitución Nacional, en la Provincial, en la Ley 1420 e inclusive, en la nueva Ley Nacional de Educación del año 2008.
La comunidad educativa de la provincia del Neuquén ante un nuevo ataque a una de las bases fundacionales de la Escuela Pública, reacciona y pone de manifiesto la necesidad de reafirmar el laicicismo dentro de las Instituciones Públicas entendiéndolo como “LA NO PRÁCTICA RELIGIOSA DENTRO DE LOS ESPACIOS ESCOLARES”.
La decisión política del ejecutivo generó la reacción de la comunidad logrando dar marcha atrás a esta nefasta resolución. Sin embargo consideramos que no queda claro en los considerando de la misma una postura del gobierno sobre el significado de laicidad en las escuelas públicas es por ello, que estas Vocalias Gremiales presentaran un anteproyecto de resolución que afirme y aclare el concepto de laicidad dentro de las ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES.
Raúl RIVAROLA Mónica MASSUCCO
Vocal Media Vocal Primaria
Neuquén, 30 de junio de 2010
INFORME DE VOCALIAS GREMIALES
Las vocalías gremiales, representantes de los trabajador@s de la educación y de la Comunidad, informamos a l@s trabajadores de la educación que desde hace años la Subsecretaría del Consejo Provincial de Educación utiliza el mecanismo de la firma rápida de resoluciones (solo la firma de la Presidenta) y aprovecha el mismo para realizar el cierre de horas en forma compulsiva, afectaciones, presupuesto educativo, contratos, etc.-
Dicha atribución se toma a diario, anulando al Cuerpo Colegiado la posibilidad de realizar los análisis correspondientes y negando el espíritu democrático con el que fue creado. Un dato no menor respecto de las afectaciones es que se firman para amigos del poder y que se pagan con presupuesto educativo, generando suplencias no necesarias.
Desde estas vocalías hemos presentado en cada sesión reclamos por graves problemas edilicios, partidas en general, transporte, creación de cargos en todos los niveles, licencias excepcionales, reclamando presupuesto educativo y cumplimiento de la ley 242.
RESOLUCIÓN Nº 568:
La misma fue denunciada por estas vocalías desde sus orígenes por considerarla ambigua, arbitraria, inviable y persecutoria. Se desconoce el acta acuerdo donde se firmó “discutir” y no “imponer”, lo que muestra una vez más el ultraje permanente a la ley 242. Se desconoce al CPE como ámbito de toma de decisiones consensuadas y se pone de manifiesto el autoritarismo en la resolución de problemas.
Responsabilizamos al Gobierno que tuvo en sus manos la resolución del conflicto desde un primer momento y no quiso resolverlo, abandonando una vez más la escuela pública, desamparando a los compañer@s, haciendo un manejo perverso de los medios de comunicación con un discurso que genera enfrentamientos al interior de la comunidad educativa, manipulando y desvirtuando la realidad.
Exigimos la anulación urgente de esta resolución, reivindicando el espacio de la jornada Institucional, resultado de la lucha sindical, como el lugar de los trabajador@s donde se analiza y tensiona la complejidad del trabajo docente.
RESOLUCIÓN Nº 527
En dicha resolución se cierran arbitrariamente horas de Educación Física en toda la Provincia para abrirlas en otros CPEM. Si bien el pedido de las horas en otros establecimientos estaba realizado, exigimos mayor presupuesto educativo y no perjudicar algunas instituciones para beneficiar a otras. Un dato importante para destacar es que mientras en las escuelas públicas se cierran horas se abren en establecimientos privados con aportes del Estado.
Es importante aclarar en este punto que dicha decisión fue tomada con la matrícula del año pasado, desconociendo los proyectos pedagógicos de las escuelas, las condiciones de trabajo históricamente reclamadas por los compañer@s del área, es decir, playones inhabilitados, falta de pago de gimnasios lo que origina la caída de los convenios, la no entrega de materiales específicos de trabajo, suspensión de intercolegiales. Esto se agrava aún más cuando pensamos que hoy la escuela es la que brinda muchas veces la única actividad deportiva planificada a la que acceden los estudiantes. Un dato más es que, algunas de las horas cerradas forman parte del concurso de ingreso a la docencia. Desde esta vocalía denunciamos la política de ajuste de este gobierno que considera a los estudiantes y a los trabajadores de la educación como un número y no analiza las situaciones desde lo pedagógico, mirada que debería atravesar cualquier política educativa.
Sería importante que los representantes del ejecutivo tensionaran qué consecuencias trae aparejadas el cierre de un curso a mitad de año, la caída de un proyecto pedagógico, la superposición de actividades de los estudiantes, la imposibilidad de una nueva organización institucional.
LICENCIAS EXCEPCIONALES:
El gobierno ha tomado el posicionamiento de denegar todas las solicitudes de licencias excepcionales realizadas por los compañer@s, sin análisis de los casos, aduciendo que no es competencia del CPE otorgar las mismas. Es importante destacar que los mismos representantes del gobierno en el cuerpo colegiado que hasta el año pasado las otorgaba hoy dicen que hacerlo implicaría hacer “malversación de fondos”. Dicha postura ha acarreado situaciones gravísimas a los compañeros que han quedado desamparados, con el sueldo reducido a la mitad, o lo que es peor en algunos casos han fallecido esperando dicho beneficio, abandonados en una situación de vulnerabilidad originada por el mismo Estado que debería protegerlos. Exponen incluso a los trabajador@s a asistir a la sesión del Cuerpo Colegiado a reclamar: una vez más y como ya es costumbre, la Presidenta no los recibió y solo mandó a los vocales del Ejecutivo a dar explicaciones que no resisten el menor análisis.
Desde la vocalías ratificamos el posicionamiento de que el Cuerpo Colegiado debe dar una respuesta inmediata a las presentaciones realizadas por l@s compañer@s. Desde la vocalía gremial hemos defendido esta postura en numerosas sesiones, exigimos y logramos la presencia del Secretario de Educación Ernesto Seguel, convocamos al Director de Salud Ocupacional Dr. Elena, denunciamos en los medios de comunicación y a través de nuestros dirigentes sindicales, en marchas , asambleas, plenarios. También se realizaron las presentaciones legales para poder revertir esta situación que es generada por el ejecutivo y de la cual es totalmente responsable.
LEY DE EMERGENCIA EDUCATIVA
Es una política de Estado con respecto al área Educación implementar un brutal ajuste. Dentro de este marco se encuadra el proyecto de ley de emergencia educativa como así también el foro educativo que atenta contra la autonomía del Consejo Provincial de Educación creado por la ley 242.
Esta política de Estado no es casual y nos remite a la década del 90, al más crudo neoliberalismo, donde no se da respuesta a las demandas urgentes de la escuela pública, pero se vota el presupuesto educativo con una lógica mercantilista, donde los sujetos pasan a ser números y la mirada pedagógica es totalmente desterrada.
Según el Art N’ 12 del proyecto desaparecerían, en pos de la urgencia para cubrir cargos, los estamentos y mecanismos de adjudicación de los mismos (Escuelas Cabeceras, Asambleas presenciales), quedando a criterio de directivo quien accede o no a un cargo interino o suplente.
Los legisladores que impulsan este proyecto son parte o aliados de un gobierno y de un partido que durante años abandonó la escuela pública. Desde estas vocalías denunciamos a quienes han sido cómplices y permanecieron en silencio ante el corrimiento permanente e intencional del Estado.
CONCURSO DE ASCENSO DE JERARQUÍA:
Informamos que desde la Junta de Clasificación de nivel Primario, Inicial y especial seguimos trabajando para concretar los concursos para vicedirector@s y director@s de Nivel Inicial.
Es política de estas vocalías impulsar y propiciar los concursos en todos los Niveles de acuerdo al Estatuto del Docente.
Mónica Massucco Raúl Rivarola
Vocal Gremial Vocal Gremial
Rama Primaria, Inicial, Rama Media,Técnica
Especial y Adultos y Superior
Con la participación de las siguientes Seccionales: Andacollo, Chos Malal, Las Lajas, Aluminé, Cutral Co, Neuquén, Villa La Angostura, Piedra del Águila, Senillosa, Plottier, Centenario, San Martín de los Andes, Las Coloradas, Añelo, Loncopué, San Patricio del Chañar y Zapala, sesionó el Plenario de Secretarios Generales el 11 de diciembre pasado en la ciudad de Neuquén. Estuvieron ausente con aviso Junín de los Andes, Rincón de los Sauces, Picún Leufú, El Chocón y El Huecú.
Habiéndose realizado Asambleas en todas las Seccionales entre el día miércoles 9 y jueves 10, las conclusiones son las siguientes:
1) Ante la falta de respuestas del gobierno en la Mesa de Negociación y considerando que esta situación se puede agravar en los periodos lectivos que continúan (Set/May – Feb/Dic) con relación a las partidas de funcionamiento; que ante cualquier nueva convocatoria será necesario tener una instancia de análisis de la situación: Se declara al Plenario de Secretarios Generales en sesión permanente.
2) Realizar acciones de difusión sobre la situación de la Educación Pública en la provincia durante el receso de verano.
3) Mantener el estado de alerta y movilización en defensa del ISSN y el normal funcionamiento de las escuelas rurales.
4) Luego de analizar en cada Asamblea la situación actual y las perspectivas hacia el año próximo, se advierte que de mantenerse el estado actual de desfinanciamiento del Sistema Educativo y de condiciones de trabajo y salariales, no se garantizan las condiciones necesarias para el inicio de ciclo lectivo, por lo que se llevaran a cabo acciones organizativas hacia la convocatoria de un plan de lucha en defensa de la Escuela de la Pública, por salario y en defensa del ISSN.
5) Ante la grave situación que sufre nuestro ISSN (Obra Social y Caja Jubilatoria) las Asambleas por mayoría han resuelto impulsar un Plebiscito para consultar al conjunto de los trabajadores sobre quién debe administrar el ISSN. Los alcances del mismo serán discutidos y analizados junto con las demás organizaciones de la CTA a la brevedad para garantizar que el mismo pueda concretarse en el mes de abril de 2010.
Pablo Grison/Sec. Adjunto
Marcelo Guagliardo/Sec. Gral
Comisión Directiva Provincial
EL CONFLICTO DEL SUBTE: ¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES?
El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, acusa a los trabajadores del subte de realizar un paro de actividades perjudicando innecesariamente a los usuarios a pesar de que él los había recibido y solicitado “un poco de paciencia”, argumentando que el motivo de su demora radicaba en “la dificultad para resolver” el pedido de inscripción.
Ahora el Ministerio ha dictado la resolución 1024/08 declarando al transporte subterráneo como servicio esencial y encargando indebidamente a la empresa fijar un mecanismo de aseguramiento de servicios mínimos. Esta declaración es totalmente ilegal y en la práctica significa una virtual derogación del derecho de huelga.
No dice el Ministro que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSP) se constituyó por libre decisión de los trabajadores del subte hace más de un año atrás; que el 5 de septiembre de 2008 inició el trámite de inscripción ante la autoridad administrativa; y que el 3 de noviembre de 2008 la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales emitió dictamen favorable a su inscripción por haberse cumplido en debida forma con todos los pasos y requisitos legales.
Oculta también el ministro que el 28 de noviembre de 2008 (hace ya casi un año) la Secretaria Nacional del Trabajo, Noemí Rial, le elevó el proyecto de resolución de inscripción gremial (fs. 112 del expediente). Que pese a contar con el dictamen técnico legal favorable y con el proyecto de la resolución, no la firmó y retuvo el expediente. Que vencidos todos los plazos legales, en junio de 2009 se presentó un pedido de pronto despacho, y aun así no firmó. Que el 29 de septiembre de 2009 el Juzgado Nacional del Trabajo nº 79 dictó resolución ordenándole que resolviera en el expediente. Que, sin ningún argumento válido, el Ministro apeló esa resolución, estirando innecesariamente la solución del problema. Tampoco dice que el 27 de octubre la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó en todos sus términos la resolución judicial que le ordenaba inscribir al nuevo sindicato del subte.
Si existe dictamen favorable de los propios asesores legales del Ministro; si está el proyecto de resolución de inscripción gremial elevado por la Secretaria de Trabajo, Noemí Rial, desde hace casi un año; si ya se vencieron todos los plazos legales; y se dictaron dos sentencias judiciales ordenando que resuelva; nos preguntamos, ¿por qué, el ministro Tomada no firma la resolución de inscripción gremial del nuevo sindicato del subte y premetro?
El art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional establece claramente el derecho de formar sindicatos sin autorización previa, con el solo requisito de su inscripción en un registro especial. El Ministerio de Trabajo viola abiertamente la norma constitucional convirtiendo al trámite de inscripción en un mecanismo selectivo por el cual se otorga la inscripción solamente a aquellos que son del agrado político del poder, atropellando los derechos a la libertad y autonomía sindical de los trabajadores, en este caso del subte.
Durante el verano de 2009 casi todos los empleados del Metrovías participaron de una consulta, verificada por escribano público y la prensa, donde se manifestaron por la creación de un nuevo sindicato propio. Más de 1.600 trabajadores del subte ya están afiliados a la nueva organización sindical, aun antes de que ésta cuente con la inscripción gremial, lo que expresa sin lugar a dudas cual es su voluntad.
No se está discutiendo ahora quien tiene la personería gremial, es decir quien tiene la representación única que establece la ley de los empleados del subte. De lo que ahora se trata es que el Ministerio cumpla sin dilaciones injustificables con su función administrativa de registrar a la nueva organización gremial, trámite que según la ley no puede ser condicionado de ninguna forma.
El Ministro de Trabajo viene incumpliendo con sus deberes de funcionario público al negar la inscripción gremial peticionada, vulnerando así el Convenio 87 OIT, pactos internacionales ratificados por nuestro país e integrados en forma directa a nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Nacional, y hasta la ley 23.551 de asociaciones sindicales.
Pero mientras demoraba ilegalmente la firma de la inscripción, no vaciló en homologar un acuerdo espurio entre directivos de la UTA y la empresa Metrovías, para descontar compulsivamente el 1% de los salarios a todos los trabajadores del subte que se desafiliaron masivamente y pasaron al nuevo sindicato, con destino a las finanzas del sindicato que abandonaron y repudian, en una suerte de burla grotesca y provocadora. La empresa Metrovías, que se llena la boca afirmando que son ajenos al conflicto actual, deberá explicar este acuerdo que demuestra que son socios en este nuevo ataque montado contra los trabajadores.
El Ministro de Trabajo Tomada es el responsable directo del conflicto, el principal causante de los serios problemas de transito en la ciudad, el que ha provocado que un simple trámite de inscripción gremial derive en un conflicto de alcances impredecibles, es el responsable de las amenazas y agresiones sufridas por los trabajadores; y de las molestias y perjuicios sufridos por millones de usuarios del subte.
Y finalmente, sumando nuevos desaciertos, como si fuera ajeno a todo lo que está ocurriendo y no el principal responsable, decide fijar un diagrama de servicios mínimos para asegurar, dice, el transporte a los usuarios. Esto constituye una grosera violación de la ley 25.877 aprobada por este mismo gobierno y anunciada como una recuperación de la legalidad por ajustar, correctamente, nuestra legislación a las normas de la OIT en materia de conflictos en servicios esenciales. El servicio de transporte público subterráneo de pasajeros no es un servicio esencial conforme la definición de la OIT y de la misma ley 25.877, y no se puede incluir porque no se ha constituido aun la Comisión de Garantías que es la única que por ley podría ampliar el listado.
Que nadie se deje confundir sobre esto, los trabajadores, que aguardaron durante mas de un año, que cumplieron con todos los pasos legales, que reclamaron por todos los medios a su alcance y agotaron todas las instancias, no tienen la culpa de los problemas derivados de su ejercicio del derecho constitucional de huelga al que se ven impelidos a recurrir para defender sus derechos ante la mala fe e incumplimiento por parte de las autoridades de sus deberes y obligaciones.
Desde el Taller de Estudios Laborales (TEL) nos solidarizamos plenamente con los trabajadores del subte y premetro y reclamamos del Ministerio de Trabajo de la Nación la inmediata inscripción gremial de su organización sindical (la AGTSP); la derogación de la resolución que encuadra ilegalmente al transporte subterráneo de pasajeros como servicio esencial; así como la que homologa una arbitraria “cuota solidaria” que constituye un robo al salario de estos trabajadores.
Que el Ministerio de Trabajo cumpla con la ley y así concluya este conflicto, recuperemos la normalidad del transporte de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, y se lleve tranquilidad a las familias y a los usuarios, para que dejen de ser rehenes de las especulaciones políticas del gobierno.
Taller de Estudios Laborales
Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2009
Neuquén, 27 de mayo de 2010.-
A las/os Diputadas/os
Honorable Legislatura Provincia de Neuquén
Habiendo tomado conocimiento, a través de los medios de comunicación, de una iniciativa legislativa para tratar el Decreto Nº 735/10 del Poder Ejecutivo Provincial, que declara la educación como un servicio esencial, con la intención de convertirlo en Ley, queremos expresar algunos conceptos al respecto.
El tema instalado a partir del conflicto que acaba de finalizar, no se resuelve del modo que se pretende. A nuestro Sistema Educativo no hay que considerarlo esencial, hay que considerarlo, es decir, poner los máximos esfuerzos técnicos y presupuestarios para garantizar el funcionamiento a pleno y en los tiempos previstos por el CEUR, de todas y cada una de las instituciones educativas.
Bien sabido, y conocido por todas/os uds. señoras/es diputados, es que durante los últimos años el sistema educativo no ha funcionado como corresponde. El abandono de la escuela pública por parte del Estado, aumenta año tras año.
La falta de respuestas de la administración central del CPE (que dicho sea de paso, está sobredimensionada) para resolver sobre transportes, mantenimiento edilicio, refrigerio, comedor, pagos de servicios de luz, gas y teléfono y provisión de los mismos, falta de designación de personal docente y de servicios, falta de creaciones de cargos y horas cátedra, sumada al deterioro edilicio, ponen en jaque, permanentemente el dictado de clases. Estas recurrentes situaciones tornan imposible el cumplimiento integral de los días de clase previstos. La responsabilidad del Estado y sus administradores es única, exclusiva e indelegable, no pudiendo el mismo que debe garantizar este derecho, promover una Ley, que ubica esta responsabilidad en los trabajadores, eximiéndose de tales responsabilidades.
Suponer que, con una guardia mínima, puede la escuela cumplir su misión, es minimizar su rol; ponerlo en el lugar de cuida niños; reducirla a una casa de juegos o algo parecido. No aceptamos que los legisladores provinciales, a quienes respetamos, tengan esta concepción de escuela. Se hace imperioso, una vez finalizado un conflicto de la envergadura del que es motivo de esta intervención, analizar sus causas y profundizar el debate sobre lo que cada uno hizo.
Los legisladores provinciales fueron testigos de nuestra exposición, cuando iniciado el mes de febrero anticipamos las dificultades de la negociación con el Poder Ejecutivo. No hubo una acción concreta, se subestimo el planteo y ahora, las consecuencias del mismo, consecuencias no queridas por nuestra parte, desvelan el sueño de diputados siempre listos para la sanción, para la limitación del derecho a huelga, de medidas disciplinadoras, etc. etc. No han tenido la misma disposición para tratar y sancionar la modificación del art. 70 del Código Procesal Penal de la Provincia.
Finalmente, no cejaremos en nuestra denuncia ante tal atropello a la libertad sindical, así como esta tergiversación y oportunismo que no es ninguna preocupación genuina por nuestra educación, sino una expresión de anacronismo político, que ya no tiene ninguna cabida en la legislación nacional y en los tratados a los que adhiere nuestro país.
Sin perjuicio de lo expresado hasta aquí, resta agregar algunas consideraciones sobre la legalidad del decreto No. 735/10.
El Gobernador se ha atribuido facultades propias del Congreso de la Nación, del Gobierno Federal; esto es: la reglamentación de los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Esto se hace por Ley Nacional, ya que la legislación sobre derecho de fondo es una potestad reservada del Congreso.-
Con ello el decisorio atacado viola el artículo 126 de la Carta Magna Nacional, ya que las Provincias no ejercen el poder delegado a la Nación, por ello no pueden legislar sobre materia de fondo. También el Art. 75 inciso 12 que atribuye al Congreso de la Nación la atribución de legislar sobre materia de Trabajo. Mediante el Decreto735 se transgrede de manera expresa una norma constitucional
El Decreto en cuestión, es absolutamente ILEGAL y así lo será la Ley en trámite.
Entendemos que calificar una “actividad, aún estatal” como “servicio esencial” NO se corresponde con ninguna “atribución” o “facultad” del Gobernador de la Provincia y tampoco le compete a la Legislatura Provincial
Por otra parte, busca sostenerse normativamente en la Resolución No. 480 del año 2001, la que no sólo ha sido considerada “nula”. sino que por otra parte ha sido expresamente derogada por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional No. 272, del año 2006, el que ha establecido - en función de los artículos 14 bis y 42 de la CONSTITUCION NACIONAL, el artículo 24 de la Ley Nº 25.877, la Ley Nº 14.786, el Convenio de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.) Nº 87, y la doctrina emanada del Comité de Libertad Sindical de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T., 1996, párrafo 544) – no sólo las pautas para la calificación excepcional de un servicio como esencial sino también una metodología acorde con las recomendaciones de los organismos internacionales y que resulta ser la creación de UNA (1) comisión independiente integrada en la forma que da cuenta el mencionado decreto nacional.
Cabe el puntualizar que en función de lo previsto en el art. 44 de la ley No. 25.877, el dictado de la norma a la que hacemos referencia dispuso la “derogación” del decreto No. 843 del año 2000, precisamente sobre el cual se fundara la Resolución No. 480, del año 2001.
Se agrega, que tal como lo dispone el art. 24 de la ley No. 25.877 el calificar a alguno de los servicios no enumerados taxativamente como “esenciales”, deber serlo “excepcionalmente”, como así también que para disponerlo, deben seguirse los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo, que precisamente lo representa la “Comisión” creada por el decreto No. 272 antes aludido.
LA EDUCACIÓN NO ES UN SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL, ES UN DERECHO SOCIAL
El Comité de Libertad Sindical de la OIT, que interpreta en forma permanente los Convenios 87 y 98 de OIT, ambos sobre Libertad Sindical, de los cuales es miembro firmante la Argentina, ya tiene dicho que la Educación no es un servicio esencial, pués su suspensión no amenaza la vida, la seguridad ni la salud de la población.- Estas recomendaciones son vinculantes para el Estado Argentino.- La única vez que pasó en el país fue con la Res. 480/2001 que cita el Decreto 735/10 en sus considerandos, y que no está vigente por haberse anulado judicialmente por una acción de la CTERA (está el fallo al final).- Es una resolución de Patricia Bulrich a cargo del Ministerio de Trabajo de la Nación.-
Asimismo queremos informarles, sres/as diputados/as, que el día miércoles 19 de mayo, miembros de la Junta Eejcutiva de CTERA, encabezados por el Secretario Gremial Gustavo Maure, realizaron una presentación ante la OIT ante los atropellos al derecho constitucional de huelga que ha efectuado el Gobernador Jorge Sapag. La definición de la educación como servicio esencial es violatorio del Convenio de la OIT firmado por nuestro país.
La CTERA ya hizo presentaciones sobre este tema ante la OIT, tanto por un Decreto de Patricia Bullrich (ex Ministra de Trabajo) como del propio Sobisch y tenemos un fallo que declara su nulidad. Se reiteró nuevamente hoy esta presentación ante el organismo internacional.
Por lo expuesto surge claramente que la declaración de la educación como un servicio esencial, la declaración de ilegalidad de la huelga, las sanciones a los docentes y el nombramiento de personal para dar clases, constituyen grave e ilegales medidas. Los instamos a tomar el camino de la democracia y de la legalidad para que la educación esté en el lugar preponderante que le corresponde.
FALLO EN EL QUE SE NULIFICO LA RES. 480/01 MTSS
En un reciente fallo de la Justicia Nacional, Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo n° 2 de Capital Federal, a cargo del Dr. Miguel Angel Gorla, en autos: “C.T.E.R.A. c/Estado Nacional s/nulidad de resolución” del 30-8-2002, se ordenó la nulidad de un acto administrativo emanado del Ministerio de Trabajo de la Nación, Resolución 480/01, de similar contenido con la local Resolución 163/02 , ya que pretendió atribuir el carácter de esencial a la Educación pública estableciendo guardias mínimas obligatorias. Tal resolución fue anulada por violar el Derecho de Huelga y el principio de libertad sindical contenidos en la Constitución Nacional y en los Convenios 87 y 98 de OIT.
Textualmente: “... Respecto del fondo del asunto el decreto PEN n° 843/00, limita a su reglamentación “los conflictos colectivos que dieren lugar a la interrupción total o partcial de servicios esenciales” y considera a estos en sentido estricto únicamente en las siguientes actividades: los servicios sanitarios y hospitalarios (art. 2 inc. a) , la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica (art. 2 inc b) los servicios telefónicos ( art. 2 inc. c) y el control de tráfico aéreo (art. 2 inc. d).
En consecuencia, resulta prima facie que la actividad docente no sen encuentra contenida en la normativa aludida. Sin perjuicio de ello, delega en el Ministerio de Trabajo; Empleo y Formación de Recursos Humanos la potestad de duración de tal interrupción de la actividad de que se tratare pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la persona en todas o parte de la comunidad” (inc. a) o la actividad afectada constituyera un servicio público de importancia trascendental o de utilidad publica (inc. b), o la interrupción o suspensión del servicio pudiere provocar una situación de crisis nacional aguda que hiciere peligrar las condiciones normales o de existencia de la población (inc. c).
La calificación de la educación como servicio esencial aparece como transgrediendo los convenios de la Organización Internacional del Trabajo referentes a la liberta sindical 87 y 98, que conforman el derecho interno, y gozan de jerarquía supralegal, acorde lo normado por el art. 31, 43, y concordantes de la Constitución Nacional, encontrándose ratificados por el Estado Argentino.
El art. 3 del Convenio 87 OIT determina la potestad de las organizaciones de trabajadores y empleadores de establecer su propia reglamentación administrativa, estatutos, elegir libremente representantes, organizar su administración y sus actividades y formular programas de acción. Establece que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
El art. 8, dice “La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el presente convenio.”
El Convenio 98 OIT (art. 1) establece “Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo...”
El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, ha determinado pautas que devienen obligatorias para la administración nacional en materia de calificación de actividades como servicios esenciales, entre ellas, “Toda disposición que confiera a las autoridades por ejemplo, el derecho de restringir las actividades de los sindicatos a un nivel inferior al de las actividades y fines perseguidos por los sindicatos de casi todos los países para la promoción y defensa de los intereses de sus miembros, sería incompatible con los principios de libertad sindical” (Conf. Recopilación OIT párrafo 448. Recopilación 1985, párrafo 346)
La consideración normativa como servicio esencial de la educación, constituye una violación a las disposiciones indicadas de la OIT, obligatorias en el orden del derecho interno, y una evidente restricción al ejercicio del derecho de huelga y acciones legítimas de carácter sindical.
Con referencia al tema el Dr. Ricardo A. Guibourg en pronunciamiento recaído en los autos “Sindicato Argentino de Docentes Particulares c/Poder Ejecutivo Nacional y otro s/acción de amparo” (Sala III CNAT sentencia 83478-22-4-1994) y ha sostenido en la “Conferencia Internacional del Trabajo, 8va reunión, 1994, Libertad Sindical y Negociación Colectiva” la Comisión de Expertos estimó que “al tratarse de una excepción al principio general del derecho de huelga, los servicios esenciales respecto de los cuales es posible obtener una derogación total o parcial de ese principio debería definirse en forma restrictiva (...) Sólo pueden considerarse servicios esenciales aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad, o la salud de la persona en toda o parte de la población. Además a juicio de la Comisión sería poco conveniente e incluso imposible, pretender elaborar una lista completa y definitiva de los servicios que pueden considerarse como esenciales “pag. 74/75. También el Comité de Libertad Sindical ha mencionado como actividades que no parecerían tener carácter esencial” al menos “en circunstancias normales, los trabajos portuarios en general, la reparación de aeronaves y todo servicio de transporte, la banca, las actividades agrícolas , la metalurgia, la enseñanza... (“La Libertad Sindical” citado por Justo López en Derecho Colectivo del Trabajo pag. 178). Y continúa el fallo referenciado... “En este contexto se inscribe el propio decreto 843/00, dictado en el marco de la ley 25.250, que no ha incluido la educación en la descripción de los servicios esenciales y que, por las razones expuestas, tampoco podría justificar en un caso como el presente una ampliación de las actividades comprendidas por vía de delegación en la autoridad administrativa...”
Para establecer los casos en que podría prohibirse la huelga, el criterio excluyente debería ser la amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de todo en parte de la población.
Resulta al menos inapropiado que todas las instituciones que se refieren a las prestaciones del Estado sean consideradas bajo los mismos parámetros en cuanto a las restricciones del derecho de huelga.
Aparece entonces como determinante en el marco jurídico de la normativa internacional, obligatoria para el Derecho Sindical Argentino, que la educación no podría ser considerada como servicio esencial, ya que la huelga de los integrantes del sistema educativo, decretada por sus legítimos representantes sindicales, no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o de parte de la población.
El Comité de Libertad Sindical ha establecido que los servicios esenciales requieren la existencia de una situación excepcional, de absoluta y objetiva emergencia, por lo cual la duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población. (Informe, caso n° 1438 pág. 398).
Cabe observar que el Decreto PEN 843/00, y la Resolución 480/01 MTEFRH no han instrumentado procedimientos de garantías alternativas en caso de restricción del derecho de huelga en los servicios esenciales y en la función pública, como serían los procedimientos de conciliación y arbitraje obligatorio.
Relacionado con el tema la Recomendación de la OIT relativa a la situación del personal docente, aprobada en 5/10/66 por la Conferencia Intergubernamental Especial sobre la Situación del Personal Docente ha establecido “Debería instituirse un sistema paritario encargado de resolver los conflictos que puedan plantearse entre el personal docente y sus empleadores por causa de las condiciones de empleo. Una vez agotados los recursos y procedimientos establecidos con tal propósito o en caso de que se rompan las negociaciones entre las partes, las organizaciones de educadores deberían tener derecho a tomar las medidas de las que normalmente disponen otras organizaciones para la defensa de sus legítimos intereses”.
Del análisis efectuado, surge que al facultar el decreto 843/00 (segundo inciso b) del art. 2) , al MTEFRH a calificar como servicio esencial a un servicio Público, careciendo de pautas concretas para ejercer tal atribución, traspasando el marco reglamentario y las disposiciones de la ley 25.250, (art. 33) lo que excede lo estipulado por el art. 99 inc. 2 e inc. 3 2do párrafo C.N., la omisión de la adecuación de las facultades a las normativas de la OIT (Convenios 87 y 98 y jerarquía constitucional que les otorga el art. 75 inc. 22 C.N. receptado por la ley 23551), no acatamiento a los principios de libertad sindical garantizados por el at. 14 C.N. todo lo que lo torna inconstitucional, lo que así declaro.
La limitación de un derecho como el de huelga, de fundamental importancia para los trabajadores, debe estar armonizada en su reglamentación salvaguardando los principios constitucionales, y no librada al arbitrio del ejercicio del poder administrador en la forma en que se encuentra determinado por el decreto PEN 843/00.
El decreto PEN 843/00 invoca las previsiones del art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional, pero dichas facultades sólo pueden relacionarse al procedimiento para la fijación de servicios mínimos y no a la calificación de esencial.
La Resolución MTEFRH 480/01 constituye un acto administrativo violatorio de los art. 7 inc. b) y art. 14 de la ley 19.549, por no basarse en antecedentes que sirvan de causa y en el derechoh aplicable, adolece de motivación en los términos de la ley de Procedimientos Administrativos (art. 7 inc. e) y de finalidad referida al bien común (art. 7 inc.l f) y aparece como viciado en su objeto /art. 7 inc. c).
Cabe añadir que la determinación de servicios mínimos que efectúa la Resolución MTEFRH 480/01 (art. 3) , contraría la normativa analizada de la OIT y del propio decreto 843/00.-... II) En base a lo expuesto, es que decreto la nulidad de la Resolución 480/01 del MTEFRH, como asimismo por los fundamentos y como consecuencia de la anterior, la de la Resolución 632/01 MTEFRH que encuadró las medidas de fuerza llevadas a cabo por la CTERA el día 4-10-01 en las normas del decreto 843/00, y que deriva de su incumplimiento a la aplicación de los regímenes establecidos por la ley 23.551.”
Para finalizar solicitamos, participar de los debates en las comisiones donde se trate el tema en cuestión.
Sin otro particular las/os saludamos muy atentamente.
Pablo Grison / Sec. Adjunto CDP Marcelo Guagliardo / Sec General CDP
En los últimos meses, distintas conducciones sindicales, en nombre de los gremios que representan, han avanzado en el sentido de conformar movimientos o corrientes políticas. Algunas de estas iniciativas se presentan como “Constituyente social”, otras como “Plenario de trabajadores clasistas”, o como “Encuentro de organizaciones populares”.
Todas estas iniciativas tienen como premisa que la lucha sindical es insuficiente para lograr las reivindicaciones de los trabajadores, y que, por ello, es necesario avanzar hacia algún tipo de organización o corriente política a partir de las organizaciones sindicales y populares.
Los trabajadores podemos tener distintas ideas políticas, definidas o difusas. Somos peronistas, radicales, de izquierda o sin adhesión explícita a ninguna corriente partidaria. Pero una cosa es la posición político-partidaria individual de un trabajador, o de un dirigente gremial, y otra muy diferente es que la conducción de un sindicato o una central sindical adhiera, en nombre del conjunto de los trabajadores afiliados a esa organización, a un determinado partido o corriente política.
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), desde su misma fundación, se declaró independiente del Estado y de todos los partidos políticos, cualquiera sea su signo ideológico. Y este posicionamiento tiene un fundamento muy sólido: lo que nos reúne en la organización sindical es que somos trabajadores de la educación. Y su razón de ser es la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación y de la escuela pública. Hemos llevado adelante, en estos 27 años, innumerables luchas con reivindicaciones de distinto tipo: salariales, de condiciones de trabajo, y también políticas: la más importante de ellas, de la que nos enorgullecemos, contra la Ley Federal de Educación. Es verdad que, en muchas ocasiones, las reivindicaciones puramente gremiales son insuficientes. Hoy, por ejemplo, la lucha para que Jorge Sobisch sea encarcelado por el fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuentealba es fundamentalmente política.
Pero que ATEN, como sindicato, lleve adelante o apoye luchas que tienen carácter político no tiene nada que ver con adherir, como sindicato, a ningún partido o corriente política. Es bueno que cada uno de nosotros, individualmente, tenga definiciones o participación partidaria, pero eso de ningún modo puede involucrar al conjunto de la organización, ni a su nombre, ni sus finanzas ni sus medios de prensa.
La conducción de la Seccional Capital de ATEN, comparte, defiende y reafirma los principios fundantes de nuestro sindicato: TOTAL INDEPENDENCIA DE ATEN RESPECTO DEL ESTADO Y DE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DE CUALQUIER SIGNO.

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Neuquén 4 de junio de 2010
DECLARACIÓN DE ATEN CAPITAL CONTRA EL NUEVO PROYECTO DE “EMERGENCIA EDUCATIVA”
El anteproyecto de emergencia educativa presentado la semana pasada en la Comisión de Educación por el diputado del P.J Kogan, en acuerdo con el bloque del MPN, la UCR y el diputado Rachid, no es más que otra estrategia de ataque a l@s trabajador@s de la educación y muestra el oportunismo de muchos diputados. Son los mismos que, luego de citar a directivos y supervisores a la reunión de la Comisión el jueves pasado, se retiraron y no se quedaron a escuchar lo que teníamos para decir quienes trabajamos en las escuelas, dejando en claro que no les preocupa en absoluto la situación educativa.
Fueron varias las oportunidades, desde el año pasado, en que concurrimos a la Comisión, y en muchas de esas ocasiones ésta no sesionó por la ausencia de esos mismos diputados y diputadas que ahora se muestran tan “preocupados”. Nada hicieron durante los 38 días de conflicto educativo para que se diera respuesta a nuestros reclamos y éste se resolviera mucho antes.
No es necesario un proyecto de emergencia educativa para destinar fondos a la escuela pública. Lo que intentan estos proyectos es castigar a l@s trabajador@s de la educación por haber hecho un legítimo uso del derecho de huelga frente a un gobierno, hasta el día de hoy, completamente sordo a nuestros reclamos. Van así en el mismo sentido que el acuerdo paritario firmado a principios de año por el gobierno nacional con la CTERA Buscan sancionarnos con medidas demagógicas que no resuelven nada, como hacernos trabajar en jornadas institucionales, días feriados o vacaciones de invierno.
El anteproyecto de ley, por otra parte, violenta la ley 242 que creó el Consejo Provincial de Educación y la propia Constitución de la Provincia de Neuquén, intentando legislar sobre facultades que son propias del CPE, en el camino de su desaparición como gobierno colegiado del sistema educativo provincial.
Rechazamos enfáticamente éste y todos los proyectos oportunistas que, tratando de aparecer como preocupados por la escuela pública, lo único que buscan en realidad es disciplinar a l@s trabajador@s de la educación y a la comunidad educativa toda en sus justos reclamos. Lo que hace falta no son partidas especiales sino que verdaderamente se incremente el presupuesto educativo y se escuchen los planteos que, desde hace ya mucho tiempo, vienen sosteniendo las instituciones educativas y nuestros representantes gremiales.
Plenario de delegados – Comisión directiva aten capital
DECLARACIÓN
Neuquén, 17 de agosto de 2010
Los/as abajo firmantes, directores/as y supervisores/as de establecimientos de Neuquén, manifestamos:
Esta tarea es sistemáticamente boicoteada por el cúmulo de responsabilidades que sobrecargan la tarea directiva y que lejos están de ser parte de sus funciones (atención permanente de conflictos sociales; gestión de recursos; trabajo administrativo; compras –refrigerio, comedor, elementos de limpieza y otros-; etc.)
2. continúan los problemas edilicios. No existe mantenimiento cotidiano y menos aún un plan de obras que dé respuesta a las falencias y requerimientos que año a año se elevan a la Dirección de Nivel, dentro de la “Previsiones”. Esto se agrava cuando las instalaciones son insuficientes y hay solicitudes de construcciones no atendidas por parte del Poder Ejecutivo, aún en aquellos casos en que asumieron el compromiso de hacerlo.
3. las partidas mensuales para gastos generales, limpieza y víveres frescos son insuficientes. La compra de víveres secos debiera ser responsabilidad del Distrito (tanto su adquisición como su distribución).
4. el sistema SIUNED se encuentra desatendido (cuando no abandonado) por parte de la Dirección correspondiente; las escuelas no recibieron las computadoras adecuadas (en cantidad y capacidad de memoria) por parte del CPE para implementarlo debidamente y debieron recurrir a donaciones, rifas, etc.
No todas las escuelas cuentan con Internet y salidas a celulares (en los barrios marginales es cada vez mas frecuente el uso de celulares en desmedro del teléfono fijo) y los insumos para el funcionamiento administrativo son escasos o nulos (registros, material de librería, cartuchos de tinta para las impresoras, hojas, etc.). A estas carencias o dificultades se suma la falta de material didáctico: textos y libros para la biblioteca, material de laboratorio, etc.
5. los gastos que insume la movilidad del personal (directivo, de secretaría, auxiliar) para actividades propias de la institución debieran ser solventados en su totalidad por el Estado. Esto incluye tanto la atención de alumnos/as y las entrevistas a sus familias (trabajo cotidiano en las Escuelas Especiales y particularmente en la Domiciliaria, donde el pago no siempre es suficiente) como los traslados para realizar trámites ante el Distrito, el CPE, las compras de insumos, etc.
6. es para destacar, el tiempo y esfuerzo que insumen la multiplicidad de trámites burocráticos necesarios para lograr mínimas respuestas (nulas, a veces).
7. la Resolución 568/10, como ya se dijo públicamente, es inaplicable y sólo intenta generar divisiones y profundiza la ruptura de lazos inter e intra institucionales y con la comunidad.
8. el nivel primario en nuestra provincia, no cuenta con cargos que posibiliten un trabajo coordinado con los docentes de aula. Se requiere en forma urgente el acompañamiento de preceptores o la existencia de pareja pedagógica para afrontar las innumerables situaciones que se presentan diariamente a nivel aula y que incluyen problemas interpersonales del alumnado, dificultades económicas, educativas y socio-afectivas como así también la atención de alumnos/as con discapacidades. La incorporación reciente de nuevos/as alumnos/as, a raíz del cobro de la Asignación Universal por Hijo/a, obliga al docente a la atención personalizada de cada integrante de este colectivo ya que la reinserción debe garantizarse desde el crecimiento y la formación y no sólo como una cuestión de índole administrativa o de cumplimiento de una formalidad para continuar con la percepción de este subsidio. En éstos como en otros casos, la atención particular de uno/a va en desmedro de la atención del conjunto, situación que puede evitarse si desde el Estado se garantizan los recursos humanos necesarios para realizar un trabajo en equipo que, además, enriquece la práctica docente ya que la pareja pedagógica posibilita revisar nuestra práctica, mejorarla, buscar nuevas estrategias didácticas y posibilita la presentación de mejores y mas variadas propuestas para el alumnado, adecuadas a la necesidades y realidades de cada uno/a.
Otros espacios institucionales se encuentran desatendidos porque no existen los cargos específicos (biblioteca, laboratorio), situación que debiera revertirse en lo inmediato.
9. las tareas del personal auxiliar de servicios son imprescindibles para el normal dictado de clases. La designación de los/as mismos/as debiera ser automática, según la cantidad establecida en la planta funcional de la institución y por listados públicos confeccionados a tal efecto.
10. la estabilidad docente entendida como titularidad, es un derecho consagrado en el Estatuto del Docente, válido por sí mismo desde el derecho laboral, pero más aún desde lo institucional ya que genera pertenencia y compromiso en la medida que nos sentimos parte y tenemos la posibilidad y la capacidad de proyectar, desde lo personal y desde lo colectivo, planes y proyectos que atiendan las particularidades de esa comunidad educativa.
Párrafo aparte merece el tratamiento de la cuestión salarial. Además de un aumento del valor punto, a raíz del fuerte proceso inflacionario que vive nuestro país y de la cual nuestra provincia no está exenta, se hace necesario una revisión y actualización de la correlación de cargos y horas/cátedra con cargos de conducción, a los efectos de respetar y garantizar la carrera docente. No es pretensión el conformar escalas salariales que sólo atiendan las particularidades de la función directiva o de supervisión. Pero entendemos que el acceso a estos cargos no debe implicar renunciamiento a ingresos mensuales y, además, debe existir un reconocimiento a la tarea y a la responsabilidad que trae aparejada.
Sabemos que la retención por 4ta. Categoría es un impuesto nacional que tiene diferentes tratamientos en las jurisdicciones, en este punto nos pronunciamos por la eliminación total de cualquier impuesto sobre los salarios de los/as trabajadores/as, hasta tanto esto prospere a nivel nacional, solicitamos que nuestra jurisdicción se haga cargo de estos montos o, en su defecto, que realice el cálculo de los ingresos exceptuando el ítem de zona patagónica por ser un concepto que tiende a compensar el mayor costo de vida en esta zona.
En síntesis exigimos:
- políticas educativas consensuadas y explícitas, que atiendan y den respuestas a las problemáticas edilicias y pedagógicas.
- aumento de las diferentes partidas y que se incluya la movilidad por cuestiones inherentes a la escuela.
- creación de cargos para el nivel primario (pareja pedagógica, preceptores).
- designación de auxiliares de servicios en forma inmediata de producida la vacante, a través de listados.
- provisión de elementos para el funcionamiento y de material didáctico.
- concursos de ascenso de jerarquía en los diferentes niveles y modalidades.
- derogación de la Resolución 568/10.
- ningún impuesto al salario.
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| DECLARACIÓN Direct y Superv Agosto10.doc | 37 KB |
JORNADA UNIFICADA 9 DE JUNIO 2011
El día 9 de Junio se realizó la Jornada Unificada en instalaciones del SUM de la Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina, con la presencia de más de 1000 compañer@s.
La jornada se inicia recordando un aniversario más de la muerte de la compañera Silvia Rogetti, 11 años.
En la jornada se distribuyeron materiales de lectura que hacen referencia a la temática abordada. Lo que resalta en la jornada es la necesidad de un espacio para la circulación de la información ya que desde muchos establecimientos educativos no hay debate ni puesta en común de las distintas normativas provinciales y nacionales que hacen referencia a la cuestión educativa.
Como síntesis de las distintas ponencias de los grupos de trabajo es la necesidad de contar con espacios de trabajo que permitan reflexionar para enfrentar la Reforma educativa que implica Reforma Laboral y Previsional.
La jornada se desarrolló de 8 a 12hs y fue extensiva para todos los niveles.
Los temas que se debatieron:
Comienza la jornada haciendo uso de la palabra el Secretario General de ATEN CAPITAL Compañero Daniel Huth, quien presenta a la disertante Prof. Alicia Frischknecht de la cátedra de Lengua y Gramática Española por el departamento de Letras de la Facultad de Humanidades UNCo. Realiza una exposición sobre “La figura del docente que se construye a partir del discurso de la reforma educativa”, tomando como eje de análisis la experiencia de la Reforma en la provincia de Río Negro durante el período 1983-1987. Realiza una síntesis sobre las características de la Reforma de los años 90 y su paralelismo entre la actual Ley de Educación y la Ley Federal de Educación.
Al finalizar se organizan en diferentes comisiones para comenzar el debate, y cuyas opiniones escritas se detallan a continuación.
La escuelas 207- 309-190- y CPEM 25-27-26-46-76-60-69-88 plantean que con respecto al Plan de Mejoras, Jornada Extendida y Proyecto de Articulación.Todos tienen en común que son:
TRABAJOS POR PROYECTOS
· Contrato
· Monotributo
· Designación de los responsables a cargo del Director (s/ junta)
FLEXIBILIZACION LABORAL
REFORMA EDUCATIVA
REFORMA PREVISIONAL
LAS ESCUELAS ESPECIALES reflexionan sobre:
Si la realidad con que contamos es la siguiente
Se economiza el gasto del estado
Se recarga al maestro física y emocionalmente
Entonces nos preguntamos:
¿Cambiaran los planes de estudios de los Institutos de Formación Docente?
¿Se capacitara a los docentes?
Estamos hablando de ESCUELAS O EMPRESAS
Otra Comisión opina sobre:
¿Se quiere mejorar la educación o sostener una guardería?
EDUCACION INTEGRAL CON REVALORIZACION EDUCATIVA
El jardín Nº33 relaciona estos documentos con una realidad que ellos viven a diario que es totalmente diferente
¿Están dadas las condiciones que permitan una mejor trayectoria escolar?
Se quiere responsabilizar a la escuela de generarlas
Tanto el abandono, la repitencia, y desgranamiento no solo tiene que ver con lo pedagógico, tampoco es el docente el responsable de ello, sino que las condiciones en las cuales trabajamos son otras y que obviamente el docente no puede garantizar.
Las docentes ponen como ejemplo que en el jardín hace mas de un mes que no tienen leche, pan , artículos d e limpieza.
Entonces nos preguntamos
¿Igualdad de oportunidades, inclusión, y justicia social para todos?
No queremos “técnicos” y si los supervisores van a estar abocados a esta tarea…¿crearan nuevos cargos? ¿Técnicos externos?
CPEM 40-48-76 ESC 295-312-280- ESC DE MUSICA
Rechazamos las reformas educativas en el marco de la Ley Federal de Educación , Ley Nacional Educativa
Con respecto a la Resolución 355 sobre Articulación opinamos que :
En conclusión todos estos planes:
SE ENCUENTRAN DENTRO DEL DISCURSO MERCANTILISTA Y PRIVATISTA DE LA EDUCACION
PROMUEVE Y SOSTIENE LA PRECARIZACION LABORAL Y PREVISIONAL
Nuestra Señora de la Vida y las Escuelas 309-202-175-312.
Arribaron a las siguientes conclusiones:
· Si a la Jornada Extendida pero NO en estas condiciones
· Repudiamos la mercantilización de de la educación donde el Estado esta AUSENTE de sus obligaciones
· El rol del docente es formar NO RETENER a los estudiantes y no responder a las demandas socioeconómicas de las cuales se debe hacer cargo el Estado .
· Las reformas deben estar a cargo de las bases , los docentes y no de los técnicos pagos por los políticos de turno
· Imposible llevar adelante una reforma sin inversiones
· La toma de cargos , carrera docente, derechos y obligaciones están basados en el estatuto y no en una reforma
· Se reformula y desdibuja la función especifica de la escuela
· Se condiciona la autonomía institucional
· Se termina legitimando la pobreza
· Precarización laboral defasaje entre monotributistas y contratados
· Grandes similitudes con la Ley Federal de educación
· Se pierden los derechos laborales
Otro grupo realiza los siguientes aportes debatiendo y reflexionando sobre:
JORNADA EXTENDIDA Y ARTICULACION
“Sin vocación política verdadera no hay inversión necesaria”
La flexibilidad laboral a la que se apunta con la extensión de la jornada solo va a favor del detrimento y precarización del trabajo del educador y su profesionalidad y solo logra ubicar a la escuela como un recinto de contención social y asistencial .
· Estado ausente C.P.E -Poder Ejecutivo
· Docentes presentes y capaces de realizar acciones educativas coherentes y acordes a la realidad.
· No a las políticas verticalista
· No a la precarización laboral
· No a la reforma del Estatuto Docente
SI A LAS ESCUELAS CON RECURSOS Y CONDICIONES BASICAS
DOCENTES CON SALARIOS DIGNOS
SI A LA EDUCACION COMO DERECHO UNIVERSAL DONDE TODOS/AS PUEDAN ACCEDER…
La Escuela Especial N’6 opina realizando una comparación entre lo que se pretende a futuro y los problemas reales y actuales de las instituciones escolares :
¨La educación especial ésta incluida dentro del sistema educativo o no existe y si esta presente donde se tienen en cuenta las particularidades.
Escuela N’61 reflexiona acerca de la Jornada Extendida y opina que es irrealizable por:
· Falta de infraestructura
· Actualmente no hay presupuesto suficiente ¨Con que dinero se sustentaría esta propuesta
· Solo contempla mas horas para permanecer el alumno reforzando la vision ASISITENCIALISTA de la escuela.
· Se habla de igualdad e inclusión y solo seria para unos pocos y dentro de la institución
· La educación es receptora de un conflicto social y primero se deberia tratar este aspecto…..
Sobre la Ley Nacional de educación 26.602
La escuela 183 CPEM 25 EPET 14 Y 2 CEF 1 aportan lo siguiente:
Estas políticas solo se centran en cantidad de tiempo que permanece el niño en la escuela (guardería) Solo son proyectos pensados para un sector “eludiendo el conflicto social”.
Ausencia del Estado. Pobreza en contenidos ya que no se habla nada acerca de lo pedagógico.
Si a la creación de cargos docentes. Participación de todos en la nueva reforma de manera horizontal: docentes, comunidad, instituciones.
No concebir a la educación como SERVICIO Y si como DERECHO:
No al monotributo
No al financiamiento privado de las instituciones.
Jardines 31-36-44-50 y Alita.
Tanto la jornada extendida como los proyectos de articulación son una version maquillada de la Ley federal de educación que promueve:
Pone la EDUCACION al servicio de las empresas y no al servicio de la población
Escuela 289
Sobre currícula: Debe ser el eje y no solo lo administrativo garantizar la continuidad y la participación de todos los actores sociales de la comunidad educativa.
En el marco de esta propuesta se plantea la necesidad (como docentes formadores y miembros de la comunidad toda) de generar un plan de lucha que deje de confrontarnos (entre nosotros y la comunidad)
ANEXO PROPUESTA GOBIERNO JORNADA EXTENDIDA
PROPUESTA DE JORNADA EXTENDIDA DE LA
PROVINCIA DE NEUQUEN
REFLEXIONEMOS SOBRE LA EDUCACIÓN DE HOY PARA PENSAR EN LA EDUCACION DEL MAÑANA
En muchos países de América Latina y la Argentina no está al margen, por la década de los sesenta, se tomó la decisión de reducir la jornada escolar para estar en condiciones de utilizar de manera intensiva la infraestructura y los recursos disponibles, logrando de esta forma incrementar la capacidad de atención. Los resultados positivos estuvieron relacionados con cobertura pero también en detrimento de la calidad de la educación como la improvisación de profesores para las áreas más desprotegidas; deterioro de infraestructura y materiales de estudio; saturación de la actividad docente en prejuicio de la profesionalización, en un marco de fuertes restricciones económicas. Las reformas impulsadas a finales de los ochentas y principios de los noventa intentaron recuperar la centralidad de la escuela y los estudiantes.
De esta manera, llegamos al siglo XX. La realidad social y cultural actual plantea en los niños y niñas situaciones que no están comprendidas dentro de los paradigmas que la escuela de hoy propone. El fracaso escolar es una de las muestras más tangibles de esta situación. Una marcada franja de educandos no logra cumplir la escolaridad primaria dentro de los parámetros previstos en el sistema educativo formal. En muchos casos esta realidad se ve reflejada en la sobreedad, la repitencia, la deserción o el desgranamiento durante el período enmarcado dentro de la escolaridad obligatoria.
Esta situación que afecta fundamentalmente a los niños/as y jóvenes de los sectores más vulnerables se ve agravada en virtud que es esta fracción de la población en edad escolar que, por diferentes circunstancias es el que tiene menos horas efectivas de clases al año y cuentan a su vez, con menos espacios temporales y físicos, tanto en sus escuelas como hogares, para dedicar al trabajo escolar.
Durante mucho tiempo se responsabilizó al educando del éxito o fracaso de sus aprendizajes escolares. Un análisis más crítico considera las condiciones desiguales del contexto sociocultural como causas importantes de ese fracaso.
La realidad nos muestra que en la Provincia del Neuquén hay muchos niños y niñas que se encuentran en situaciones de riesgo social y ven limitado su acceso al capital cultural, lo que se constituye en un factor de desigualdad con respecto a otros y otras cuyo contexto les facilita el ingreso al mundo de la cultura y el tránsito por los distintos niveles de escolaridad. Este escenario se observa con mayor claridad en sectores de barrios marginales y en escuelas insertas en el ámbito rural. Allí es donde surgen indicadores que deben poner en alerta nuestra mirada: altos índices de repitencia, sobreedad, desgranamiento, vulnerabilidad social.
Ante este panorama crítico, la institución educativa debe ampliar su mirada, orientándola hacia posibles vías de solución. Es oportuno pensar entonces que, aún en medio de la crisis de todas las instituciones de la modernidad para los sectores más castigados, la escuela simbólicamente continúa siendo un lugar al que “hay que concurrir”. Siendo concientes de esto, cabe entonces el deber de debatirse qué educación es la que debiera encarnar esta institución para no continuar reproduciendo condiciones de exclusión.
Es así que surgen nuevas perspectivas tendientes a revertir esta situación. Comenzar a repensar la educación como derecho humano, es reconocer que ésta debe servir para formar personas conscientes de sus derechos y responsabilidades, capaces de razonar, discurrir, convivir y optar por valores que promuevan el desarrollo de su entorno familiar, del país y del mundo y particularmente que debe preparar para la participación civil y social dentro de la democracia.
A partir de aquí habrá que comenzar a pensar en trabajar sobre aquellos aspectos que dificultan u obstaculizan el paso de los niños y niñas y de los adolescentes por la escolaridad primaria y su posterior tránsito a la escolaridad media. “Entre las condiciones de entrada y las condiciones de salida existen una serie de mediaciones donde la experiencia escolar tiene un aporte singular”[1].
Bajo este contexto también se ha recuperado el debate sobre la cantidad y calidad del tiempo dedicado a la enseñanza y el aprendizaje. En algunos países se incrementaron los días de clase, pero en algunos también se incrementó la jornada escolar diaria.
CÓMO LO HAREMOS
Frente a esta situación, en el marco de la nueva Ley Nacional de Educación, de las políticas educativas nacionales y provinciales, existe la necesidad de generar planes, programas y acciones educativos, que brinden:
- Propuestas de enseñanza que se adecuen a la realidad de todos los niños y adolescentes de la provincia;
- Nuevas estrategias que incidan favorablemente en los aprendizajes escolares;
- Seguridad para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria que garantice la retención.
- Garantías sobre la mejora progresiva del comportamiento de las tasas de promoción, repitencia, abandono, desgranamiento y sobreedad.
- Alternativas de enseñanza que se orienten hacia una mejor educación mediante una mayor igualdad de oportunidades;
- Desarrollo de competencias en el alumno para la inserción en el mundo del trabajo;
- Condiciones necesarias para el desarrollo integral de la infancia adolescencia creando ámbitos de contención y lugares de expresión.
- Instancias de articulación con el nivel medio para garantizar a los educandos su tránsito por escolaridad obligatoria,.
- Estrategias pedagógicas orientadas hacia una concepción humanista de la educación, considerando al hecho educativo como un hecho cultural.
Bajo este contexto se abre como alternativa válida y superadora, pensar sobre la “cantidad” y “calidad” del tiempo dedicado a la enseñanza y el aprendizaje; así como la posibilidad de contar con “otro” espacio que permita concretar de manera eficaz el acto educativo y “agrupamientos” acordes a los intereses y requerimientos de cada niño y niña.
Para esto se propone:
Implementar la Extensión de la Jornada Pedagógica para las escuelas primarias de la Provincia del Neuquén; considerando como ejes vinculantes y referenciales:
» la alfabetización inicial,
» la alfabetización científica, tecnológica y comunicacional
» la incorporación de una segunda lengua
» la alfabetización artística
» el desarrollo del cuerpo y el movimiento, el juego y/o los deportes
» la posibilidad de contar con mayor tiempo y espacio al servicio del mejoramiento del aprendizaje.
Para llevar a cabo la propuesta pedagógica de jornada extendida, cada institución educativa, organizará su propio proyecto institucional en el marco de los ejes antes mencionados, a partir del cual se desprenderán los proyectos específicos a desarrollarse en el marco de los espacios curriculares correspondientes.
La experiencia constituye una propuesta superadora que permite repensar la organización de la escuela y el empleo del tiempo escolar, centrando sus esfuerzos en generar aprendizajes significativos, a partir de la consideración de las necesidades y los intereses tanto de los alumnos y alumnas como de los demás integrantes de la comunidad educativa (docentes, equipos directivos, padres)
Sobre el tiempo
La reorganización del tiempo se piensa a partir de la implementación de una extensión horaria de treinta y cinco (35) horas semanales, incluidas cinco (5) horas para actividades referidas a horas institucionales, el comedor y los talleres correspondientes.
En el tiempo destinado al espacio curricular se propiciará la implementación de metodologías innovadoras y más activas para promover el aprendizaje de los educandos. En particular, se pretende promover metodologías más activas (experimentación, salidas a terreno, talleres, metodología de proyectos, etc.) que requerían la extensión del trabajo efectivo.
El desarrollo de las horas institucionales, consistentes en dos horas treinta minutos (2 hs. 30’) semanales serán obligatorias, pagas y desarrolladas fuera del horario escolar. Estarán destinadas a:
» la articulación, integración y evaluación entre equipo directivo, maestros de grado y talleristas;
» la promoción de un espacio y tiempo de reflexión sobre las prácticas pedagógicas desarrolladas;
» el enriquecimiento profesional a partir del intercambio de experiencias y el abordaje del marco teórico que den sustento a las construcciones metodológicas implementadas.
Sobre los agrupamientos
Otorgamos un lugar relevante al aprendizaje desde lo grupal porque, adhiriendo a Marta Souto, consideramos que “en el espacio grupal se produce la articulación entre tres procesos de distinta índole: el de aprendizaje individual, el proceso grupal construido socialmente por las interacciones y el de enseñanza, de índole instrumental. En él se ponen en juego dispositivos grupales: encuadres, contratos, estrategias, técnicas, objetivos, recursos, etc. para facilitar desde la enseñanza, los aprendizajes individuales y grupales”[2]
Ya lo señala Rafael Santoyo (1981) “El entender al grupo como sujeto de aprendizaje; nos da la oportunidad de ubicarnos en una perspectiva diferente, nos sensibiliza por su riqueza de posibilidades para encarar y resolver problemas y nos muestra que, como resultado de la interacción y la comunicación, se modifica de manera significativa la conducta de los individuos”[3]
Desde esta perspectiva y con el fin de favorecer los distintos aprendizajes, se pretende flexibilizar la conformación de los grupos atendiendo a las necesidades e intereses particulares, independientemente de turnos y edades.
Sobre el espacio
Desde esta perspectiva se hace necesario también, repensar los espacios, los recursos humanos y materiales indispensables, tendiendo a las especificidades del entorno geográfico y los énfasis del proyecto educativo que cada institución educativa se proponga.
Estos espacios pueden ser nuevos o el resultado de refacción, refuncionalización y/o ampliación; o bien pueden basarse en recursos disponibles en la comunidad (municipio, centros vecinales, bibliotecas, Centros de Enseñanza Media, etc.).
Dentro de los posibles espacios a considerar podemos citar:
PROPÓSITOS DE LA PROPUESTA
Generales
1- Fortalecer la función de la escuela, desarrollando propuestas pedagógicas inclusivas, que impacten favorablemente sobre los índices escolares de repitencia, sobreedad y desgranamiento.
2- Fortalecer la gestión institucional en la implementación de estrategias pedagógicas que tiendan a mejorar la educación, en aquellas instituciones educativas cuya población encuentre en situación de mayor vulnerabilidad.
3- Implementar líneas de acción que contemplen las necesidades de la comunidad educativa, atendiendo a la heterogeneidad y a la diversidad.
4- Fortalecer la función de la escuela como promotora de transformación de la realidad.
5- Promover la continuidad y sostenimiento del proceso educativo y de escolaridad primaria de cada estudiante favoreciendo el acceso a los bienes materiales y simbólicos socialmente relevantes
6- Ofrecer a los sectores más vulnerables las herramientas necesarias que les permita desarrollarse integralmente en la realidad social actual
7- Favorecer la retención de los educandos en todo el período de escolaridad obligatoria generando canales de articulación entre el nivel primario y medio, a través del desarrollo de propuestas pedagógicas que impacten significativamente en sus aprendizajes.
8- Brindar mayores posibilidades de aprendizaje a través de un mayor y mejor tiempo de permanencia de los educandos en la escuela.
Específicos:
ü Permitir a los educandos:
1. Adquirir conocimientos básicos para avanzar sin dificultades en su escolaridad:
2. Apropiarse de saberes significativos que faciliten la construcción de estrategias de aprendizaje autónomo y cooperativo;
3. Conocer e inventar otros mundos posibles a través del juego y del arte;
4. Obtener herramientas para apropiarse de los conocimientos social e históricamente válidos;
5. Desarrollar su capacidad para expresarse y comunicarse a través de una multiplicidad de lenguajes;
6. Mejorar su proceso de socialización;
ü Diversificar prácticas de enseñanza a través de propuestas de trabajo en la que se articulen los contenidos de las distintas áreas y disciplinas.
ü Generar espacios para que los diferentes actores de la comunidad educativa participen activamente en la trayectoria escolar de los niños y niñas.
Sobre la propuesta metodológica
Gloria Edelstein concibe que la propuesta metodológica se define a partir de las diferentes situaciones de enseñanza que son necesarias abordar en la cotidianeidad de las prácticas pedagógicas. Desde esta perspectiva propone a la construcción metodológica como producto de las múltiples representaciones que surgen en cada una de las situaciones presentes en el proceso educativo. Y es desde este lugar que, desde la jornada extendida, se pretende propiciar la construcción de nuevos aprendizajes, abriendo la mirada hacia estrategias que den lugar al desarrollo de la creatividad.
Si bien esta propuesta es una aspiración para todas las instituciones educativas, es en las escuelas de jornada extendida donde se pretende que se concrete con mayor relevancia.
Es así que la propuesta metodológica priorizada será la de taller,…como lugar para la participación, el aprendizaje y la sistematización de los conocimientos (…) como ámbito ideal para integrar lo individual y grupal, expresivo y creativo a través del quehacer lúdico como eje fundamental (…) como lugar donde se integre el sentir, el hacer y el pensar…”[4]
Se procurará entonces, que los conocimientos se construyan en una práctica concreta donde se vinculen permanentemente la teoría y la práctica, a partir de un trabajo articulador y globalizador, en un ámbito de praxis permanente.
CONDICIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION
Para que los objetivos de la propuesta de la Jornada Extendida puedan concretarse, es preciso tener en cuenta ciertas consideraciones que permitan garantizar condiciones adecuadas para su implementación. Para ello, se propone:
Condiciones relativas a los Docentes
Además de fortalecer la formación inicial docente, se requiere:
1. Apoyar a los docentes para que cuenten con las condiciones materiales (tiempo y recursos) y puedan enfrentar los desafíos pedagógicos de la Jornada Extendida en el marco de las condiciones sociales en que se desenvuelven escuelas y liceos.
2. Proporcionar condiciones laborales al maestro y la maestra para desarrollar adecuadamente su rol en la Jornada Extendida: mayor disponibilidad de tiempo no lectivo. Se piensa así en una carga horaria semanal de 35 horas, de las cuales 30 hs. estarán destinadas a la atención del educando y 5 hs. para la reflexión, análisis e intercambio de experiencias a nivel institucional.
3. Proporcionar apoyo (interdisciplinario y capacitación) a profesores en aspectos pedagógicos y no pedagógicos como:
Condiciones Organizativas
Como se señaló en párrafos anteriores, el Proyecto de Extensión de Jornada prevé una extensión horaria de treinta y cinco (35) horas semanales, incluidas cinco (5) horas para actividades referidas Horas Institucionales, el comedor y los talleres correspondientes.
Además de las horas destinadas al tiempo curricular, cada institución formulará proyectos que respondan a las necesidades de la población destinataria y a la realidad del contexto donde está inserta la institución educativa.
Estos proyectos se concretarán en la práctica a partir de la implementación de talleres, para lo cual serán necesario tener en cuenta la disponibilidad de recursos humanos y espacio físico adecuado.
Para la realización de los talleres se deberá tener en cuenta también, los docentes destinados para tal fin. En una primera etapa se contemplará la extensión de la jornada laboral de los docentes involucrados en el proyecto y/o la inclusión de docentes en contra turno que, por la disminución de la matrícula no tienen secciones a cargo.
Sólo se contemplará la extensión de jornada para los maestros de grado. Excepcionalmente se extenderá la jornada a un docente de área especial cuando las características del proyecto y el eje conductor del mismo así lo requieran.
Para la cobertura de cargos de maestros de grado con extensión de jornada, se recurrirá en un primer momento a los docentes titulares, a los que se les consignará una licencia excepcional en el cargo base mientras dure el cargo interino y/o suplente de jornada extendida. En un segundo término se recurrirá a docentes clasificados para cubrir interinatos y/o suplencias que se encuentren sin cargo. En caso de encontrarse con cargo, deberán optar.
Para cubrir cargos directivos de 3° categoría, deberá recurrirse en primer término al docente titular del establecimiento atento Resolución 1623/01. En caso de no existir docentes titulares en la planta funcional del establecimiento, se recurrirá al listado de directores de 3° categoría titulares y en segundo término a maestros de grado titular.
En una primera etapa se comenzará a trabajar con agrupamientos de niños y niñas que transiten el segundo y tercer ciclo.
Cada institución distribuirá el tiempo de acuerdo a la propuesta de taller que se proponga implementar.
Cada taller tendrá entre uno y dos encuentros semanales por agrupamiento, organizados en módulos de 90 minutos.
Los agrupamientos en los talleres son una alternativa que cada institución escolar lo podrá ir concretando flexibilizando los tiempos y los espacios.
Las instancias evaluativos de proceso son fundamentales para poder ir realizados los ajustes que se consideren necesarios, de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo.
El equipo de conducción es el responsable de planificar y coordinar las horas institucionales, como encuentros de articulación, seguimiento y evaluación de la implementación y proceso del Proyecto; para introducir las modificaciones necesarias, asegurando la retroalimentación permanente de la información que se va obteniendo. A tal efecto, uno de los integrantes del ese equipo será el referente principal encargado se realizar el seguimiento.
Condiciones del Currículo
Con el fin de hacer explícitos los énfasis curriculares que subyacen a la Jornada Extendida, se piensa en:
Ø Los estudios disponibles indican que una parte importante del tiempo escolar se dedica a actividades relacionadas con la administración de la clase, a la disciplina y atención de requerimientos administrativos exteriores a la escuela; por lo que el sólo incremento en el número de horas de permanencia en la escuela no es garantía de mejora en la calidad. Cualquier innovación debe ir acompañada de amplios procesos de renovación pedagógica, lo que sin duda se relaciona con la organización de la escuela.
Ø Teniendo en cuenta que el propósito fundamental de la Jornada Extendida pretende generar acciones de innovación pedagógica que contribuyan a la mejora significativa de los aprendizajes; será necesario tener en cuenta i) contar con un programa que reorganice las actividades pedagógicas o promueva la transformación de las prácticas en el aula durante la jornada aprovechando la ampliación del horario; ii) reestructurar la organización de la escuela, de tal forma que se corresponda con el programa planteado; iii) brindar apoyos especiales en infraestructura, equipamiento y condiciones laborales., favoreciendo así la mejora de los aprendizajes de todos los estudiantes.
Ø Un problema constante en los esfuerzos de innovación pedagógica se relaciona con la rigidez de la organización escolar; por lo que se requiere de flexibilidad para decidir las actividades a realizar y la manera de realizarlas. Es evidente que un programa que reúna estas características no puede ser aplicado por decreto en ninguna escuela, se requiere de un proyecto que le de forma y donde se considere la necesidad de incrementar de manera significativa la formación de docentes y de amplios programas de renovación pedagógica.
ACCIONES GENERALES PREVISTAS PARA LA IMPLEMENTACION
Primera Etapa: Consideraciones de las Propuesta
Se comenzará el abordaje y acompañamiento teniendo en cuenta la demanda que surja de la institución, diseñando y elaborando un Proyecto Educativo Institucional (PEI) incluyendo líneas de articulación relacionadas con problemáticas y temáticas transversales de la escuela, con la participación de todos los agentes de la comunidad educativa.
Los establecimientos educativos que prevean la implementación de la jornada, deberán presentar el correspondiente proyecto, que será evaluado por los responsables de Jornada Extendida, dependientes de la Dirección General de Enseñanza Primaria.
Cabe destacar que cada proyecto responderá a las particularidades individuales de cada institución educativa a la que deberá dar respuesta. En el mismo constarán determinados elementos indispensables:
Fundamentación, ¿Por qué?
Explicar las razones que justifiquen el proyecto
Explicar la prioridad y urgencia del o los problemas para los que se busca solución;
Justificar por qué es la propuesta de solución más adecuada para la resolución de los problemas.
Diagnóstico,
Descripción de la institución y su contexto con sus debilidades y fortalezas.
Delimitación del Problema,
Determinación puntal del factor que indica la necesidad de implementar la jornada extendida.
Metas ¿Para qué?
Determina el objetivo hacia el cual apunta la propuesta.
Propósitos orientados hacia el aprendizaje de los niños, ¿Para qué?
Los propósitos son aquellos componentes del proyecto que orientarán la tarea de los docentes respecto de qué y cómo enseñar y que, además, contribuirán a dar dirección a las propuestas que mejorarán la situación problemática detectada.
Descripción de la propuesta ¿Cómo se implementará la Jornada Extendida?
Distribución del tiempo y el espacio ¿En qué tiempos y dónde?
Contempla la organización y distribución del tiempo y del espacio teniendo en cuenta las diferentes propuestas pedagógicas que se pretende ofrecer a un determinado grupo de alumnos/as
Destinatarios ¿Hacia quiénes está orientada la propuesta?
Grupo de personas beneficiadas por la implementación del proyecto
Agrupamientos ¿Cómo se distribuyen los grupos de alumnos/as?
Describe la manera en que se distribuirán los grupos de alumnos destinatarios de la jornada extendida y el resto de los niños y niñas que concurren a la institución escolar
Recursos Humanos y Materiales disponibles ¿Con qué? Y ¿Con quiénes?
Son los medios de enseñanza que incluyen en sentido amplio los saberes que aportan docentes, alumnos, comunidad en general, distintos tipos de instrumentos y/o elementos, infraestructura.
Resposponsables
Grupo de personas que estarán a cargo de las distintas etapas de implementación del proyecto (elaboración, coordinación, seguimiento, etc.)
Seguimiento y Evaluación
Estrategias de evaluación que permitirán realizar un seguimiento de cada uno de los proyectos y de la propuesta en general.
Proyectos que articulan la propuesta
Presentación de cada uno de los proyectos que formarán parte de la propuesta de la extensión de la jornada. Estos deberán constar de cada uno de los elementos necesarios para su formulación
La comunidad educativa debe analizar la propuesta y elaborar un acta acuerdo para implementar la modalidad.
La comisión responsable realiza la evaluación y hace las devoluciones con las sugerencias, consideraciones y aprobaciones correspondientes en forma escrita y las remite a la institución.
Dentro del análisis que se lleva a cabo es indispensable contar con la grilla Horaria y la Planta Orgánico Funcional de acuerdo a las variables: matrícula destinataria, necesidad pedagógica, agrupamientos, espacios físicos. Estos elementos son los que darán lugar a la aprobación por parte del Consejo Pcial. De Educación.
El trabajo con Supervisores Escolares y Equipos de Conducción será un factor imprescindible para poder fortalecer los canales de comunicación sustentado en un proceso dialéctico que permita garantizar la viabilidad de la propuesta.
Una vez seleccionada la institución, los responsables del CPE visitan la institución junto con el Supervisor Escolar, para compartir el Proyecto con el Equipo de conducción y la comunidad educativa.
Segunda Etapa: Análisis y adecuación de la propuestas
Para cumplir con esta propuesta será necesario tener en cuenta el camino recorrido por la institución escolar (lo instituido) y las posibles construcciones que será necesario revisar para poder incorporar la nueva modalidad (lo instituyente).
Así, poniendo la mirada en la dimensión pedagógica-didáctica será necesario reconsiderar las dimensiones administrativa y organizacional sin descuidar los aportes de la comunidad.
En una primera aproximación a la experiencia se procurará aprovechar los recursos existentes (humanos y de espacio). Por lo expuesto surge que, de ser necesario se analizará la Planta Funcional de las escuelas involucradas generando los cambios que demanden para llevar adelante la propuesta de extensión pedagógica.
Del mismo modo, se contemplarán los espacios disponibles y se proyectarán para un futuro inmediato las modificaciones que se consideren necesarias.
La matrícula escolar será un factor determinante para la concreción de las primeras acciones, ya que del número dependerán los cargos y espacios que se requerirán.
Los talleres que se incorporen a la propuesta demandarán de una formación profesional acorde. Esto determina la necesidad de generar espacios de formación, capacitación continua y acompañamiento permanente para el personal involucrado.
Tercera Etapa: Implementación, Seguimiento y Evaluación del Proyecto
El seguimiento y acompañamiento permanente del proyecto permitirá evaluar los aciertos y desaciertos para una posible toma de decisiones.
Durante esta instancia se procurará generar espacios de capacitación que permita al personal docente involucrado fortalecer su práctica pedagógica.
El seguimiento posibilitará reflexionar sobre la práctica con la finalidad de reformular estrategias y acuerdos que permitan tomar decisiones acercar de cómo seguir, qué cosas modificar, mantener y/o fortalecer para la concreción de propuestas superadoras
La evaluación diagnóstica continua será un dispositivo de ajuste que permitirá revisar las acciones que se están desarrollando para ratificarlas o resignificarlas.
Por su parte, los cortes evaluativos en distintos momentos del año darán lugar para constatar los resultados obtenidos a lo largo del proceso de implementación. El factor pedagógico será el indicador indispensable para analizar los avances del proyecto. Los datos cuantitativos sobre los logros alcanzados por los niños que participan en la extensión de la jornada serán determinantes para dar continuidad a la propuesta.
Por todo lo expuesto, la delimitación del problema, la concordancia de lo evaluado con respecto a las metas propuestas será fundamental al momento de realizar la evaluación.
Al realizar el diseño de la etapa de seguimiento y/o evaluación se tendrán en cuenta:
1. Responsables
2. Destinatarios
3. Momentos
4. Información que se va a relevar
5. Instrumentos que se utilizarán para recabar datos
6. El uso que se va a dar a la información recabada
7. Estrategias o acciones que permitirán mejorar procesos o resultados de la implementación del proyecto.
8. Criterios:
a. Pertinencia del proyecto
b. Consistencia del proyecto
c. Participación institucional y/o comunitaria
Indicadores de los criterios de seguimientos y evaluación del proyecto
a. Pertinencia del proyecto
» Responde a los lineamientos curriculares de la provincia
» Se relaciona con el diagnóstico socio-pedagógico de la comunidad
» Propone prácticas institucionales y pedagógicas innovadoras.
b. Consistencia del proyecto
» Los datos del diagnóstico explicitan con precisión la problemática.
» Los propósitos formulados permiten la resolución de la problemática detectada.
» Coherencia entre todos los componentes del proyecto.
» Se explicita un diseño de evaluación coherente con la propuesta del proyecto.
» Se observa la articulación con el P.E.I /P.C.I
c. Participación institucional y/o comunitaria
» Define con claridad las funciones y las responsabilidades de cada miembro del equipo que implementará el proyecto.
» Revela trabajo conjunto con la comunidad escolar
Propone la articulación de acciones con otras instituciones.
» Participan los miembros de la institución en la planificación de todas las etapas de implementación del proyecto.
» Participan los padres en las actividades propuestas y en las reuniones específicas (cantidad y permanencia)
» Se observa la búsqueda de estrategias y recursos frente a conflictos que puedan surgir.
» Se observan canales fluidos de comunicación interna y con otros miembros de la comunidad y/o instituciones.
Los indicadores enunciados para los criterios que deberán ser contemplados al momento de realizar el seguimiento y evaluación, podrán ser considerados en su totalidad o parcialmente de acuerdo a las carácterísticas de los proyectos que las instituciones presenten. También podrán incorporarse otros indicadores que se consideren necesarios para realizar el diseño del seguimiento y la evaluación de los proyectos.
Bibliografía de Consulta
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MAZA, DIANA, “La Tarea Académica Vista Como Un Objeto De Análisis Esencialmente Complejo”
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ZARZAR CHARUR, CARLOS “Diseño De Estrategias Para El Aprendizaje Grupal”.
ZARZAR CHARUR, CARLOS, “La Dinámica De Los Grupos De Aprendizaje Desde Un Enfoque Operativo”
[1] GLUZ, Nora y otros. “¿Es posible una escuela sin fracaso escolar?” en La autoestima que fabrica la escuela. Bs. As. – México: Novedades Educativas. Ensayos y Experiencias/46. Par. 19
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Por primera vez en la breve pero intensa existencia de la CTA su dirección histórica va a elecciones para renovación de autoridades nacionales y regionales en listas separadas.
Marchan a este proceso con la claúsula estatutaria democrática más distintiva en referencia a la CGT: el voto directo de sus afiliados. Pero lo que debiera ser celebrado como un acto de democracia obrera por excelencia, un debate de opiniones, criterios y conceptos, acerca de la situación de los trabajadores, como pensarla colectivamente, como aportar para resolverla, es vivenciado por las cúpulas y los cuadros intermedios como algo traumático, que pondría en peligro la existencia misma de la Central.
No es para menos. No hay en la Central una práctica de debate público de ideas. En practicamente todas las elecciones hubo listas de oposición, que nunca pudieron superar el nivel testimonial, mientras que la conducción se mostraba sólida y unificada presentando candidaturas decididas por acuerdos internos nunca bien explicitados, con lo que esa conquista democrática que es el voto directo de los afiliados quedaba casi desnaturalizada. En cada elección la mayor preocupación no era propositiva sino cuantitativa. Léase: que el número de votantes fuera lo suficiente para legitimar la nueva conducción.
Es esto lo que ahora se ha quebrado. Se enfrentan antiguos dirigentes que, más allá de desencuentros momentáneos, compartían –y comparten- privilegiar las relaciones con el Estado y sus instituciones sin demasiadas mediaciones. Esto se expresó muy claramente con el agotamiento del menemismo y muy marcadamente cuando la crisis política del 2001(1).
Ambos bandos se han lanzado a una confrontación casi irracional. Con un esfuerzo digno de mejor causa se lanzan acusaciones y denuncias de maniobras de todo tipo, pululan las visiones conspirativas, no solo entre las fracciones enfrentadas, sino al interior de cada. Incluso se acusa de romper pactos preestablecidos. Un acuerdo no público sobre quién sucedería al actual titular, que este ahora no respetaría yendo por su reelección. Si este acuerdo preestablecido fuera cierto ¿Dónde queda la tan proclamada democracia sindical? ¿Para qué sirve el voto directo, como no fuera para legitimar lo resuelto en forma antidatada en otro ámbito?
Afiliaciones a la carta
En este tortuoso sendero se han lanzado a llenar fichas de afiliaciones y a mostrar avales. ¿Qué compromiso a futuro implican estas afiliaciones de último momento? En algunos casos incluso se trata de afiliaciones de integrantes de movimientos territoriales que pueden ser decisivos al momento del recuento de los votos, por lo que, sin desmerecer ni negar la importancia relativa de los mismos, se desnaturaliza el rol de la Central (2). Esto en un país donde merced al ciclo expansivo de la economía el movimiento obrero se ha recuperado cuantitativamente, alcanzado algo más de 11.000.000 millones de trabajadores (casi 6 en el sector privado y 2 en el público, el resto esta en negro o es cuentapropista)(3).
¿Los trabajadores? bien…Gracias
Pero lo más destacado y preocupante de esta campaña es la ausencia de sujeto. No se conoce ninguna declaración o documento público de alguna de las fracciones que esboce un programa, o al menos un listado de reivindicaciones y propuestas que atiendan a las necesidades concretas y reales de los trabajadores en la actual situación sociopolítica del país. Mucho menos cómo se piensa conseguirlas o al menos reclamarlas en el período para que esa lista será electa. Más allá de distintas actividades proselitistas que han hecho unos y otros, la realidad es que esta disputa no pasa el nivel de CCII y CD y sus allegados. La base esta prácticamente ausente o indiferente. Puede pensarse que una vez armada las listas se ocuparan de este vacío. Ojalá así sea en beneficio de los trabajadores, pero entonces es válido preguntarse: ¿Con qué argumentos cada fracción afilió en estos meses preelectorales? ¿Qué criterios se utilizaron para seleccionar a los integrantes de las listas que cubrirán los miles de cargos en juego?
La discusión no llega a los trabajadores, es como si los dirigentes se hubieran autonomizado de las bases, estas parecen no ser ya una referencia. Se trata de una disputa sin sujeto, que destaca más aún porque no se trata de cualquier debate. Sino de un debate más que importante.
Un debate por la orientación política
La discusión pasa por como pararse frente al gobierno K y si tener o no relaciones con la CGT. Son estos los términos del debate real. De un lado se parte de una idea que articula toda la argumentación: el gobierno es el enemigo principal, esto explica que la mayoría de quienes integran esta fracción se sumaran al campo en la disputa por la resolución 125 -verdadero parteaguas en la política nacional- y terminaran arrastrados por la Sociedad Rural. Perciben toda medida tomada por el gobierno producto de una demanda popular como una maniobra y no como un logro, aunque sea a medias de la movilización y el reclamo. Del otro lado se privilegia la relación con el gobierno y la unidad de acción con la CGT: se apoyan en datos progresivos que sin duda existen y en una necesidad real de los trabajadores, pero quedan prisioneros del cerrojo kirchnerista, que no acepta medias tintas.
Para unos se trata de aferrarse a la autonomía de la central (que no es lo mismo que independencia de clase) frente al gobierno, y es correcto. Pero autonomía no sólo de este gobierno, sino de todos como de todo partido, y en este punto el pasado pesa. Para otros autonomía no es sinónimo de indiferencia frente a disputas entre fracciones burguesas, y también es correcto. Porque no se puede ser indiferente a cómo se resuelvan ciertas disputas que terminan impactando en la forma en que viven y reproducen su existencia las clases trabajadoras. Pero esto no puede, o no debiera, ser sinónimo de quedar embretado en los claroscuros de la política del gobierno K.
El debate es sustantivo, en última instancia remite a la forma de hacer política en una determinada relación de fuerzas, pero debieran tener en cuenta que se trata de hacer política desde los intereses de los trabajadores, no de los aparatos o cúpulas dirigentes. Si así fuera el debate debiera ayudar a elevar la comprensión política de los trabajadores sobre el período que atravesamos y trascender más allá de los estrechos marcos de la CTA, con lo que esta ganaría autoridad frente al conjunto del movimiento obrero. Pero como no se lo explicita, como es políticamente muy pobre, como las argumentaciones suenan más a chicanas que a posiciones fundadas, se debilita y se diluye en los meandros de las cúpulas y el activismo más cercano. No se interpela a los trabajadores, no se los convoca a protagonizar el debate ¿Como es recepcionado entonces en la base?: “…es una disputa por arriba”, “…una pelea por el aparato “…el problema son los cargos” o “… es la vieja pelea interna entre la verde y la celeste ”. Sin embargo hay en la central núcleos aun embrionarios que buscan escapar de la encerrona oficialismo u oposición, que buscan ampliar la democracia interna, que quieren tener peso real en las decisiones, que aún no logran corporizarse pero tienen potencialidad.
Un futuro donde puede haber más debilidad que fortalezas
Los pronósticos no permiten augurar, al menos por ahora, el triunfo de alguna de las dos listas, todo indica que será una elección muy reñida. Sin embargo crece la percepción, cuando no el temor, que cualquiera sea el resultado la central no saldrá fortalecida.
No se trata que la CTA vaya a romperse. Ninguno de estos dirigentes en su sano juicio, aunque es cierto que en situaciones de crisis la irracionalidad puede imponerse, piensa en esta salida, tampoco que alguien piense seriamente en ingresar a la CGT, son simples y superficiales argumentos para la polémica. Pero sí puede pensarse que no se cumplirá el principio que “el que gana conduce y el que pierde acompaña”, más en una central que no cuenta en sus estatutos esa claúsula de toda democracia sindical que se precie de tal como es el derecho a tendencia y la representación proporcional de las minorías, que garantiza la participación en los debates y elaboración de las decisiones, aún de los que pierden.
Gane quién gane si sigue este nivel de enfrentamientos (que esperemos no redunde en fraudes, exclusiones e impugnaciones) no habrá acompañamiento alguno. Por el contrario la tendencia será a acentuar la fragmentación ya existente en la Central, a que nadie resigne posiciones, estas cruzarán todos los cuerpos orgánicos y se ensanchará la distancia entre la dirigencia y las bases. Así el efecto positivo que debiera desprenderse de un acto democrático y participativo, de cambio de ideas y confrontación de posiciones, para luego producir una síntesis superadora, puede culminar en su contrario.
La presentación de listas termina esta semana pero las elecciones son a fines de septiembre. Hay tiempo entonces para profundizar la reflexión. Para escuchar lo que se piensa en la base. Para elevar el nivel de argumentaciones y propuestas y aunque la CTA como tal no puede considerarse una organización de clase, si se puede elaborar un programa que responda a las necesidades de la clase trabajadora, promoviendo su discusión y aplicación con la mayor participación y la menor delegación posible. Priorizando3 la necesidad de la unidad social de los trabajadores por sobre toda otra consideración, en función de enfrentar los tiempos por venir.
Buenos Aires, agosto 3 de 2010
*integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda. Colaborador de la Corriente político-sindical Rompiendo Cadenas.

Notas
1) Luego de haber convocado a concentrarse en Congreso el 20/12, llamaron a desmovilizar para “…sentarse con los diputados” a ver como se resolvía el “problema institucional”.
(2) En realidad esto encierra un debate acerca de que es una central sindical en nuestro país, con un capitalismo de desarrollo insuficiente y deformado pero desarrollo al fin. No en otro de la región con una estructura social diferente. Si es una central que se afirma en los trabajadores ocupados, en la fábricas y talleres, en escuelas y hospitales, etc. y tiene política, y les da espacio en sus cuerpos orgánicos, a los desocupados y los diversos movimientos socioculturales. O es una central que considera con el mismo peso a los distintos sujetos, y en ese caso la relación capital / trabajo –en sentido estricto- se diluye.
3) Con esta campaña de afiliaciones la membresía de la CTA llega a poco más de 1.410.000 afiliados, de los cuales se estima votarían entre el 25 y el 35%.
Por qué surge el acuerdo paritario nacional
En 1973, época en la que se discutía la construcción de un sindicato nacional docente, se daba un debate sobre si este debía ser un sindicato de base único con afiliación directa (SUTERA) o una confederación nacional de sindicatos de base (CTERA). Entre los fundamentos que definieron la necesidad de una confederación estaban las particularidades regionales, como las salariales (conquistas locales, zona desfavorable) y los políticos, referidos a la construcción de un sindicato democrático en contraposición a los sindicatos centralistas y burocráticos de la CGT. En este debate también se definió que las decisiones de la confederación fueran adoptadas en los llamados Confederales, donde cada entidad de base votaba según la cantidad de afiliados (similar al funcionamiento de aten).
Luego de la consolidación de la línea celeste a nivel nacional, se modificaron los estatutos. La forma de tomar decisiones fue, en principio, a través de los congresos y paulatinamente, cada vez con más frecuencia, mediante las reuniones de secretarios generales y de Junta Ejecutiva. Por ejemplo, no habiéndose discutido nacionalmente el pedido de aten de un paro nacional para el 4 de abril, la Junta Ejecutiva resuelve no convocarlo, sustentando esta clara definición en un apoyo al gobierno nacional frente al conflicto del campo. Tengamos en claro que se trataba de la lucha por la justicia ante el asesinato de un docente y que por fuera de la dirección nacional de CTERA pararon miles de docentes convocados por aten y listas opositoras como la Lila. La misma política adoptó la dirección de CTERA un año antes para sostener su acuerdo de $ 1040 con el gobierno nacional en el marco de la campaña del Ministro de Educación Filmus por la intendencia de Bs. As, cuando 13 provincias estaban en conflicto por demandas salariales.
En este marco de apoyo al gobierno nacional y advirtiendo el crecimiento de corrientes internas disidentes, la Junta Ejecutiva busca legitimarse en negociaciones nacionales (paritaria nacional) y ejercer desde su participación en el Consejo Federal de Educación1, y desde la comisión de mediación impuesta en el primer acuerdo paritario de marzo de 2008, el control de las jurisdicciones con una creciente centralización de las definiciones, más allá de la opinión de las provincias.
Esta política intenta afianzarse en la segunda acta paritaria, que para su aceptación no fue puesta en consideración y debate en un congreso nacional de la central (como marca el estatuto de CTERA), definiendo un criterio de titularización que altera sustantivamente los criterios de nuestra jurisdicción y genera un debate que se transforma en rupturas internas entre compañeros de lucha.
Por este motivo, en primer término, consideramos que tenemos que lograr la mayor estabilidad para todos los trabajadores de la provincia pero en el marco de un acuerdo provincial por fuera de la paritaria nacional, que respete la autonomía de aten y que sea definido en las asambleas de cada localidad.
En segundo lugar, las contradicciones y lugares ambiguos del texto acordado por la Junta Ejecutiva abre la lucha interna sobre nuevas interpretaciones de compatibilidad y titularidad, carrera docente, sistema de acreditación, etc., que nos llevarán a que por las más diversas razones se judicialice sobre la base de intereses particulares y se impida una resolución colectiva de los trabajadores.
En tercer lugar, quedan excluidos miles de trabajadores de la posibilidad de estabilidad ya que los acuerdos nacionales no contemplan el nivel terciario, los cargos de conducción, y los miles de compañeros suplentes que hoy están en el sistema.
En forma general entrar a discutir en el marco fijado por la Junta Ejecutiva sólo generará divisiones y enfrentamientos internos que debilitan la firmeza y unidad que nuestro sindicato ha logrado en los últimos años.
Cómo lograr la estabilidad
Desde ya que las situaciones en los distintos niveles y cargos del sistema no han sido las mismas en nuestra jurisdicción, lo que nos plantea que la resolución de la estabilidad y titularidad deben contemplar estas particularidades que en todos los casos son responsabilidad del estado por su incumplimiento de las normativas vigentes.
Frente a esta situación proponemos para todos los niveles y modalidades que han tenido concursos regulares (Primaria, Inicial, Especial, horas cátedra de media, etc.), la continuidad de los mismos con la mayor cantidad de vacantes posibles en el marco del Estatuto, con todos los llamados estatutarios.
Existen otros cargos u horas que no han tenido nunca un concurso o no se concretó ninguno en los últimos diez años como preceptores, MEP, CEF, adultos, ayudantes de laboratorio, bibliotecarios, secretarios2, horas cátedra y cargos de nivel terciario, etc., y para estos compañeros proponemos:
Para todo lo propuesto, es necesario que las Juntas de Clasificación elaboren alternativas que permitan acortar al máximo las convocatorias y concreción de la totalidad de los concursos.
También deberíamos analizar la posibilidad de:
Notas
1. Es necesario volver a leer y analizar el texto de la Nueva Ley de Educación y el de la Ley de Financiamiento que establece que el Consejo Federal conjuntamente con entidades gremiales (léase en acuerdo con CTERA) pautarán las condiciones laborales (lease reforma estatutaria), calendario educativo, salario mínimo docente, carrera docente.
2. Para este caso seguimos reclamando al CPE un escalafón y que el acceso a estos cargos se realice por listados confeccionados por junta de clasificación.
Aten Capital
Agosto 2008
Ante la posible convocatoria a un “foro educativo”
LA LEGISLACIÓN VIGENTE CONTEMPLA CUAL ES EL ESPACIO
PARA EL DEBATE EDUCATIVO: ES EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
Ante el anuncio de que la Legislatura de la Provincia de Neuquén estaría próxima a tratar la convocatoria a un “foro educativo” con el supuesto objetivo de debatir cuestiones de fondo respecto de la educación en nuestra provincia, la Comisión Directiva de ATEN Capital declara:
1) Que, según la Constitución Provincial, el organismo encargado de diseñar las políticas educativas en la provincia es el Consejo provincial de Educación, gobernado por un cuerpo colegiado donde tienen representantes el Poder Ejecutivo, los docentes (tanto agremiados como no agremiados), y representantes de la Comunidad Educativa a través de los Consejeros Escolares y de la Vocalía por la Comunidad.
2) Que, desde hace años, el CPE está siendo vaciado en sus funciones por los sucesivos gobiernos del Movimiento Popular Neuquino, creando organismos paralelos como la Subsecretaría de Educación y otros desde donde se maneja el presupuesto y se intentan tomar decisiones ignorando la existencia del Cuerpo Colegiado del CPE.
3) Que, producto de estas políticas, los funcionarios que el Poder Ejecutivo designa en el CPE no tienen ningún poder ni capacidad para resolver las problemáticas cotidianas del sistema educativo.
4) Por lo tanto, lo que está fallando no es la estructura de gobierno del sistema educativo, sino las políticas que el gobierno provincial viene aplicando respecto del sistema educativo provincial, y la enorme incompetencia de los funcionarios que desconocen por completo el funcionamiento real de los distintos niveles y modalidades del sistema.
5) Que, por estos motivos, es creciente la degradación del sistema educativo, con edificios que no están en condiciones, partidas que son completamente insuficientes, total ineficiencia en la asignación presupuestaria y absoluta incapacidad para resolver los conflictos que son inherentes al funcionamiento cotidiano de un sistema de tal complejidad.
6) Que la intención de los legisladores al convocar a este “foro” no es resolver ninguno de estos problemas sino avanzar sobre la autarquía legal del CPE y buscar directamente su eliminación o su transformación en un organismo decorativo, atacando derechos adquiridos por los trabajadores de la educación y por la comunidad en general.
7) Por lo tanto, rechazamos esta convocatoria y proponemos que el gobierno provincial abandone su política de concentrar en sus manos el poder de decisión en el sistema educativo, que se devuelvan al CPE las funciones que le vienen siendo quitadas, y que sea este organismo el ámbito democrático donde se debatan todas las cuestiones referidas a la educación en Neuquén.
INFORME REUNIÓN DE DIRECTIVOS
Neuquén, 20 de abril de 2010
Asistentes:
59 directivos de establecimientos de diferentes niveles y modalidades.
Vocales Gremiales, compañeros Raúl Rivarola y Mónica Massucco.
Compañeras Myriam Ortiz e Irene Luque, vocales de la Junta de Clasific. Nivel Medio
Temario:
Durante el desarrollo de la reunión, los/as participantes manifestaron las dificultades que se presentan a diario en el funcionamiento escolar, la ausencia de políticas educativas, el vaciamiento del C.P.E. y las consecuencias que ello acarrea. A esto se suma la sobrecarga de actividades y funciones que deben asumir (compra de insumos, de víveres secos, atención de problemáticas sociales y económicas del alumnado, etc.).
Se debatió también sobre los servicios de comedor, refrigerio y viandas, responsabilidades ajenas a la escuela pero que necesariamente recae en ella por las carencias materiales de niños, niñas y jóvenes.
Otra preocupación muy sentida está relacionada con la matrícula. Sobre este particular, se acordó respetar y exigir el respeto a la normativa vigente y no otorgar constancias de vacantes ni recibir pases. Finalizado el conflicto, si fuera necesario, se analizarán las situaciones particulares y atendibles.
La salud y atención del alumnado es otra inquietud presente. El servicio de emergencias médicas está ausente en las escuelas, los hospitales (desbordados) responden sólo en las medidas de sus posibilidades y ya se registraron casos de accidentes o emergencias que debieron ser atendidas por el personal de la institución que no cuenta con las herramientas y la formación requeridas, a la espera de la llegada de padres o tutores
La falta de cobertura del ISSN agrava esta situación ya que muchos padres/madres cuentan con esta obra social.
Otro tema que se abordó fue el de las licencias excepcionales, denegadas en su totalidad por los representantes del oficialismo en el CPE y que dejan en un estado de abandono e indefensión a trabajadores/as con graves problemas de salud.
En cuanto a la información sobre días de paro, se entregó a los presentes la carta enviada por la Comisión Directiva Provincial y se realizaron aportes en el sentido de mantener la posición de no informar.
Se informó, también, sobre la realización de una marcha convocada por padres y se invitó a participar de la misma, la que se realizará el día jueves 22 de abril a las 17.30 hs., con concentración en el Monumento al General San Martín.
Se acordó:
a) Realizar las denuncias correspondientes en los medios de comunicación.
b) Realizar un comunicado de prensa y gestionar la publicación de una solicitada para informar a la comunidad la realidad que atraviesan las instituciones escolares.
c) Indagar sobre la posibilidad de realizar presentaciones ante Defensoría, por la falta de cobertura médica de parte del alumnado y la violación de artículos constitucionales que obligan al Estado a la atención de la salud, vivienda, alimentación, etc.
d) No otorgar constancias de vacantes ni recibir pases.
e) Evaluar la posibilidad de solicitar una audiencia con la Comisión de Educación de la Honorable Legislatura del Neuquén.
f) Próxima reunión: 4 de mayo – 14 hs. en aten capital (P. Moreno 373)
Desde la Conducción de aten capital, valoramos y resaltamos el compromiso y la firmeza que asumen los directivos en el cotidiano y, particularmente, en esta instancia de lucha.
Marcha de Plottier a Neuquén en el marco de nuestra huelga.
21 de abril de 2010
INFORME FINAL
Primera parte
- Presentación a cargo del compañero Gustavo Aguirre – aten capital.
- Conferencia: “Políticas Educativas en los `90 y en la actualidad: continuidades y diferencias” a cargo de las Profesoras Susana Pose y Mónica Rodríguez, de la cátedra de Políticas Educativas – Facultad de Ciencias de la Educación – U.N.Co.
Segunda parte
Trabajo en Comisiones.
Temario: Políticas Educativas. Ley de Emergencia Educativa, Foro Educativo.
Consignas para el trabajo en grupo:
1 – Construir los argumentos por los cuales nos oponemos a la Ley de Emergencia Educativa y a la convocatoria al Foro Educativo.
2 - Qué acciones estratégicas podemos generar hacia el interior de aten, en la escuela y hacia la comunidad para:
Conclusiones / aportes de los grupos
Grupo 1
Ley de Emergencia Educativa:
- Hace una categorización de derechos. Uno por sobre otro. El de aprender y el de reclamar, cuando son todos derechos con igual entidad.
- ¿Quién se ocupa de administrar los fondos? $ 6.500.000. Para eso está el presupuesto provincial. La administración queda en una comisión que es la Secretaría de Estado y la comisión de control ¿integrada por quiénes? La mayoría responde al partido gobernante.
- Hace un reconocimiento de la falta de presupuesto por lo que adjudica los 50 millones.
- Se delega dinero a los municipios que adhieren a la ley (lo leemos con un chantaje político). Hay un traspaso de responsabilidades. El director dedicado a administrar los fondos. Será discrecional a lo que cada director decida. De igual modo ocurrió con las escuelas descentralizadas.
¿Qué pasará con los municipios que no adhieran?.
- Se desvirtúa la función del directivo. Ahora administrador, descuidando su tarea pedagógica. ¿Qué pasará con los directores que no acepten este nuevo compromiso?.
- El Artículo 6º habilita a organismos varios (cooperadoras, por ej.) a manejar esos fondos, sin garantías de buen uso y excluidos los actores de la institución (docentes, alumnos).
- Se acentúa la desigualdad: las escuelas con una comunidad mas pudiente frente a las que no.
- Artículo 7º: los otorga, los usa y los controla el gobierno de turno.
Capítulo IV
- Artículo 9º y 10º: Intenta que desaparezcan las jornadas en horarios institucionales. Estamos demostrando que no será así. Con el mismo aval de ésta, las próximas esperamos hacerlas cada una en su institución.
- Artículo 11º: se desoye una ley nacional que legisla los feriados.
En cuanto a las vacaciones de invierno, quedó librado a cada institución de acuerdo a su “realidad y “conciencia”, por lo que intentó (pero no lo logró) ser un castigo para el reclamo colectivo.
Se lee que se intenta provocar un quiebre en la institución, librado a la decisión de cada integrante.
- Artículo 12º: elección de docentes “a dedo”.
Atenta contra nuestros derechos establecidos en el Estatuto del Docente.
Avasalla la continuidad pedagógica de cada grupo.
Pone al director en una figura que no le corresponde, ilegítima, de designar suplentes, ¿con qué listado.
Conclusiones generales:
- la aplicación de esta ley deteriora aún más la situación actual. Avasalla nuestros derechos.
- En ningún lado figura el CPE. Allí están los representantes docentes, de la comunidad y del gobierno.
- NO ACORDAMOS CON NINGÚN ARTÍCULO.
Grupo 3
La Ley de Emergencia Educativa:
- Desconoce al CPE.
- Apunta a transformar la educación en otra cosa, ya no hablamos de derechos. Apunta a desarticular los niveles, a destruir la escuela pública.
Propuestas:
- Defensa del CPE, que es el mecanismo de participación gremial.
- Estar atentos para el año que viene ya que en el Art. 1º dice que la ley puede ser prorrogada para el 2011.
- Trabajar en la escuela. Volver a la comunidad, con los alumnos y padres, como fue antes con la Ley Federal.
- Pensar qué sistema educativo queremos.
- Repensar y debatir cuando llegan los planes de fondos económicos, a qué plan responde, por más que en el momento lo veamos como la solución.
- Es necesario trabajar sobre qué trata la ley, para poder generar propuestas válidas. Informarnos, debatir, abrir el debate institucional.
- Deberíamos mantener estas jornadas como lugar de debate, de acá hasta fin de año.
- La defensa de las jornadas institucionales como espacio de debate e intercambio con los compañeros docentes y no docentes. Espacio donde nos expresamos, somos escuchados, nos encontramos y podemos encontrar respuestas.
- Es necesario trabajar para romper con el miedo que se nos ha impuesto para no participar más.
- Sería bueno que cada dos o tres jornadas escolares se realice una unificada, para compartir y debatir las diferentes miradas.
- Rescatar la jornada unificada como un hecho político a nivel provincial.
Rechazamos la ley porque avanza sobre los derechos de los trabajadores y de los/as niños/as.
Rechazamos el Foro Educativo.
Grupo 4
Argumentos contra la Ley de Emergencia Educativa:
- El Estado debe respetar la ley de mayor rango.
- Cuál es el criterio para determinar un derecho sobre otro.
- Omisión del Estado como responsable de garantizar los días de clases, infraestructura, etc.
- ¿Quiénes designan las comisiones de control?.
- Atenta contra la autonomía del CPE, proponiendo otro espacio (como la Legislatura) para tomar medidas, quedando sin representantes ni poder de decisión.
- Es una forma de implementación de la Ley Federal, de la descentralización.
- No habla de educación, no hay sujetos vinculados a la ecuación.
- Sin sustento jurídico ni pedagógico ¿cómo se recuperarán los días de clases por cursos? Inaplicable.
- Suplencias: sólo por voluntarismo ¿quién les pagará? ¿son profesionales? ¿con títulos? ¿cómo lo aseguran? ¿sólo para los paros. Es el inicio de la destrucción del derecho a la licencia.
- Estatuto del Docente: los derechos de los docentes son avasallados.
La Ley de emergencia sanitaria no dio resultados. Decimos NO a la ley de emergencia educativa.
Foro Educativo:
- Educación no es un bien a ser adquirido, comprado. Es un DERECHO.
Grupo 7a
Luego de leer el temario del Foro Educativo:
- Principios, derechos y garantías.
¿Derecho de enseñar y aprender?
¿No están regulados ya por la ley 242, de creación del CPE?
Derecho de aprender ya está regulado por la Constitución Nacional y leyes internacionales.
¿Educación bien público? La educación es un derecho y no una mercancía.
- La responsabilidad del Estado provincial es absoluta pero si se la plantea desde un modelo neoliberal, el Estado se corre, desaparece.
Cada Estado es totalmente responsable, en todo aspecto, no solamente en la parte de infraestructura sino también en lo pedagógico.
- “Promoción de la justicia social…”
¿Qué promoción…? si los primeros subsidiados son las escuelas privadas, las cuales no aceptan a alumnos que provengan de sectores de bajos recursos y los sueldos docentes son pagados por el Estado, ¿de qué igualdad hablan? ¿promoción de la justicia social?
- Funcionamiento del sistema educativo: La constitución garantiza el 30% de los presupuestos para educación. ¿Por qué se destinan 50 millones de pesos en “caja chica” aparte del presupuesto provincial que nunca se gasta como debería ser?
- “Derechos y obligaciones” de los docentes: ya tenemos el Estatuto del Docente, en todo caso, los docentes somos quienes podemos brindar mas herramientas si realmente deseamos que se cambie.
- “Agencia de acreditación de competencias laborales”: nos hacen recordar a los créditos para la Ley Federal, la cual llevó a mayor desocupación y precarización de nuestro trabajo en los `90.
- Ámbitos de desarrollo de la educación. “Espacios públicos”.
- Primero que acondicionen las escuelas públicas y como corresponden, buenas condiciones laborales, estamos seguros que los docentes podemos pensar, reelaborar políticas coherentes porque estamos en contacto pleno con la realidad educativa.
- Educación de calidad: Este argumento es típico de las políticas neoliberales de los `90.
- “Centralización del mundo del trabajo” ¿y el mundo intelectual? ¿actualización para las clases populares?
Educación para el trabajo para los pobres!!
Educación para el mundo intelectual ¿para quiénes? Para quienes puedan pagarla.
- “Comisión organización”: no se contempla a los docentes que son los que están en relación directa con la realidad educativa.
- Hace falta una jornada más porque aún tenemos que volver a analizar estos problemas que nos afectarán directamente. Sería bueno que en cada escuela tengamos la posibilidad de seguirlo debatiendo.
Grupo 7b
Sobre Ley de Emergencia Educativa:
- Está en contra de leyes nacionales.
- Sobre reparaciones y demás cuestiones de infraestructura, la ley lo enuncia pero en la realidad no se concreta.
- Contempla derechos y los jerarquiza (el derecho a huelga y el derecho a educarse).
- Las jornadas institucionales son un derecho y por lo tanto, se deben realizar dentro del horario laboral y no en días de descanso o fines de semana.
- Se ve a la educación como un servicio y no como un derecho.
- Al grupo le preocupa qué acciones concretas vamos a realizar nosotros para no dejar avanzar esto, cómo nos vamos a organizar.
- Demandar a los legisladores para que sancionen leyes que superen éstas.
- Acordar con abogados de nuestra parte para que nos den los argumentos legales para debatir y poder dar la lucha.
- Hacer un frente de lucha con otros sectores como el judicial, por ejemplo.
- No dejar la calle para dar un frente de lucha.
- Recibir en las escuelas los materiales con antelación, para concurrir con más ideas a las comisiones de trabajo.
Grupo 9
Si bien coincidimos que un cambio puede ser necesario, no creemos que un Foro Educativo sea la forma de llevarlo adelante porque:
- No participan todos los sectores
- No involucra al sector docente.
- Solo se ve reflejada una postura política.
- No hay debate real.
Por lo tanto RECHAZAMOS este FORO EDUCATIVO PROVINCIAL.
¿Participamos los docentes? ¿Cómo?
Grupo 10a
- Los organismos internacionales financian las reformas educativas, estas no son neutras, están cargadas de intencionalidades; responden a intereses.
- Antes de la dictadura, se da toda una “onda progresista” donde se comienza a ver y pensar “el crecimiento económico y la distribución mas equitativa de los ingresos y el aumento en la proporción de habitantes de acceder a una canasta básica de bienes y servicios”.
- Por eso se da el costo que tuvieron que pagar los desaparecidos al intentar luchar para alcanzar sus ideales, para sostener estas ideas.
Grupo 10b
Argumentos por los cuales nos oponemos a la Ley de Emergencia Educativa:
- Por el marco en la que fue creada, ya que sólo pretende inyectar 50 millones de pesos al sistema e ir en contra de los derechos docentes (jornadas institucionales, licencias, derecho a huelga, etc.) y no responde a la verdadera problemática del sistema educativo como infraestructura, materiales didácticos, etc. y tampoco tiene en cuenta el contexto social en el que se encuentra cada institución (no atiende a la diversidad).
- ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el riesgo de vida para declarar esta Ley de Emergencia Educativa?
- Otro de los motivos es que también discrimina la educación de adultos y la educación especial.
Foro educativo. Argumentos por lo que nos oponemos:
- Porque los trabajadores de la educación no tenemos representantes y la mayorías de los representantes son políticos del partido gobernante y no reflejan la realidad pedagógica estructural y social.
- Desde la escuela, mantener la claridad pedagógica de nuestros roles y funciones, denunciando todo hecho que sobrepase la dimensión educativa. Ejemplo: directores = administradores económicos.
- Brindarles a los padres, desde la institución, el espacio para que expresen su sentir y pensar y puedan junto al docente pensar la educación que quieren para sus hijos.
- También nos gustaría saber si esta ley sanciona el incumplimiento de los funcionarios a los requerimientos de las instituciones educativas (partidas de refrigerios con montos escasos y fuera de tiempo, refacción de instituciones, falta de equipamiento, etc.)
Grupo 11
Nos oponemos a la Ley de Emergencia Educativa:
- El Estado se corre de su rol de garantizar el mantenimiento de los establecimientos.
- Se desresponzabiliza del derecho a la educación, tratándola como un servicio, que debe pagarse.
- Pone en riesgo la educación pública y gratuita.
- Desconoce al CPE. La ley se coloca por sobre el Cuerpo Colegiado, restándole autonomía.
- No amplía el presupuesto educativo dándole continuidad. Sólo hace un único aporte extraordinario.
- Ninguna ley provincial puede estar por encima de leyes nacionales.
- Desdibuja el rol docente como trabajador y asalariado, ya que apela a la vocación y al voluntariado.
- Atenta contra el derecho de huelga, enfrentando derechos universales (derecho de huelga, derecho a la educación).
- Fomenta la descentralización económica.
- Mezcla lo presupuestario con lo curricular, dándole al Director la función de administrador (debe “gestionar”) corriéndolo de su rol pedagógico.
Acciones y estrategias:
- Fomentar la participación de todas y todos los docentes, en una escucha “atenta”, respetando las diferencias y las disidencias.
- Participar de los diferentes debates organizados desde el gremio, donde nos dan algunos lineamientos para el análisis político y hacer debates más ricos hacia el interior de las instituciones.
Grupo 11
Argumentos de oposición al Foro:
- La organización está hegemonizada por actores del gobierno, dejando de lado a los trabajadores de la educación y representantes gremiales o su posibilidad de incidencia en las decisiones sobre los temas que piensan tratar y que son muy delicados.
Acciones desde aten:
- Más asambleas
- Llamar a todos y todas las trabajadoras a que participen.
- Reuniones de delegados.
Grupo 13 bis
Ley de Emergencia Educativa:
- Falta de especificidad sobre los fondos que expresa la ley.
- Por qué destinan fondos a una emergencia educativa en lugar de optimizar los mismos.
- Desconocen lo establecido por legislación nacional y provincial.
- El Estado deslinda sus responsabilidades en los terceros, quien deben responsabilizarse de los edificios escolares.
Acciones desde aten:
- Que aten recorra las escuelas y publique lo que sucede en cada una, en cuanto a limpieza, refacciones necesarias, refrigerio, en fin, el gremio debe además, darnos a los docentes capacitación como para enfrentar estos embates políticos contra nuestra carreta.
Si la capacitación no existe, las generaciones que hoy se están formando, no tienen las herramientas necesarias para enfrentar su futuro. Si a ésto le sumamos los días de paro, ellos no estarán preparados. Un docente no capacitado, no puede dar la lucha a los embates políticos de este gobierno. Presencias en las luchas más buena capacitación.
- Pensar nuevas estrategias para trabajar con los padres y que no estén en nuestra contra. Ej.: modificar los horarios de entrada.
- Seguimos marcando la desigualdad de los trabajadores docentes con otros gremios. Ej.: judiciales, camioneros. A esto nos lleva esta ley.
Grupo 14a
Repudiamos la Ley de Emergencia Educativa por los siguientes puntos:
- No respeta las normativas vigentes con respecto a la designación de docentes (Estatuto del Docente, etc.)
- La designación de directores como gestores de refacciones y reparaciones no corresponde porque lo corre del rol docente pedagógico, haciéndolo cargo de funciones ajenas.
- Sobre la recuperación: resulta injusta ya que no es más que un castigo a quienes hicimos paro ¿por qué no se recuperan los días que se perdieron por problemas edilicios?
Acciones:
La acción que propone este grupo es hacer un contra congreso con todos los actores del sistema educativo neuquino, debatiendo los temas más relevantes con respecto a:
- ¿qué educación tenemos? ¿qué educación queremos?
- ¿cuál es el rol que debemos jugar cada actor dentro de este sistema?
- ¿cuál es el proyecto de educación que queremos?
Grupo 14b
Nos oponemos a la Ley de Emergencia Educativa porque:
- Desconoce la ley vigente Nº 242.
- Limita derechos adquiridos para judicializar la protesta.
- Justifica el incumplimiento de los deberes del Estado y lo encubre para garantizar la gobernabilidad.
- Contrapone el derecho a huelga con el derecho de aprender, enfrentándolos, cuando tienen el mismo rango.
- Cercena derechos, en lugar de ampliarlos.
- Es una ley innecesaria porque ya hay legislación referida a los temas que trata.
- Centraliza políticas educativas y su financiamiento, por fuera de los órganos colegiados (CPE).
- Eufemismo para limitar y suspender el derecho a huelga, judicializando la protesta. Genera un Estado de excepción en lugar de garantizar un Estado de Derecho.
- Convierte al/la Director/a (trabajador/a que accede al cargo por concurso) en funcionario/a, negando y corriéndolo de su rol específico.
- Jerarquiza los derechos, declarando al derecho a la educación como “derecho esencial” (considerando que otros no lo son) y no considerándolo como derecho social.
- Porque atenta contra el sistema educativo.
- Rompe con el sistema organizativo para el acceso a cargos y horas cátedra, dejando la posibilidad de que el mismo no se produzca de manera transparente. Pero también cercena derechos.
- No explica qué es la “Emergencia Educativa”, cuánto dura ni por qué sucedió.
- El hecho de la designación de un cuerpo estable de suplentes por escuela demuestra un total desconocimiento del sistema (sobre todo en Media) que no resiste el menor análisis.
- La ley de emergencia no debería existir, sino que debería cumplirse la Ley 242.
- Ya que “hay plata”, no debería constituirse un fondo extraordinario sino sumarlo al presupuesto oficial.
- Legaliza la descentralización, de la provincia a los municipios y a organismos no estatales (cooperativas, ONG).
- El C.P.E. es autónomo y autárquico, por lo que no requiere ”autorización” de ninguna ley para realizar tareas (Art.11).
- Colisiona con normativas nacionales en lo referido a feriados.
- Art. 11: la hora cátedra destinada a “rememorar” la trascendencia de la fecha “patria” implica una subestimación del trabajo docente, en tanto y en cuanto los docentes están generando experiencias innovadoras que no se resuelven en una hora.
Foro Educativo:
- Foro: intercambio de ideas, puesta en común, remite a ideas de discusión.
El foro provincial, en este caso, viene avalado por una ley y, a partir de ahí, impregnamos al foro de un articulado jurídico. No hace a la idea de foro.
- En cuanto al temario: no acordamos en la formulación.
- Convocatoria, ¿es tan abierta?. En esa apertura no aparecen organizaciones de base.
- Sin instancias de participación plena en el debate.
- Todo ya está organizado.
Estrategias:
- Campañas radiales en las que se reflejen las contradicciones al foro.
- Reuniones con la comunidad:
- Dictado de clases públicas.
- Informar a los alumnos (talleres, dramatizaciones, etc.).
- Informar a los padres.
- Generar otras instancias de encuentro entre docentes.
- Salir con mayor frecuencia en los medios.
- De manera coloquial, acercar esto a la comunidad.
Grupo 14c
Nos es posible dar una discusión medianamente sería en tan poco tiempo. No llegamos ni a compartir el material que nos dieron.
Grupo 16a
Proponemos:
- Que se llame a reunión de delegados para que se lleve el posicionamiento y la voluntad de todos los compañeros de las escuelas.
- Que en una asamblea de aten votemos qué medida vamos a llevar a cabo para frenar la aplicación de la Ley de Emergencia Educativa y el Foro Educativo.
- Que se convoque a un encuentro provincial de trabajadores de la educación en el camino de un encuentro donde seamos los defensores de la educación pública los que debatamos sobre cómo defender la educación, y no el Foro Educativo.
- Que se haga un posicionamiento único y un claro llamado a hacer las próximas jornadas unificadas para que ningún compañero sea sancionado por cumplir con su derecho y para que no quede a criterio de cada escuela.
- Que las próximas jornadas haya más tiempo para debatir y que antes de terminar resolvamos en asamblea cómo seguir la lucha de cara a las próximas jornadas.
Grupo 16b
- No a la contratación directa, tanto por parte de directivos como de funcionarios, para el mantenimiento edilicio. Todos los trabajos por licitaciones públicas. Disponibilidad del dinero.
- Mayor control sobre los trabajos que se realizan en los establecimientos (distintas empresas realizan mantenimiento y no siempre bien).
- Que se respete la Junta de Clasificación para nombrar docentes.
- Los principales derechos y garantías de la educación deben estar bajo responsabilidad exclusiva del Estado.
- Los debates y reformulaciones sobre educación deben contar con la concurrencia de docentes de nivel primario, medio y superior (conformación de comisiones con gente especializada).
- Foros y debates contando con especialistas en pedagogía, de nivel provincial, nacional e internacional.
- Que las políticas educativas se construyan en torno a realidades económicas, sociales y políticas en la cual está inmersa la Argentina.
- Mirada progresista de estas propuestas y políticas.
Oposición al Foro y a la Ley de Emergencia Educativa:
- Por no tener oportunidad de participar en la discusión.
- Por estar en desigualdad de condiciones para el debate.
- Por la superioridad que ejerce el gobierno de turno en la cantidad de personas para imponer propuestas que sólo responden a sus intereses y muy lejos están de ser la situación que a diario vivimos los docentes.
- Es prioritario re pensar el vocabulario para transmitir las ideas que tenemos, para acercarnos a la comunidad, a los padres…
Grupo 16c
Ley de Emergencia Educativa:
- La emergencia fue sólo declarada como consecuencia de un conflicto gremial. Antes de esto el gremio venía planteando todas las falencias edilicias y de funcionamiento, pero el Estado no reconoce su falta de compromiso.
- Sólo usaron el conflicto y los problemas sociales para contrarrestar y dividir las acciones gremiales.
- ¿Por qué no se iniciaron en un montón de establecimientos las clases al terminar el conflicto?
- Porque en enero y febrero cuando deberían estar realizando todos los arreglos, nadie lo hizo.
1. Los días perdidos fueron en el marco legal (para los gremios) que rige en la República Argentina, fue arreglado luego de muchos días por la desidia de los gobernantes. Hubiesen dado este arreglo en octubre del 2009, cuando se iniciaron los reclamos y no se habrían perdido los días de clase.
2. El Artículo 3º, lo único que hace es ratificar que hace tiempo son escasos los recursos que se destinan a educación. Pero sin embargo, el gobierno eroga dinero en publicidad televisiva para poner a la sociedad en contra de los docentes.
Propuestas:
- Sumarle al paro otras alternativas que tengan que ver con nuestra tarea.
- Proponer nosotros un foro, un debate junta a la comunidad educativa. Cuál es la visión y las necesidades de cada comunidad educativa.
- Que el discurso de los dirigentes gremiales no quede sólo en reclamos de carencias económicas, sino también elevar su discurso a las metas, discusiones y propuestas de política educativa.
- No reaccionar sólo a la coyuntura, proponer espacios para discusiones netamente pedagógicas y filosóficas sobre la educación que necesitamos y jerarquizar nuestra profesión y volver a generar el avance social.
- HAGAMOS NUESTRO FORO, los que estamos todos los días con los educandos.
Grupo 18
Nos oponemos a la Ley de Emergencia Educativa porque:
- Atenta contra el Estatuto del Docente y la educación gratuita.
- Ya existe una ley y la tienen que cumplir. De esa forma no es necesaria una “ley de emergencia educativa”.
- La real emergencia es el incumplimiento del Estado, corriéndose de su real obligación y responsabilidad. Así deslinda responsabilidades y sólo obtiene atribuciones para su auto beneficio.
- Nos es genuina, ya que no proviene de una verdadera necesidad de la comunidad educativa en su conjunto.
- Es una manera de justificar el “gasto” de dinero.
- Reproduce y fomenta la malversación de fondos.
- Los municipios no están todos gobernados por el mismo color político, por ende esto llevará a que aquellos municipios que no sean del MPN, no tendrán la misma disponibilidad de dinero.
- Con respecto al Art. 12º de la ley, el mismo atenta contra las funciones de la Junta de Clasificación. Así la directora cambiaría su rol / función y sería similar a lo de las escuelas privadas.
Respuesta 1
- Generar espacios para informar a la comunidad sobre esta ley y demás temas. De este modo, cambiar el imaginario (mal) que se tiene del docente.
- Informar sobre las responsabilidades y obligaciones del Estado.
- Para adentro del gremio, consideramos que cuando se arman las listas, intentar que la gente que ocupe cargos importantes sea puesta por su capacidad y no por afinidad.
Respuesta 2
Sobre el Foro Educativo:
Nos oponemos ya que no es el espacio indicado para discutir lo que atañe a educación, teniendo en cuenta que ya está creado el organismo que se ocupa de esto, y es el Consejo de Educación con autonomía propia.
Grupo 19a
- No perder el derecho a huelga.
- El Artículo 12º viola el Estatuto del Docente.
- En el Foro Educativo no participan los docentes en la toma de decisiones. No nos posibilitan participar.
- Actualmente el Estado no se responsabiliza econonómicamente con el mantenimiento de las escuelas. Quien nos agravia y hoy no garantiza la educación, sí lo harían con la Ley de Emergencia.
- Articulación gremios y comunidad educativa para funcionar operativamente en el Foro Educativo.
- Reflexión por institución sobre Ley de Emergencia y Foro Educativo e informarlo a la comunidad educativa.
Propuestas:
- Hacer jornada en cada institución.
- Como escuelas de arte, nos debemos debate, conclusiones y propuestas.
Grupo 19b
Nos oponemos a la Ley de Emergencia Educativa porque:
- La educación no afecta la vida del niño o adolescente en cuestión de vida o muerte, es parte del desarrollo de los mismos.
- Un niño desnutrido, maltratado, enfermo… no logra adquirir los conocimientos que la escuela ofrece y esto lo lleva al fracaso escolar. Es un error creer que mayor cantidad de días trabajados da como resultado alumnos con un buen nivel de aprendizajes.
- Como docentes creemos que nuestros alumnos deben desarrollarse en un buen contexto, llegar a la escuela desde ámbitos saludables, desde una familia que esté comprometida con su crecimiento y salud.
- La falta de políticas sociales permite que nuestras niñas de 6º y 7º grado sean madres prematuras.
- La falta de estímulos en los niños de temprana edad hacen que lleguen a 1er grado sin preescolar.
La Ley de Emergencia no debería ser de educación sino de planificación familiar y organización social (trabajo = familia digna = chicos sanos y por lo tanto condiciones optimas para ser escolarizado).
Grupo19c
Foro Educativo
- No es democrática la convocatoria:
a) Los diputados no escucharon al sector docente conocedor de la problemática central de la educación.
b) Los docentes necesitamos tiempos institucionales para debatir políticas educativas que van a servir de base para elaborar la ley provincial de educación.
c) En ningún momento se plantea el grado de responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en la problemática que atraviesa hoy la educación.
Lo que se hace con estas decisiones es ocultar la verdadera realidad de la crisis educativa, tratando de sostener medidas que generan la ilusión que todo está solucionado o resuelto.
Ley de Emergencia Educativa
Nos oponemos porque:
- No respecta la autarquía del Consejo Provincial de Educación (Ley 242).
- Es anticonstitucional porque cercena, restringe el derecho a huelga.
- Implica una descentralización del manejo de los fondos para el mantenimiento escolar, desvirtuando la función directiva.
- El Estado provincial no puede desentenderse de la obligación que le compete en el mantenimiento de la educación pública.
- La educación no es un servicio, es un derecho y como tal el Estado debe garantizarlo.
- Contradice la normativa establecida por la OIT con relación a la determinación de los servicios considerados como esenciales.
- Esta ley no resuelve el problema de fondo de la educación sino que pretende ser más bien una herramienta disciplinadora para los trabajadores de la educación, enmarcada en una perversa ideología neoliberal.
Propuestas:
- Discutir en las escuelas todos estos proyectos.
- Sumar a los padres a esta decisión de la misma manera que se hizo con la Ley Federal de Educación.
- Bajar la información (trabajo de hoy) a la próxima jornada institucional en todas las escuelas de la provincia.
Grupo
Constitucionalmente la educación es un derecho que tienen todos los ciudadanos; lo que no está explícitamente garantizado son las condiciones para acceder a ella.
- El gobierno IMPONE el funcionamiento “normal” de las escuelas, que estén en funcionamiento “como sea”, pero no garantiza las mínimas condiciones para que esto pueda ser llevado a cabo.
- La participación al Foro no es real, es una auténtica fachada, porque no hay un real interés en saber las verdaderas condiciones laborales (las angustias, las problemáticas)y sociales de nuestros alumnos. Creemos que responden solamente a sus intereses de gobernabilidad y de seguir estando y ostentando el PODER, por ello las leyes que elaboren serán aquellas que los respalden y en ningún momento tendrán en cuenta a “esa” sociedad que según ellos demanda una nueva ley para mejorar la educación de sus hijos.
Estrategias:
Informarse, leer, analizar bien la situación para tener argumentos para transmitirlos al resto de la sociedad.
Grupo
Nos oponemos a la ley de emergencia educativa:
- Derecho esencial (no corresponde la diferencia).
- Se revaloriza la recuperación de días sobre la calidad educativa.
- Desconocimiento total del CPE como ente plenamente capacitado en tratar las cuestiones que hoy se reparten con el Ejecutivo y el Legislativo.
- Desmerecen el aporte de las jornadas institucionales al desarrollo institucional y educativo.
- La ley avanza y avasalla los derechos constitucionales referidos al derecho a huelga y los feriados nacionales.
- Confrontación de derechos (derecho a huelga contra derecho a la educación).
- Confrontación entre compañeros trabajadores (docentes en huelga y docentes que cubren los espacios de los docentes en huelga).
Estrategias (hacia el interior de aten):
- Trabajar más en la reconstrucción de la imagen del docente ante la sociedad.
- Reflejar lo que se vive en las instituciones: realidades, falencias, falta de partidas, problemas edilicios y de mantenimiento, falta de auxiliares.
Grupo
Ley de Emergencia Educativa:
- Vicio de nulidad por contraposición a leyes de mayor jerarquía.
- El Poder Legislativo se arroga funciones que no le competen, invadiendo otros poderes del Estado.
- Según la OIT, la educación no es un servicio esencial. Es un derecho social.
- Restringe derechos.
- Contrapone derechos (derecho a la educación con derecho a la huelga), propio de la tradición neoconservadora.
- Justifica el incumplimiento del Estado. Reafirma la concepción de “estado subsidiario” y no garante de derechos.
- Centraliza decisiones en el Poder Ejecutivo en desmedro de mecanismos colegiados.
- Descentraliza funciones y responsabilidades.
- Descentralización es igual a desigualdad. Ej.: las responsabilidades de mantenimiento pasan a la escuela (cooperadoras, comunidad, familias).
Foro Educativo.
- Lo que hace falta es cumplir con la legislación vigente: Ley 242 (creación del CPE, órgano colegiado), Constitución Provincial, PEP (Plan Educativo Provincial, democratizó la educación).
- Foro: participación mentirosa, es probable que las “conclusiones” ya estén de antemano.
- Cuestiones presupuestarias: ¿quién las solventa, de dónde se obtienen los recursos?
- El partido provincial (MPN) y el gobierno, junto con los medios de comunicación adictos, han formado el “sentido común” y con eso ganaron la batalla cultural.
- Los docentes son mal vistos, hay desprofesionalización, muchas veces se trabaja desde el “sentido común”.
- ¿Cómo dar la batalla cultural? ¿Cómo luchar contra el gran aparato ideológico?
Estrategias:
Trabajar por escuela, desde dos dimensiones:
1) pedagógica – didáctica: convocatoria a las familias a cierres de unidades, exposiciones activas y otras propuestas creativas.
2) política educativa: que el sindicato capacite a los docentes para que estos sean agentes multiplicadores ante la comunidad. Ej.: Ley de Emergencia Educativa, Foro Educativo.
Grupo
Argumentos opositores a la Ley de Emergencia Educativa:
- Se contrapone con leyes de mayor rango (ej. el derecho a huelga consagrado por la Constitución Nacional – art. 14 bis).
- Encuadra el derecho a la educación como un servicio social esencial.
- Los artículos 4º y 5º de la Ley de Emergencia Educativa violan la Ley 242, en lo relacionado a la contratación de servicios.
- El Art. 6º intenta trasladar sin previo consentimiento y debate de los actores, la responsabilidad del Estado Provincial a los Municipios.
- Art. 7º: el organismo de control está integrado por quienes otorgan el aporte económico extraordinario, no siendo éste un organismo legítimo, ya que es arte y parte.
- Art. 9º, 10º y 11º: desconocen el CEUR. Normativa emanada del CPE, integrado democráticamente, que tiene su origen en la Ley 242 y en la Constitución Provincial.
- Art. 12º: desconoce el Estatuto del Docente que regula el acceso a los cargos y las horas cátedras y según el cual se accede de acuerdo al listado por orden de mérito emanado de la Junta de Clasificación correspondiente. Esto garantiza igualdad de condiciones, evita ilícitos y “amiguismos”.
Grupo
Nos oponemos a la Ley de Emergencia Educativa porque:
- Ni siquiera tendríamos que estar debatiéndola ya que va en contra de leyes nacionales, por lo tanto ni se debiera haber sancionado.
- Es irrisorio que dentro de una ley de emergencia, el Ejecutivo contemple aquellas acciones que debe hacer regularmente, ordinariamente, como por ejemplo el mantenimiento y la refacción de la estructura edilicia de los establecimientos educativos.
- En relación a la designación de suplente de los docentes que están de paro:
* atenta contra el derecho de huelga de los trabajadores,
* atenta contra el sistema de subasta de horas debido a que los directivos podrían elegir quienes den clases,
* atenta contra la unidad de la escuela, genera enfrentamientos entre quienes realizan medidas de fuerza y quienes los reemplazarían,
* especula y presiona sobre quienes no tienen trabajo.
Nos oponemos al Foro Educativo:
- Porque permitiría que las decisiones sobre la EDUCACIÓN sean tomadas sólo por políticos y no por quienes trabajamos en las escuelas.
- Es evidente que la intención de este foro es reformar cuestiones laborales (flexibilización) y no pedagógicas.
Grupo
Ley de Emergencia Educativa. Nos oponemos:
- Porque es anticonstitucional ya que atenta contra el derecho a huelga.
- Porque declara la educación como servicio esencial y no como derecho que debe garantizar el estado.
- Porque la educación debe estar en manos de los docentes y no de cualquier “agente extraño elegido a dedo”.
- Desvía la responsabilidad de la crisis educativa a los docentes sacándoselas a los verdaderos autores.
Foro Educativo:
Lo rechazamos porque es un mecanismo que pretende avalar la rebaja del presupuesto educativo que desde el año 2007 a la fecha tuvo un mísero aumento del 15%, mientras que la inflación superó el 70% en esa misma etapa, y porque además pretende avanzar en modificar nuestras condiciones laborales atacando el Estatuto del Docente.
Además, incorpora en el debate instituciones que no tienen idoneidad para encarar seriamente la discusión.
La opinión mayoritaria va a estar en manos de quienes no están en plena relación con el acto educativo.
Propuestas:
- Reuniones en cada escuela. Que el sindicato prepare charlas informativas para que todos manejemos los puntos centrales y los argumentos contra estas políticas.
- Reuniones con los padres para generar el debate, informando a los mismos.
- Que se gaste el dinero del gremio para una campaña publicitaria que haga eje en el AUMENTO DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO.
Grupo
Conclusiones:
- Valorar este espacio de debate.
- Realizar la próxima jornada también unificada, con el material teórico previamente distribuido, en comisiones por escuela o por modalidad.
- Recuperar el lugar en la calle. Valorización del espacio de movilización.
- Elaborar una contundente respuesta hacia los medios de comunicación sobre la responsabilidad del gobierno por el estado de la educación.
- Que haya un espacio de debate general.
- Que se extienda el aval gremial para aquellas jornadas que se realizan en las escuelas.
- Que se realice un CONTRAFORO con instancias de debate, coordinado por el gremio, armado por quienes sostenemos la educación día a día.
- Boicotear el foro, con denuncias en los medios.
- Generar una serie de instancias de debate, interactuando con las escuelas y con asambleas. Que el gremio esté movilizado.
- Construcción de una alternativa (posterior al foro) donde aportemos nuestra experiencia.
- No al subsidio a las escuelas privadas y a los títulos “truchos” (tipo FAENA).
- Defensa del Estatuto del Docente.
- No sólo resistir, crear nuevas escuelas, I.F.D., etc.
Grupo
Frente a la realidad que plantea la emergencia educativa, opinamos que lo único que se logra es enfrentar a los docentes con la comunidad. Previo al inicio del ciclo lectivo, el Estado debe garantizar que los fondos estipulados para educación estén a tiempo para evitar conflictos gremiales.
El Estado debe hacerse cargo de los sueldos docentes, de la infraestructura edilicia, etc. y no organizar empresas privadas y desviar recursos destinados a la educación pública.
Grupo
Consideramos que es necesario integrar a la comunidad toda, comenzando por el gremio aten, e intentar, los dirigentes, establecer vínculos saludables entre distintos sectores, gobierno, CTERA, ATE y Nación, para que cada pedido no sea una lucha insalubre, salvaje, sangrienta, dolorosa que lo único que ocasiona es el desgaste de los trabajadores. Que lo único que genera realmente es el enfrentamiento entre compañeros.
No es saludable estar constantemente abatidos, cansados, desganados. Esto no genera un cambio y el cambio no se logra sino trabajamos juntos buscando una salida a este desencuentro.
Grupo
Consideramos que es grave que la Legislatura se adjudique una serie de atribuciones que no son de su competencia. En primer lugar el “poder” para limitar alcances de derechos ya establecidos. Al declarar la educación como derecho esencial se la ubica en un lugar diferente respecto de otros derechos. Nos preguntamos entonces ¿hay algún derecho que no es esencial?
Es importante tener en cuenta que ya existe una ley que establece cuales son los servicios esenciales: prestación de servicios sanitarios, distribución de agua potable, luz y gas. Esta ley fue dictada en los `90 por organismos internacionales y fue un importante avance en la lucha de la clase trabajadora ya que deja explícitamente claro que las actividades que no ponen en riesgo la vida de las personas, no pueden ser limitadas en su derecho a huelga.
Esta persistente idea, difundida con insistencia en los medios de comunicación, acerca de que “los docentes perjudican a los chicos con la huelga”, pertenece a una tradición conservadora de enfrentar dos derechos constitucionales como el derecho a la educación y el derecho a huelga. Busca colocar a los docentes como los culpables de la crisis de la educación, desdibujando la responsabilidad del Estado que no cumple con el mantenimiento de establecimientos educativos.
La crisis de la educación es consecuencia de la crisis económica y social, y requiere adoptar políticas públicas tendientes a superar los problemas de pobreza, desempleo y desigualdad social.
Por otra parte los legisladores se adjudican también atribuciones para crear y administrar un fondo de financiamiento, que no tendrá controles de organismos creados con tales fines, como el Tribunal de Cuentas.
Se adjudican, también, la responsabilidad de regular la figura de las “suplencias” cuando esto es competencia del CPE.
Finalmente, esta ley, desconoce leyes nacionales.
Creemos que esta ley no amplia derechos, los limita.
Crea un Estado de excepción, creando mecanismos de “urgencias” que avanzan contra los organismos legales existentes. Es una ley propia de un estado de sitio.
Para avalar este avasallamiento de derechos se crea un Foro Educativo Provincial, de seuda participación, donde el Estado copa los espacios por medio de técnicos y estadísticas que nada tienen que ver con la realidad de los educandos y educadores neuquinos. Nos quita la posibilidad de participación y discusión política.
Grupo
Nos oponemos a la Ley de Emergencia Educativa y a la convocatoria al Foro Educativo porque:
- Enfrenta derechos constitucionales (educación y huelga).
- El Estado provincial se desliga de sus responsabilidades en educación.
- Propone puestos de trabajo que no respetan las normativas vigentes, entre ellas el Estatuto del Docente (listados de docentes “voluntarios” para cubrir cargos en situación de emergencia).
- Elimina los espacios destinados a las jornadas institucionales.
- Modifica el rol fundamental del cargo directivo, asignándole tareas que lo alejan de lo pedagógico hacia lo administrativo, enfrentándolo con sus propios compañeros en la tarea de reasignar suplentes cuando los maestros ejercemos nuestro derecho a huelga.
Estrategias para revertir los preceptos culturales:
- Difusión, reuniones con los padres en las escuelas.
- Continuidad de las medidas de fuerza.
Grupo
Foro Educativo:
Nos oponemos porque no hay pluralidad en la Comisión Organización (esta constituida mayoritariamente por gente del gobierno).
Ley de Emergencia Educativa:
- aparece como oposición a una medida de fuerza de los trabajadores de la educación. No hay un compromiso real con la educación. Carece de sustento ideológico y materia. Es sólo un ataque a la medida de fuerza.
Propuestas:
Dar la batalla cultural y, para ello, capacitar, informar, yendo ATEN a las escuelas e informar a la comunidad. No sólo en momentos de medida de fuerza.
Observaciones:
Creemos que es necesario reformular de manera seria y objetiva la política educativa de la provincia. Los conflictos y la situación actual demuestran que la educación se convirtió en asistencialismo y funcional a un gobierno.
Un dato importante que demuestra una parte de esta realidad es el alto índice de deserción y un conocimiento cultural tan bajo que, muchos alumnos tienen dificultades en el ingreso a carreras terciarias y universitarias, por ejemplo, en universidades de otras provincias.
No podemos dejar de mencionar la preocupante situación de las escuelas periféricas de nuestra ciudad donde es necesario realizar un planteo serio que incluya apoyo de equipo interdisciplinario, reformulación de la jornada escolar, además de los serios problemas edilicios y condiciones infrahumanas en las que se trabaja.
Grupo
Argumentos contra la ley de emergencia educativa:
- Define la educación como “derecho esencial”. ¿Hay derechos no esenciales?
- Mucho tiempo y debate para “recuperar” los días de clases “perdidos” en este año. Por qué no darse este debate para prever que el año próximo “no vuelvan a perderse días”?
- ¿Por qué no se destina el dinero del fondo para el presupuesto educativo? Ese fondo es manejado por la Secretaría de Estado de Educación, volviéndose a correr al CPE como órgano que define las políticas educativas, entre ellas, las presupuestarias.
- Se corre la función pedagógica del director convirtiéndolo en un administrador.
- Tiene a la municipalización y privatización de las escuelas.
- Las contrataciones directas favorecen a los “amigos del poder”.
- La confección de los listados por escuela atenta contra el derecho a huelga.
Repudiamos esta ley porque no hace mas que atacar derechos conseguidos en la lucha, por los trabajadores.
Grupo
Nos oponemos a la Ley de Emergencia Educativa porque:
- Es inconstitucional. No se puede declarar como derecho esencial a la educación considerando “solamente” aspectos referidos a infraestructura, días de clase y contenidos escolares. Lo educativo abarca una totalidad de aspectos que aquí se deja de lado como, por ejemplo, el derecho a huelga que tiene rango constitucional, es contrapuesto al derecho a educarse cuando ambos derechos deben ser garantizados por el Estado. La emergencia también se relaciona con situaciones de riesgo de vida…
Estrategias para generar al interior de aten:
- Enviar por e-mail el material a los/as afiliados/as.
- Presencia de aten en medios: TV, radios, Internet, correos masivos para distribuir, radios abiertas permanentes.
- Fortalecer el cuerpo de delegados o referentes por escuelas.
- Que los docentes seamos “multiplicadores” en las organizaciones (barriales, ONG, partidos políticos, etc.) en las que participamos, sin miedos.
Grupo
Por qué nos oponemos a la emergencia educativa y a la convocatoria al foro educativo:
- No es necesario sancionar una nueva ley para asignar los fondos necesarios para el mantenimiento del sistema educativo (infraestructura edilicia, comedor, etc.). Además, los mismos deben estar previstos en el presupuesto anual y el Estado debe garantizar las condiciones dignas de trabajo institucional.
- Que aten dé la posibilidad de debate para tratar estos temas, tomando en cuenta a los trabajadores activos de la educación.
- Nos oponemos al Artículo 3º inc. d) porque el Estado está deslindando responsabilidades al sector privado y a las ONG.
- Si bien recuperamos los días de paro, cómo recuperamos los días con problemas edilicios (baños rotos, falta de agua o calefacción, etc.), ausencia de auxiliares (no hay quién los reemplace y se haga cargo de la limpieza en la escuela cuando ellos enferman), etc.
Grupo
Nos oponemos por:
- Ilegal.
- Inconstitucional.
- Inaceptable.
- Gremialmente contradictoria con la postura histórica de aten.
Acciones desde aten:
- Legitimar cada vez mas las asambleas,
- Que lo votado en asamblea se tenga en cuenta (y la comisión directiva no nos haga votar sobre decisiones ya tomadas).
- Que exista una lucha real de conjunto, tanto desde la palabra como de las acciones.
- Aunque la situación es complicada, la desinformación la agudiza. Es necesario dar información a cada establecimiento a través de volantes, para que tengamos elementos para debatir con los directivos y compañeros, para no quedarnos solo con la información del gobierno.
- Que la información del gremio sea mas mediática (que no sólo salga en radio Calf-Univ.), Canal 7, LU 5, etc., para que la única voz no sea la del gobierno.
- Que la conducción proponga medidas de conjunto y que no sea tan fragmentada la información y las acciones.
- Es importante debatir sobre la educación privada o semi privada que no queda claro en los documentos entregados. No se puede aceptar que el gobierno pague sueldos de docentes de escuelas semi privadas o privadas.
La Ley de Emergencia Educativa y el Foro Educativo pretenden terminar el trabajo iniciado por la Ley Federal de la Educación en la provincia, a pesar de haberse declarado su inaplicabilidad. La transforman a la escuela en un bien de mercado y favorecen circuitos diferenciados de educación (pública para pobres y privada, de calidad, para los ricos y los que puedan pagarla). Implica destrucción del Estatuto del Docente y primarización de la escuela secundaria y terciaria.
Promueve la competencia entre docentes, entre escuelas y pretende hacer cargo a los docentes de los males provocados por las políticas económicas.
Incluido en esta destrucción de la escuela pública está la política de aislamiento y connivencia con el gobierno, de la conducción de CTERA.
Grupo
Sobre el Foro:
- En los fundamentos se habla de consenso, pero la comisión organizadora quedaría integrada por una sola ideología.
- El cambio en el sistema educativo es necesario pero si surge del consenso y no con la finalidad de reducir el presupuesto. El Estado debe hacer las inversiones correspondientes.
- No se habla de la participación de los protagonistas directos de la educación (docentes), quienes somos los que llevaremos adelante esa ley educativa. Es necesaria la participación de quienes estamos en contacto diario con la realidad educativa y “no hacer castillos en el aire”.
Ley de Emergencia Educativa:
El Estado debería cumplir con todas sus obligaciones para con educación y no haberla abandonado, como lo hizo. Tampoco debe coartar el derecho a huelga. Si cumpliera con estas obligaciones no habríamos llegado a los extremos de la última huelga. Si tanto le preocupa las clases que perdieron los/as alumnos/as resolvería antes los problemas educativos y sociales (por ejemplo que los padres de nuestro alumnado tengan trabajo digno y no subsidios) y no intentaría hacerlo con una ley de emergencia.
“DAR VALOR AL TRABAJO DIGNO”.
Grupo
Para oponernos al foro:
- Buscar asesoramiento legal, ya que los docentes no participamos en el Foro, todos opinan, salvo nosotros que somos quienes realmente sabemos de educación.
- Concientizar a la población escolar para rechazar el Foro. Que todos los docentes estén en conocimiento de este Foro, quiénes lo conforman y el temario.
- Tomar medidas de oposición, fuertes y activas.
Grupo
Nos oponemos aplicación de la Ley de Emergencia Educativa por ser inconstitucional y por atentar contra el derecho de huelga de los trabajadores de la educación.
Se busca con esta ley, utilizar discrecionalmente el dinero del pueblo y manipular fondos según sus intereses.
Esta ley no fue generada en un marco de consenso y de participación, es unidireccional.
No se tuvo en cuenta que la educación es un derecho social y que debe ser garantizada por el Estado.
Estrategia
“No perder nuestros espacios de jornadas”, ya que es un momento institucional para realizar asambleas con los padres y docentes para informar sobre lo que se ha perdido en el sistema educativo (desde lo pedagógicos, lo social, etc.).
Grupo
Nos oponemos a la Ley de Emergencia Educativa porque consideramos que no deben calificarse los derechos, sino valorarlos a todos por igual. El Estado debe garantizar y poner en igualdad de importancia a la salud, la educación, la seguridad, etc.
También nos oponemos a la convocatoria al Foro Educativo por considerar que los equipos técnicos, en general, desconocen la realidad de la educación y solo se trataría de valorar en pesos a un sistema educativo que necesita dinero pero también calidad en los procesos educativos. El Foro debe darse con las personas capacitadas e involucradas en estos procesos en cada región.
Estrategias
Una de las estrategias válidas sería reflotar, hacia adentro y hacia afuera de las escuelas, la Ley 1420 de Educación y saber que en su momento fue sostenida con políticas económicas y educativas claras desde el Estado, y no como hoy que se pretende imponer una Ley de Educación Nacional sin sustento económico y sin políticas claras.
La Escuela Especial Nº 6 es una escuela que se ha caracterizado permanentemente por la lucha de sus necesidades. Necesidades que para quien desconoce la identidad y la dinámica de la escuela no son válidas ni reconocidas, poniendo en duda el reclamo y la calidad de lo que allí se brinda.
Es una escuela que siempre ha trabajado con la comunidad educativa de referencia (padres, aten, medios, etc.) y es oportuno agradecer a los medios (TV, radios) y al gremio, el apoyo recibido año a año en la búsqueda de mejor calidad educativa en nuestra escuela.
¿La Ley de emergencia está vigente? ¿Está reglamentada?
Propuestas:
Realización de un Congreso de Trabajadores de la Educación (paralelo al Foro Educativo) porque ¿quién mejor que nosotros para elaborar un diagnóstico y generar propuestas a futuro?
Grupo
Argumentos de por qué nos oponemos a la Ley de Emergencia Educativa:
- Vemos como algunos legisladores manipulan, abusan el poder y dejan de ser democrático. Sus facultades las utilizan para decidir sin la opinión de la comunidad educativa. Es decir, utilizan la ley como sanción y no como derecho.
- Si aún no se ha efectuado una presentación judicial por parte del gremio, proponemos que se realice la misma, defendiendo los derechos de los trabajadores.
- Las partidas educativas deberían ser iguales para todas las instituciones.
Grupo
Argumentos por los cuales nos oponemos a la Ley de Emergencia Educativa y a la convocatoria al Foro Educativo:
- Los puntos que el Foro propone tratar, apuntan a derogar el Estatuto del Docente, buscando a través de los contratos, tercerización, la privatización de la educación a un no tan largo plazo.
- Nosotros, los docentes, no somos valorados como sujetos activos dentro del sistema educativo, ni como organización sindical.
- Debemos tener claro que se busca la privatización de la educación y por consiguiente “nuestros futuros contratos”.
Acciones:
- URGENTE: gabinetes psicopedagógicos en la escuela primaria.
No alcanzó el tiempo para poder desarrollar el 2do. punto. El debate interno fue rico, pero consideramos necesario que se genere desde el gremio el espacio necesario para poder realizar un debate mas profundo.
Grupo
- El primer planteo, de ¡rechazo! a Ley de Emergencia Educativa, surge desde el análisis de que la educación es un derecho… con sus implicancias.
- Recuperar el tratamiento de las políticas educativas del CPE, según lo determina la Ley 242, que atiende entre otros casos a la participación docente. Ejemplo, retomando las reuniones distritales en vinculación con la sociedad y en una clara resistencia al corrimiento del Estado, que continúa con su política de descentralización.
- Próxima jornada distrital en el marco del sostenimiento de lo dicho, en ámbitos mas pequeños y colectivos, con mas tiempo de lectura y con las conclusiones de estas jornadas, recuperando los ejercicios que obtenemos en las medidas de fuerza.
- La defensa “incondicional” del sindicato ante los diferentes ataques del gobierno., por ejemplo, jornadas. Surge este análisis, por la disparidad de situaciones que se dieron en la jornada anterior y en donde se sintió la falta de “presencia”, “apoyo” de aten capital / provincial.
- El acta acuerdo genera, entendemos, de alguna forma, contradicciones en las futuras implicancias del mismo. Ej.: jornadas en cada escuela, jornada unificada, dar clase, dar clase en el receso para recuperar el dinero descontado…etc.
Por lo tanto una presencia y una fuerza sindical mas precisa, además del sostenimiento de los docentes, directivos, auxiliares, etc., desde las bases y desde la práctica de estas decisiones.
Grupo
Foro Educativo Provincial:
En primer lugar nos preguntamos si este proyecto de educación provincial, tiene como objetivo ser consecuente con la Ley Nacional de Educación que viene de la mano de la Ley de Financiamiento Educativo.
¿Qué criterios se utiliza para determinar la calidad educativa? ¿Y la inclusión educativa?
Temario:
- Educación ¿como bien público o como derecho social?
- ¿Qué cuestiones se van a discutir con respecto a la responsabilidad del Estado? ¿Acaso esas responsabilidades no están explicitadas en
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|---|---|
| InformeJornadaUnif10Ago10.doc | 218.5 KB |
El gobierno del MPN y sus diputados aliados, pretenden amordazar y disciplinar a quienes pensamos distinto y a quienes nos animamos a reclamar por salario, en defensa de la educación y salud pública. Es así que Ruiz, Mortada y Olmos, representantes del Ejecutivo en el CPE, firmaron la Resolución 568/10 y luego la Legislatura aprobó la Ley de Emergencia Educativa.
Tanto una como otra, tienen como única finalidad sancionar a los trabajadores de la educación que hicimos paro con la excusa de “recuperar días de clase”. Quienes avalan estas normativas son los mismos que durante todo nuestro conflicto no dudaron en salir en todos los medios de comunicación a desprestigiarnos como trabajadores y a descalificar nuestra tarea. Lo que pretenden es que se pierda un espacio muy importante y significativo para nuestras escuelas como son las jornadas institucionales, una semana del receso de invierno y los feriados del 17 de agosto y del 12 de octubre.
En respuesta y como medida de acción sindical, la jornada de junio fue trabajada como tal en cada una de las escuelas. Ratificamos la vigencia del CEUR y tomamos las dos semanas de receso. En la asamblea que se llevó a cabo en junio, se definió que la jornada del mes de agosto se realizaría con la modalidad de “unificada”. Esto se ratificó en la última asamblea (el día 29 de julio). Las jornadas, lo hemos dicho en infinidad de oportunidades, son espacios ganados por nuestro gremio para el trabajo institucional y el debate sindical en cada uno de los establecimientos. Son los tiempos mínimos necesarios para que los y las trabajadoras acuerden trabajos conjuntos ó criterios comunes, se capaciten, debatan las temáticas y problemáticas que los/as atraviesan. No estamos dispuestos a perderlas. No aceptamos sanciones por hacer paros o defender la escuela pública.
Este 10 de agosto nos reunimos en el Gimnasio del Parque Central para demostrarle al Gobierno que no nos disciplina, y que seguiremos peleando por mejores condiciones laborales, por salario y por una escuela inclusiva, democrática y participativa. Por tal motivo, nos acompañará la Prof. Susana Posse de la Facultad de Ciencias de la Educación, quien disertará sobre “Políticas educativas en los `90 y en la actualidad: continuidades y diferencias”. Otros temas que se tratarán son: foro educativo y ley de emergencia educativa, que son cuestiones centrales y cruciales para nosotros. Es una medida de acción sindical, y se entregarán como corresponde, certificados de asistencia con la firma de las vocalías gremiales.
Es y será muy importante en esta oportunidad que de conjunto la organización sindical muestre una vez más convicción, fortaleza y unidad en la defensa de los espacios institucionales. Para finalizar, ese día realizaremos una marcha a Casa de Gobierno (previo paso por el Juzgado).
Fraternalmente
aten capital
5 de agosto de 2010
Ezequiel Adamovsky
La irrupción del “hecho maldito” del peronismo significó un trauma para buena parte de los argentinos, acostumbrados a imaginarse parte de una nación blanca, “decente” y Europea. Pocos hechos lo grafican mejor que la manifestación del 17 de octubre de 1945, vivida por muchos como una verdadera invasión. Un grupo humano hasta entonces inadvertido plantó su presencia en el corazón de la ciudadela liberal. Sus patas refrescándose en la fuente le dieron la desmentida a aquella imagen hegemónica de la nación, que nunca pudo terminar de aceptar que las clases plebeyas pudieran ocupar un lugar central y visible en la alta política. La identidad de clase media nació en esos años: fue el modo en que mucha gente pudo diferenciarse de esos “negros” que ahora se pretendían protagonistas de la historia nacional. El trauma peronista reapareció varias veces en la historia y todavía hoy la cultura argentina sigue surcada por las tensiones que él provoca.
Resuenan ecos de aquel trauma en el fastidio de parte de la opinión pública con el actual gobierno. Sus errores, abusos y malas políticas –que los tiene y muchos– con frecuencia aparecen interpretados en una clave que remite a un pasado que no se cansa de reaparecer, incluso si el presente tiene poco que ver con los tiempos de Perón, mal que les pese tanto al gobierno como a sus enemigos. Acaso el malhumor de parte de la clase media con Kirchner tenga la misma intensidad que las esperanzas que despertó en ella al comienzo de su mandato, cuando prometió dejar atrás el horizonte político del peronismo a fuerza de “transversalidad”. El regreso posterior a las seguridades que ofrecía el viejo justicialismo sin dudas marcó el inicio de un divorcio que, con todo el rencor de una promesa incumplida, hoy parece irreparable. Ya en las elecciones de 2007 se notó el regreso de una retórica que remitía fuertemente a los años ‘40. Elisa Carrió insistió entonces en presentar un escenario de “civilización” amenazada por la “barbarie” peronista, en el que la “clase media urbana” tenía la misión de “rescatar” a los pobres, según ella incapaces de actuar con racionalidad ciudadana. Algunos partidarios del gobierno se preguntaron en ese momento si volvía a manifestarse un “gorilismo de la clase media”.
Poco después, la distancia simbólica entre la “clase media” y la plebe peronista reaparecería de una manera menos paternalista y más agresiva. En las manifestaciones de apoyo a las patronales del campo de marzo de 2008 –como reconocieron incluso los diarios que simpatizaban con ellas – abundaron los insultos racistas contra “los negros” que apoyaban al gobierno. A medida que el conflicto se fue profundizando, las partes en disputa apelaron a todo un repertorio de referencias al pasado. Luis D’Elía, retomó los insultos en sentido positivo y se presentó como líder de los “negros” en lucha contra la “oligarquía” y el país “blanco”. El propio gobierno abundó en evocaciones a la Unión Democrática y también comparó el movimiento opositor con la Revolución Libertadora. Pero el otro bando no se quedó atrás. Como para que quedara claro que sus cortes de ruta no eran iguales a los de los piqueteros, los empresarios rurales eligieron presentarse como “los gringos” (una sutil manera de dejar en claro que no se trataba de acciones como las de “los negros”). El propio vicepresidente (hoy presidente) de la Sociedad Rural, Hugo Biolcatti, opinó por radio que el color de piel servía para distinguir la naturaleza opuesta de ambos tipos de piquetes. El gobierno, por su parte, le advirtió a la clase media que sus “prejuicios culturales” la estaban conduciendo, otra vez, a apoyar a la “oligarquía” y a olvidar que sus verdaderos intereses están del lado del pueblo. En palabras de Chacho Alvarez, volvieron a insistir con “el librito de Jauretche”.
Lo más significativo de todo, sin embargo, fue la aparición de una curiosa imagen. Cuando el dirigente agrario Alfredo De Angeli fue brevemente arrestado, la prensa opositora comparó su reencuentro con los manifestantes que lo esperaban con la liberación de Perón en 1945. La imagen de un “17 de octubre de la clase media” fue insistentemente utilizada para describir el significado histórico de las grandes manifestaciones que apoyaron a los empresarios rurales: la aparición de un nuevo sujeto social –una supuesta “clase media rural”– llamado a cambiar el curso de la historia. La alusión al ’45 apareció también de un modo inconsciente cuando Mario Llambías, principal líder de las Confederaciones Rurales Argentinas, consideró “un zoológico” a las manifestaciones de apoyo al gobierno, que quedaban así asociadas al “aluvión zoológico” que, según la famosa frase acuñada por un dirigente radical, invadió Plaza de Mayo aquél año. La curiosa la imagen de un 17 de Octubre de la clase media expresa la fantasía de superar el hechizo plebeyo que dio a luz al justicialismo mediante un acto igual, pero de sentido inverso. En otras palabras, el anhelo de que irrumpa un sector social que refuerce a la clase media, acabando así por fin con la anomalía peronista y restaurando de ese modo la jerarquía social indebidamente alterada en 1945. La reaparición de todos estos fantasmas del pasado sin dudas tiene mucho de farsesco. Puede que, como pensaba Marx, la repetición de la historia primero como tragedia y luego como farsa sea signo de que una época histórica está quedando finalmente atrás. Pero no hay dudas de que indica, también, que las oposiciones de clase que en el pasado se expresaron en la dicotomía peronismo/antiperonismo siguen insistiendo por debajo de la trama farsesca de la política actual.
¿Por qué le decimos NO a la minería a cielo abierto?
La minería a cielo abierto es una actividad de alto impacto ambiental, social y cultural. Esta actividad remueve la capa superficial de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral de baja calidad. Los modernos equipos permiten hoy remover montañas enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de menos de un gramo de oro, por ejemplo, por tonelada de material removido.
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|---|---|
| noalamina.pdf | 285.24 KB |
Neuquén, 7 de septiembre de 2010.-
A la Presidenta de la Honorable Legislatura
Provincia del Neuquén
Dra. Ana Pechen
S……………./…………..D
Nos dirigimos a Ud. con la finalidad de responder formalmente a la convocatoria recibida para participar del Acto de inicio del Foro Educativo Provincial.
Seguramente conocerá cual es nuestra posición con respecto a la iniciativa legislativa que se pondrá en marcha. Por lo tanto nuestra ausencia en tal instancia puede anticipar. No obstante queremos aprovechar la oportunidad para expresarle nuestra postura.
Trabajar y aportar para la construcción de una sociedad justa, libre y solidaria, es para nosotros un anhelo y una aspiración colectiva e individual.
Son muchos los temas que ameritarían un debate y una reflexión profunda, con miras al logro de tan noble objetivo. Entre ellos, el sólo cumplimiento irrestricto de la amplia y rica legislación vigente, que en reiteradas ocasiones es ignorada en actos de gobierno. Mencionar simplemente y a modo de ejemplo las Leyes 242, 1733 (aprobación del PEP nunca cumplida), 2212 (Violencia Familiar), 2222 (Salud Sexual y Reproductiva), 2302 (Protección de la Niñez y Adolescencia); las importantes prescripciones de la Constitución Provincial sobre el tema en particular y derechos sociales; legislación nacional, Constitución Nacional y tratados internacionales a los que nuestro país ha adherido; etc., etc.
Nuestra organización ha generado a lo largo de su joven historia innumerables espacios de discusión y debate sobre la problemática educativa:
Más aún, hemos participado como organización en construcciones curriculares que son un ejemplo de modelo de construcción democrático, entre los trabajadores y el gobierno de la educación. Así fue en la elaboración del currículo de Nivel Inicial, hace ya más de 15 años y recientemente, en la Mesa Curricular de Nivel Terciario. Este último trabajo tiene aún hoy, de parte de las autoridades del área, resistencia para su aplicación e implementación por razones, como en muchas otras propuestas, presupuestarias y políticas.
Numerosos han sido también los encuentros convocados para tratar la problemática de la Educación Rural; la Interculturalidad junto a la organización de los Pueblos Originarios; Educación Especial; de Género entre otras. Toda esta producción ha sido llevada al cuerpo colegiado del CPE por nuestros representantes en cada discusión, respetando y haciendo respetar la Ley 242, con respuestas según las circunstancias políticas de cada momento, siempre insuficientes para atender las demandas y las soluciones planteadas.
Nuestra negativa a participar de la convocatoria radica en la falta de credibilidad en el espacio creado. Se funda en los antecedentes inmediatos sobre la actuación de ese cuerpo legislativo que no ha considerado los antecedentes históricos de nuestro Sistema Educativo, ni los motivos reales de las falencias que el mismo padece hoy. Asimismo en la falta de respuestas, de la que esa Legislatura no puede apartarse, a las actuales necesidades del Sistema Educativo: edificios educativos insuficientes; falta de mantenimiento de los existentes; partidas de comedor y limpieza insuficientes, con demoras y discontinuas; innumerables problemas por la falta de provisión de servicios mínimos e indispensables como transporte, gas, electricidad y provisión de agua potable; ninguna política de formación docente continua y en servicio; sólo por nombrar algunas de los incumplimientos actuales que han generado pérdida de confiabilidad en el funcionamiento.
No es sino el Estado provincial en todos sus estamentos, el responsable de la crisis por la que atraviesa el sistema educativo. El gobierno de la provincia del Neuquén ha fijado, en los años 90, y a partir de allí no ha sido modificada, una política de Estado en torno al tema: la utilización de la emergencia como factor determinante para la utilización discrecional de los recursos públicos destinados a Educación. Desde la sanción de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control del Estado, el Consejo Provincial de Educación fue, cada vez más, reemplazado en sus funciones delegándose ellas en las direcciones de Administración Financiera, lejos del control de la comunidad y los trabajadores de la educación. Poco a poco los establecimientos educativos, empezaron a tener necesidades que fueron dejándose de lado para operar directamente sobre la urgencia. Se hizo así una costumbre, redituable por cierto, resolver sobre el conflicto y no planificar sobre la necesidad, lo que permitió avanzar con contrataciones directas.
La realidad de los quince últimos años nos muestra:
El conflicto con los trabajadores de la educación, seguramente estará entre los temas que se discutan. Siempre hemos planteado oportunamente y con suficiente antelación nuestras demandas salariales y laborales. Esto ha sido así siempre. Nunca de parte de las autoridades provinciales, salvo en el año 2008, pudimos iniciar discusiones con resultados que permitieron un inicio normal del ciclo lectivo. Llama la atención la dilación incomprensible de estas instancias de negociación en tiempos en que, el conjuntos de los trabajadores, de todos los sectores tanto estatales como privados, discuten con sus patrones recomposiciones que compensen y recuperen la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Quienes hemos elegido trabajar en el ámbito de la educación como medio vida, tenemos también necesidades para el sostenimiento de nuestras familias y la permanente actualización y adquisición de bienes culturales que son parte de nuestra formación y una exigencia de nuestra tarea cotidiana. Por lo tanto, la consideración de un salario digno debiera estar entre las prioridades del Estado y no ser motivo de un permanente clima de confrontación.
Todos estos factores influyeron e influyen directamente en el dictado de clases y han sido ignorados por la legislatura neuquina a través de las distintas gestiones. Varias han sido las veces que hemos llevado estas preocupaciones a los diputados provinciales, sin que hubiera una intervención directa en estos asuntos.
No pueden negar tampoco, los miembros de esa legislatura, las consecuencias gravosas que hacia el colectivo de trabajadores de la educación, acarreara la represión y el asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba en abril de 2007. Por este hecho, hemos realizado presentaciones ante esa legislatura sin éxito, para encuadrar a la doctrina, jurisprudencia y normas supralegales la actuación de la querella en la legislación vigente sobre proceso penal en nuestra provincia.
Al interior de la conciencia docente, este acontecimiento ha quedado marcado como una negación del Estado a su propia existencia, y por ello ese mismo Estado debe subsanar esta relación y para ello sólo cabe la acción de la Justicia y de todos los actores políticos de la provincia para que no haya IMPUNIDAD.
Desde el lugar de trabajadores de la educación, cuyas condiciones de trabajo están íntimamente ligadas a las condiciones de aprendizaje de nuestros alumnos, no podemos menos que destacar la notoria intencionalidad de algunos miembros de esa legislatura, en poner la mayor responsabilidad del estado actual de nuestro Sistema Educativo, en nuestra tarea diaria y sobre nuestros derechos laborales. Poner en duda nuestra formación, nuestro compromiso y nuestro legítimo interés en la problemática educativa, es desconocer objetiva y subjetivamente la importancia de la función social de quienes, todos los días, estamos frente a la realidad social, económica y cultural de nuestros niños y niñas, adolescentes y adultos. Ellos esperan de todos nosotros los máximos esfuerzos para que su derecho a la educación sea hoy una realidad y no un deseo, pues son ellos los que necesitan certezas que les haga menos incierto su futuro.
La Educación, como proceso de creación y distribución de conocimiento, puede colaborar para que el pueblo de Neuquén alcance la calidad de vida merecida, lo que no podemos es pretender que únicamente sea ésta la que vaya a generar las condiciones para una sociedad justa, libre y solidaria. Pensarla así es cuanto menos, negar el impacto altamente negativo, que la desigual e injusta distribución de las grandes riquezas de nuestra provincia, provoca entre nuestros niños, niñas y jóvenes. Poner atención a resolver estos temas que nos atraviesan como sociedad, debería ser una prioridad y una urgencia que nos allanaría el camino para el cumplimiento de derechos sociales elementales, como el acceso a la vivienda, al trabajo genuino, a la salud, todo ello como garantía para el ingreso, permanencia y egreso en nuestro Sistema Educativo Provincial a todas y todos las neuquinos
Creemos firmemente que la mejora de nuestra educación pública está en el cumplimiento de la legislación vigente; en poner nuevamente y como lo establece la Constitución Provincial, en el Consejo Provincial de Educación, todas las facultades que la misma le asigna, elaborando su propio presupuesto; definiendo entre sus representantes las políticas educativas a llevar adelante; teniendo el control, seguimiento y supervisión de la inversión educativa que el mismo priorice y resuelva; generando espacios de participación y decisión real y efectiva de la comunidad educativa distritalmente como lo establece la Ley 1733, por la que se aprobó el Plan Educativo Provincial; entre otras cuestiones no menos importantes.
Nuestra organización, como ya manifestamos, impulsó desde los años 90 un debate educativo que se plasmó en la denuncia de la aplicación de las políticas neoliberales y su implicancia en el campo educativo, que sintetizó en el histórico reclamo por la derogación de la Ley Federal de Educación, reclamo que expresamos a través de la reflexión, el debate y la lucha colectiva en las calles.
Es importante reafirmar que al movimiento político que supimos crear y liderar con nuestra lucha, le aportamos fundamentalmente conceptos, ideas y propuestas que conforman un lenguaje ético, que tanto denunció las políticas de exclusión y aniquilamiento de lo público, como reafirmó la defensa irrenunciable de la Escuela Pública. El Decreto 712/00 que declaró la inaplicabilidad de esa Ley en la provincia y la posterior sanción de la Ley 26.206, nos dieron la razón.
Con la autoridad que nos concede la coherencia entre nuestras acciones y el lenguaje ético que fuimos capaces de construir, entendemos que resulta imperioso e imprescindible partir de análisis y evaluaciones de lo que han generado y han dejado como herencia anteriores procesos histórico-políticos, de lo contrario se corre el riesgo de dar continuidad a las desigualdades más profundas maquilladas de lenguaje progresista.
Por lo tanto, estaremos atentos a los pasos que se den en este marco de discusión y que lejos de negarnos a la reflexión y al debate, seguiremos impulsando discusiones junto a nuestros compañeros en las Jornadas Institucionales que aún quedan en el año; debatiremos junto a otras organizaciones sobre nuestra realidad socio-educativa e intentaremos propiciar y favorecer el cumplimiento de las leyes vigentes, cuya sola aplicación sería soporte suficiente para una mejora sustancial de nuestra situación actual.
Sin más, la saludamos atte.
Pablo Grison secretario Adjunto
Marcelo Guagliardo secretario Gral
aten provincial
Frente a la violencia como método para resolver las diferencias
Es inevitable hacer referencia a lo ocurrido el miércoles 8 de abril a la salida del plenario en aten provincial, cuando algunos grupos de activistas agredieron a varios dirigentes de nuestro sindicato. Es ética y políticamente imposible no hacer referencia a los hechos de violencia que ocurrieron aquella noche. Imposible no recordarlo, imposible no decir algo al respecto.
Pero vayamos al hecho político: la agresión de parte de militantes que se proclaman de izquierda para quienes la resolución del conflicto sindical que venía protagonizando la organización sindical en su conjunto no fue como lo habían pensando. Cuando las asambleas dejaron de votar lo que ellos creían haber diagramado según la lógica de sus micropartidos, algunos militantes derraparon. Hubo un vuelco psicológico. Varios fueron los que volcaron su frustración en una loca histeria micro-sectaria.
No aceptaron que la asamblea de aten capital de ese miércoles -la más numerosa de la última huelga- aceptara la propuesta del gobierno direccionando la resolución del conflicto en un sentido que no esperaban. Y como era de prever se despertó la cólera. Sabemos que más allá de un lineamiento ideológico, el autoritarismo que allí se expresó es una actitud de vida; un sentir intolerante y antidemocrático que puede ser tanto de derecha como de izquierda. Pero claro está, es más fácil hablar de traiciones que son difíciles de argumentar desde lo racional, desde lo político, desde lo gremial que acatar las decisiones de las mayorías. Vale una pregunta entonces; ¿asistieron a la asamblea cientos de huelguistas que se traicionaron a sí mismos? Trabajadores reunidos en asamblea que traicionan. ¿Por que? ¿A quién?
No pueden. No pueden con sus dogmas. En realidad todo se resume en aquel famoso dilema de "el fin justifica los medios". ¿Y al que no le gusta se jode? No hay excusas. Tampoco reproches. Eso si. Hubo agresión hacia compañeros y compañeras por no coincidir en las estrategias o en las posiciones políticas. Apelaron a la agresión a ese enemigo declarado: "el traidor". Apelaron a la violencia física contra el que piensa diferente, acto infame y repudiable; agresión burda que no requiere más detalles que los que hemos dado
No queríamos desde este boletín gremial ser cómplices con el silencio. Quienes agredieron tienen nombres y apellidos, y entidad política como agrupaciones, partidos y tendencias. Son los mismos que en muchas ocasiones sacan a relucir una doble moral política, una doble ética. Son los que hablan en nombre de Carlos Fuentealba cuando no pueden sostener sus posiciones en nombre propio. Son aquellos que no tienen ni siquiera un poco de ética política en la disidencia coyuntural; les importa alimentar más su ego personal vanguardista que la construcción colectiva política gremial. Son los que hacen decir cualquier cosa a Carlos Fuentealba en un juego empático absurdo. Es inevitable hacer referencia a lo ocurrido el miércoles pasado a la salida de la epet 8 y del plenario. Aquellos protagonistas y sus cómplices dispuestos a ejercer la violencia y agredir a quien fuera; a "podrirla", como se dice el la jerga futbolera.
Para finalizar, y dispuestos a dar cualquier debate, desde atención decimos que siempre es tiempo de honrar y evocar la democracia -convencidos que está no existe en estado puro- que se respira y se practica en aten. Porque la verdad democrática es lo único que vale, tanto cuando las asambleas refrendan nuestras posiciones como -sobre todo- cuando las rechazan. En ésta y en las innumerables luchas que están porvenir, asumiendo nuestras responsabilidades. Nosotros como conducción de aten capital hemos elegido el camino de la lucha; como históricamente lo hizo este sindicato a lo largo de su rica historia. Sin lugar para teorías conspirativas posibles ni sectarismos de ninguna índole.
Es sabido que en aten como organización sindical, conviven agrupaciones gremiales con diferentes miradas y orientaciones, y otras que responden legítimamente, a los mandatos de los partidos políticos que representan. A lo largo de la historia de nuestro sindicato se han sucedido, y se seguirán sucediendo, en el marco de la democracia sindical que practicamos desde hace 27 años, conducciones de muy diferentes colores, con prácticas y modos muy diversos de hacer política gremial.
Hoy en día tenemos, por ejemplo, al interior del sindicato, algunos compañeros que están convencidos de que el gobierno de Sapag es mejor que el de Sobisch, por lo que es necesario tener mucha paciencia y no realizar acciones ni siquiera cuando nos pagan el aguinaldo en cuotas o los salarios con atraso, porque estaríamos debilitando al "bueno" del ministro Tobares y haciéndole el juego al sobichismo.
Otros compañeros, por ejemplo, creen que, como el sistema educativo es un desastre y nuestros salarios siempre son insuficientes, cuestión que todos compartimos, debiéramos estar con medidas de fuerza en forma permanente, y si no lo estamos es porque las conducciones burocráticas realizan oscuros pactos con el poder. Hay también quienes creen, que mientras nuestros alumnos no estén perfectamente vestidos y alimentados, tengamos 15 alumnos por aula y las leyes educativas vayan contra el sistema capitalista, no debemos dedicarle tiempo a pensar cómo mejorar nuestra práctica docente y la educación de nuestros niños y niñas. Paradójicamente, quienes hoy sostienen estas posiciones son los mismos que han participado activamente en el cambio de los planes de estudio de muchas escuelas secundarias de nuestra provincia y de la currícula del nivel inicial, mientras estaba vigente la Ley Federal de Educación.
Quienes conducimos actualmente la Seccional capital de aten venimos sosteniendo, desde que la asunción del actual gobierno provincial, que más allá de diferencias cosméticas, Sapag y Sobisch aplican la misma política. Por ello impulsamos, a principios de año, medidas de fuerza por recomposición salarial, propuesta que sostuvimos mientras la mayoría de los compañeros las acompañaron. De allí en adelante seguimos proponiendo, en forma permanente, distintas acciones contra la política gubernamental, como la movilización al Consejo de Educación del 27 de Mayo, las concentraciones frente a casa de Gobierno contra el pago desdoblado del aguinaldo durante las vacaciones de invierno, o los recientes retiros. Para el viernes 25 de septiembre organizamos, junto a los compañeros de Salud y de la Junta Interna del Banco Nación una Charla Debate y Conferencia de prensa explicando cómo los gobiernos intentan descargar la crisis sobre los trabajadores, a cargo de Eduardo Lucita (economista y miembro del colectivo economistas de izquierda) y Juan José González (Prof. de la facultad de Economía y Administración de la UNCo).
Además, en el terreno de la lucha por juicio y castigo, venimos intentando realizar en la calle, el 4 de cada mes, acciones por reclamo y exigencia de Justicia por nuestro compañero Carlos Fuentealba, acompañando a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que van a declarar todos los días a la fiscalía contra Sobisch. Este último 4 de setiembre nos movilizamos junto la comunidad mapuche contra la represión, así como el 4 de agosto habíamos realizado una actividad pública en el oeste de la ciudad (Godoy y Belgrano).
Como estamos convencidos de que los trabajadores de la educación somos trabajadores intelectuales y tenemos que revisar en forma permanente nuestra práctica docente, venimos impulsando diversas actividades de formación y perfeccionamiento; conferencias, charlas-debate, publicaciones y la aparición de la revista "Viento del sur", cuyo segundo número verá la luz, seguramente, en las próximas semanas. En este sentido, nos enorgullecemos, además, en convocar en esta oportunidad al 1er Encuentro del Nivel Primario en el IFD Nº 12 para los días 23 y 24 de octubre, con el objetivo de abrir espacios de debate que están faltando en dicho nivel desde hace muchos años.
No nos creemos ni los dueños de la verdad ni Mesías predestinados a salvar a nadie. Simplemente, trabajamos todos los días por los derechos de nuestros compañeros y por una escuela pública mejor. Lo hacemos en forma independiente de cualquier estructura partidaria, respetando las diferencias, convencidos de que la última palabra la tendrán siempre nuestros compañeros, en las distintas instancias democráticas de nuestro sindicato. Por ello y para finalizar vayan estas palabras a modo de pequeño balance de estos meses de conducción y lucha orgánica, como reafirmación de nuestro posicionamiento ante la lucha en los distintos ámbitos y terrenos: el de la calle y también el del aula.
aten capital 21/09/09

La huelga de aten es legítima. Se inició respetando los mecanismos orgánicos de la organización, Asambleas y Plenario; fue notificada oportunamente y se resuelve a partir de frustrarse toda posibilidad de respuesta por parte de su gobierno.
En aten deciden los trabajadores en Asambleas. Luego los dirigentes, electos democráticamente, llevamos adelante los mandatos que surgen de ellas. No es un problema de la dirigencia, como Ud. dice. El problema lo tenemos en las escuelas, con bajos salarios, precarización laboral y falta de respuestas a las demandas de las comunidades educativas de toda la provincia.
Los días de huelga no se descuentan. Así lo determinan los pactos internacionales que Ud. dice respetar y lo han expresado en reiterados fallos distintos juzgados en todo el país. Aún así, la decisión de descontar ha sido la forma de actuar de Menem, Macri y Sobisch, entre otros referentes nefastos de la política argentina. Nada hace ni ha hecho Ud. en concreto para evitar que se hiciera la huelga o se llegue a esta altura de los acontecimientos. ¿Le va a descontar también a los que nada hicieron para resolver oportunamente todos los problemas por los que muchos alumnos de Neuquén perdieron más de 30 días de clases, por falta de transporte, por falta de gas, etc.?
El paro tiene incidencia en toda la provincia. Nuestra medida se ha garantizado en toda la provincia. Y de ello da cuenta su propio gobierno, que tiene dificultades para realizar actos en localidades pequeñas sin recibir el reclamo por soluciones educativas. Su Ministro de Desarrollo Territorial (nada que ver con Educación) dijo que sólo había clases en las escuelas privadas. Es decir que se reconoce la alta adhesión a las medidas resueltas por aten en sus asambleas.
Aten no es violento. Este conflicto demuestra una vez más que la fortaleza de nuestra organización está en la capacidad de movilización y masividad. Esto se ha puesto de manifiesto en las marchas, caminatas y otras actividades realizadas en todo el territorio provincial. Miles de trabajadores se expresaron pacíficamente. El único acto de violencia o incitación a la violencia lo produjo un vocero de su gobierno, cuando mandó a quebrar el brazo a la dirigencia sindical de aten.
La provincia puede hacer frente a lo peticionado. Si tiene serios problemas para equilibra sus ingresos y egresos, deberíamos cobrar los 375 millones de los créditos otorgados por el IADEP y podría explicar el incremento en 30 millones del presente año a la educación privada.
El salario se discute en una mesa de negociación. Así lo hicimos siempre y estamos dispuestos a hacerlo otra vez. Sólo falta que Ud. demuestre interés en responder razonablemente a nuestros legítimos planteos.
El diálogo es entre dos, sino es un monólogo. El diálogo no se enuncia, se manifiesta con hechos concretos. Tampoco se trata de un diálogo en una reunión social de fin de semana largo, es la instancia de resolución de conflictos, y ahí se deben llevar propuestas.
El primer día de huelga se hizo después de 4 meses de negociaciones sin respuesta. El actual Secretario de Educación fue puesto en funciones el 1 de octubre de 2009 y nos convocó a reunión recién dos meses después, el 28 de noviembre del mismo año. Para ese entonces el Acta Acuerdo del 8 de abril del mismo año había sido cumplido parcialmente y ya planteábamos la grave situación de ISSN; la equiparación de los salarios familiares con Nación; los puntos para los maestros de grado; el pase a planta de auxiliares y administrativos y la recomposición salarial para el conjunto de los Trabajadores de la Educación. Nada de esto tuvo respuesta.
El ciclo lectivo 2010 inició sin paro. Nos reunimos antes de esa fecha, el día 16 de febrero y sus delegados nos expresaron que se esperaba el resultado de la negociación nacional. Luego nos convocaron recién el día 31 de marzo, 39 días después del inicio de las clases, casi 50 después de la reunión anterior y cuando ya se acumulaban 10 días de huelga. Allí su gobierno volvió a decir que no tenía propuesta y que esperaba ayuda de Nación. A esta altura sólo 4 provincias tenían conflicto. Luego, la siguiente convocatoria fue el día 8 de abril para ofrecer un 5%. Una propuesta parecida, aún mayor (7%) había ofrecido el gobierno de la provincia de Santa Fe antes de iniciada las clases, fue rechaza y luego mejoró su oferta hasta un 20%. Desde ese momento, no ha habido propuesta alguna para analizar, más que una convocatoria innecesaria e ilegal a una conciliación obligatoria.
Aten no cierra las escuelas, los trabajadores de la educación están todos de paro. Las Escuelas se cierran por falta de gas; por falta de agua; por la no limpieza de los tanques de agua; por no tener calefacción; por falta de cargos de auxiliares de servicio. Nuestros alumnos/as no pueden ir cuando no tienen transporte (más de 30 días escuelas período setiembre – mayo) o en la escuela no se les puede garantizar una copa de leche o un planto de comida. Las Escuelas de la provincia se cierran por sus políticas, no por aten.
Aten ha presentado un reclamo de recomposición salarial, en un porcentaje que es el que corresponde para recuperar el poder adquisitivo del salario que absorbió la inflación. El gobierno hace una propuesta que es 7 veces menor a nuestra pretensión y 4 veces menor a lo acordado, en promedio en todas las provincias argentinas. Con ello se demuestra la ilegitimidad de su propuesta, y adquiere notable razón nuestra respuesta como trabajadores.
La responsabilidad de garantizar la educación del pueblo de Neuquén es suya. Nosotros asumimos la defensa de la educación pública como un compromiso que se pone de manifiesto en cada escuela de la provincia. Ud. es el gobierno; Ud. es quien administra los recursos que son de todos; es Ud. quien fue elegido por mayoría para gobernar la provincia. Nosotros representamos a los trabajadores de la educación y cumplimos con nuestra función. Ud. cumple con la suya?
Expresamos una vez más nuestra voluntad de resolver esta situación. Para ello esperamos una propuesta seria y responsable.
Comisión Directiva Provincial/Neuquén, 29 de abril de 2010
Silvia Noemí Barco, Ilda Cristina Eguinoa, Débora Sales de Souza, María Paz Saavedra, Luciana Analía Sendón.
Los reclamos docentes se han hecho comunes “para una época del año”, el comienzo de clases. Con leves diferencias, todos los años el mapa del país se pinta de blanco en diversos lugares, con carpas, manifestaciones, reclamos. El tema a veces se hace odioso al oído de la gente común, que se expresa “cansada” de la huelga, de los días sin clases, de los eternos reclamos de los docentes. Y comienza la enumeración de los derechos, de unos y otros, derechos que se enfrentan y quieren jerarquizarse. ¿Qué está antes? ¿El derecho de aprender, de ir a la escuela, o el derecho de huelga, de reclamar por un sueldo digno? ¿Qué pasa cuando el ejercicio de un derecho lesiona el derecho de otros? Esta discusión es la primera en aparecer, y lo hace en la calle, en el supermercado, en las conversaciones cotidianas, porque el paro viene a trastocar el orden de la vida de la gente. A medida que
pasan los días, el conflicto se va agudizando y las distintas posiciones, -a favor, en contra-, polarizan la discusión. Hasta aquí, lo que podríamos llamar “normal” en la vida democrática. La política sindical trata de obtener consenso difundiendo las razones que obligan a tomar las medidas, para conquistar terreno frente a quienes tienen que solucionar la situación, los funcionarios del gobierno. Este es el juego de la democracia, donde las partes tratan de negociar y lograr acuerdos consensuados, se miden fuerzas, se gestan alianzas temporales o duraderas, se forma conciencia en la gente sobre las necesidades de los distintos sectores.
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Instituto de Formación Docente N° 12
Algunas conclusiones sobre el Seminario – taller: Comunicación, educación
y medios; nuevos desafíos
Una reflexión sobre el lugar de los medios en la construcción
de los sentidos que atraviesan la escuela.
Este seminario- taller se desarrolló en el Instituto de Formación Docente Nº 12 como parte de las actividades de extensión, entendiendo que ésta forma parte de nuestro trabajo como docentes y lo defendemos como espacio dentro de nuestras actividades de formación continua, gratuita y en servicio. Para ello, proponemos desde nuestro IFD la incorporación de la extensión en el desarrollo de nuestro trabajo cotidiano, para todos y todas las trabajadoras/es de la educación.
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| algunas conclusiones doc final.doc | 1.66 MB |
Neuquén, 4 de mayo de 2010
Al Sr. Ernesto Seguel
Secretario de Educación
de la Provincia de Neuquén
S……………../…………….D
Nos dirigimos a Ud. con la finalidad de dar respuesta a su nota del día 3 del corriente, notificada a las 22.45 hs. luego de la extensa reunión mantenida entre las partes.
Nuestra organización sindical ha presentado formalmente los planteos al gobierno en noviembre del año pasado. Desde ese momento y hasta la tercera semana desde el inicio del presente ciclo lectivo no tuvimos medidas de fuerza. Siempre hemos manifestado nuestra voluntad de dialogo y negociación, concurriendo a todas y cada una de las convocatorias cursadas por Ud.
No escapa a su conocimiento la grave situación del Sistema Educativo Provincia. Reclamos de equipos directivos y comunidades educativas por partidas, transportes, creaciones de cargos y horas, situaciones edilicias, etc. han sido una constante.
En este marco, la situación salarial, que ha sido tratada en todo el territorio argentino da cuenta de la necesidad de recomponer los salarios de los trabajadores de la educación. Tanto el sector público como privado discuten y en muchos casos han resuelto recomposiciones salariales entre un 18 y 25%.
Su gobierno ha ofrecido ante nuestro reclamo apenas un 5% (entre $73 y $143), luego de iniciado el conflicto. El rechazo a tan insuficiente propuesta era de esperar. Fue adelantado por nosotros en la mesa de negociación.
Transcurridas 9 semanas de conflicto, 27 días de paro y descuentos masivos cargados compulsivamente, su gobierno hace una propuesta: Si suspenden la medida, tenemos una oferta superadora para trabajar.
Reiteramos lo expresado en la reunión. Aten convoca urgentemente a sus Asambleas, en las 22 seccionales, ante una propuesta del gobierno, como lo hicimos con el 5%, cuando de antemano sabíamos de su rechazo.
No existe ningún elemento objetivo que pueda considerarse válido para aceptar suspender solamente como gesto. Nuestros gestos han sido muchos: inicio del ciclo lectivo; medidas progresivas; permanente voluntad de diálogo; ninguna posición intransigente que pudiera obstaculizar el proceso de negociación; etc.
Sus gestos hasta el momento han sido: dar intervención a la Secretaría de Trabajo; amenaza de multas y pérdida de la personería gremial, el inicio de un sumario administrativo a la organización para avanzar en ese sentido, descontar compulsivamente los salarios; utilizar los medios para descalificar nuestra función; entre otros.
Para finalizar, estamos dispuestos a hacer otro gesto: Convocar inmediatamente a nuestras Asambleas ante la presentación de la propuesta que dice tener en su nota. A tal fin quedamos a su disposición, una vez más para retirar la misma o de ser posible discutirla.
Pablo Grison/Sec. Adj
Marcelo Guagliardo/Sec. Gral
Neuquén, 14 de octubre de 2010
Al Señor Gobernador
de la Provincia de Neuquén
Dr. Jorge Augusto Sapag
S…………../…………..D
Nos dirigimos a UD. con la finalidad de expresar nuestra preocupación ante la falta de respuestas a los reclamos planteados oportunamente y que forman parte del Acta Acuerdo firmada el pasado 20 de mayo del corriente año.
En reiteradas oportunidades nos hemos comunicado con los funcionarios responsables de mantener las discusiones con nuestra organización. En esos encuentros, realizados entre junio, julio y agosto hubo compromisos que debían cumplirse.
Con relación al pase a planta de los 68 (sesenta y ocho) trabajadores auxiliares de servicio que integraban el listado de errores y omisiones 2008, cumplimos con la documentación requerida y que era exigida para el dictado del decreto correspondiente. De ellos y luego de cotejada la información, quedaron 57. Este trabajo se terminó el 30 de setiembre y hasta la fecha no hay novedad. En reunión mantenida con el Subsecretario de Gobierno Facundo Gaitan y el Secretario de Educación Ernesto Seguel, el compromiso asumido por el gobierno fue el cumplimiento de los acuerdos firmados con las distintas organizaciones. No obstante, aún no existe respuesta sobre el particular.
Otro de los acuerdos celebrados en el mes de mayo, consistía en tratar la relación salarial en los escalafones docentes de los distintos Niveles y Modalidades del Sistema Educativo. Por indicación de los funcionarios mencionados mantuvimos reuniones con representantes de Hacienda y del CPE (Vocales del Poder Ejecutivo). Allí se trabajó y se terminó en el mes de agosto una escala que ordena esa relación. Desde esa fecha y hasta el presente, no tenemos novedades de que se avance en los términos fijados por la mesa técnica.
Hubo un error en los cargos del Nivel Superior, (Cargos de Departamentos de Aplicación e IFD: Bibliotecarios, preceptores, etc.) el que fue corregido a partir de agosto, quedando aún sin resolver el correspondiente retroactivo al 1 de mayo, reconocido por las autoridades de educación firmantes del acuerdo.
Otro de los puntos que se plantearon en cada una de las negociaciones mantenidas fue la equiparación de las Asignaciones Familiares. No debe desconocer que nuestra provincia paga el equivalente a un 27% de lo que se abona a los trabajadores privados y a los de la administración Nacional. Esta situación deja a los hijos e hijas de los trabajadores de la administración pública provincial, de los tres poderes y municipios en una clara situación de discriminación.
A estos incumplimientos laborales debe agregarse la compleja situación que se vive en lo cotidiano en nuestras escuelas, por la falta de respuestas oportunas de los funcionarios del área. Cierres injustificados de escuelas rurales (caso Piche Neuquén y los Menucos); intento de cierre de carreras de formación superior (IPET Nº 1); falta de transporte; partidas de comedor, limpieza y mantenimiento tardías e insuficientes; falta de planificación en la provisión de gas en escuelas rurales y mal estado de las instalaciones en otras (Caso Zapala); problemas edilicios y de seguridad; son todas situaciones recurrentes a lo largo y a lo ancho de la provincia.
En muchas oportunidades hemos dado muestras de nuestra vocación de diálogo y solución de las situaciones en instancias de negociación responsable. Más aún, hemos priorizado mantener la prudencia en situaciones que pudieron volverse mucho más complejas, ante la dilación incomprensible de los conflictos.
Tiene hoy la posibilidad de demostrar que lo dicho en reiteradas ocasiones sobre la predisposición de su gobierno al diálogo, no es una muletilla ante la prensa. Pacientemente hemos esperado hasta hoy, habiendo presentado dos notas ante los funcionarios designados por UD. una respuesta que honre los compromisos asumidos.
Un dato más que abona la necesidad de restablecer las negociaciones, para cumplimentar los acuerdos previos y rediscutir la situación actual, es la recomposición que se han dispuesto para las dietas de los diputados provinciales, las que se han incrementado en un 22%. Si tenemos en cuenta que el promedio en el caso de los trabajadores de la educación no superó el 10%, existe una brecha que debe ser tratada en un marco de justicia y equidad.
Por lo tanto le solicitamos una urgente convocatoria a una mesa de negociación, para dar tratamiento a los temas pendientes y retomar la negociación con el fin de resolver oportunamente la discusión salarial con vistas al ciclo lectivo 2011.
Sin más y esperando un respuesta pronta lo saludamos atte.
Neuquén, 7 de julio de 2010
Al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
de la Republica Argentina
Dr. Carlos Tomada
S….………./…………..D
Nos presentamos ante Ud. con la finalidad de poner en su conocimiento la posición adoptada por la organización sindical con relación a la Res. Nº 568/10 emanada del Consejo Provincial de Educación y por lo tanto solicitar la declaración de su nulidad, por constituir la misma una práctica antisindical de la tipificada en el art. 53 de la Ley 23551.
Por esta norma los representantes del Poder Ejecutivo Provincial en el CPE, han modificado el Calendario Escolar Único Regionalizado (CEUR) el que se había aprobado por Resolución 2200/09, bajo pretexto de ser parte del acta acuerdo firmado entre nuestra organización y el Gobierno de la Provincia de Neuquén el pasado 20 de mayo del corriente año, como culminación de un largo conflicto laboral. Esta modificación implica entre otras cuestiones el recorte de una semana en el receso invernal.
La Resolución Nº568/10 incumple al acta acuerdo firmado entre las partes. La firma de estos instrumentos implica un acto de buena fe, la que debe plasmarse también en los actos posteriores. El acta firmada expresaba:
1) Que la recuperación de días y el consecuente pago de los mismos, se trabajará en el marco del Consejo Provincial de Educación, con la adecuación del calendario escolar para el presente ciclo lectivo, tomando como referencia la normativa vigente para el caso.
Este párrafo suponía una decisión unánime del cuerpo colegiado, que contemplara los planteos de las partes representadas en el mismo y la atención a la normativa vigente para el caso, que no es otra que la Resolución 476/07 del mismo CPE. En esta se determina una estrategia de recuperación de días y contenidos acordada por unanimidad luego del conflicto 2007. No es nada más ni nada menos que a lo que se refiere el acta cuando expresa “tomando como referencia la normativa vigente para el caso”.
El gobierno provincial, firmante del acta, a través de sus representantes en el CPE, impuso sin admitir debate alguno su posición con relación a la modificación del CEUR (Calendario Único Escolar Regionalizado). No sólo esto sino que desconoció el compromiso de plasmar en la misma el mecanismo de devolución de los días de paro efectuados.
En otro párrafo del acta se expresa:
Que atento el estado del presente conflicto y la mesa de diálogo habilitada en el actual estado de cosas, las partes se comprometen: al levantamiento de las medidas de acción directa que se están ejecutando y/o en vías de ejecución por parte de los trabajadores con aprobación de las asambleas y por parte del gobierno a la no aplicación de sanciones a partir de la fecha.
Aquí una nueva falta a la buena fe de quién negocia. De nuestra parte se dio cumplimiento a los compromisos asumidos: se levantaron de las medidas de acción directa que se estaban ejecutando y/o en vías de ejecución.
No obstante, el gobierno ha mantenido el estado del conflicto, con nuevos descuentos de días (los que luego de intensas gestiones fueron devueltos) generando un estado de caos y malestar entre los trabajadores; un alto nivel de agresión verbal mediática hacia la organización y hacia el conjunto de los trabajadores involucrados; ha provocado caos hacia lo interno de las instituciones educativas con órdenes y contraórdenes; ha cerrado injustificadamente horas de cátedra en áreas sensibles del Nivel Medio; etc. Todo esto lejos de colaborar con restaurar un clima propicio de trabajo institucional, ha operado en el sentido contrario.
No obstante lo expuesto, la presidente del cuerpo, señora Patricia Ruiz, ha desautorizado públicamente la norma resuelta unilateralmente por ella. En expresiones emitidas a la prensa que fueron ampliamente difundidas y nunca desautorizadas por la dicente, expresó con relación al cumplimiento de la resolución, que dependía de cada escuela, la que podía tomar decisiones propias según el nivel de acatamiento al paro que hubieran tenido.
De este modo ha generado incertidumbre y caos en todos los establecimientos de la provincia, ya que desarticula, atomiza y rompe con la unidad que debe tener el Sistema Educativo Provincial; generando un calendario escolar individual para cada establecimiento escolar con la finalidad de discriminar, sancionar y en su caso reprimir a los trabajadores que hicieron paro.
La recuperación de días y contenidos acordados no admitía actos arbitrarios, unilaterales y sancionatorios como el resuelto por la presidencia del CPE en clara violación del acta acuerdo firmado el 20 de mayo.
En el mismo sentido se agrava por el pronunciamiento del Cuerpo de supervisores/as de Nivel Primario, que consideran a la Res.568/10 como ilegítima e inaplicable, por los vicios graves generados por las expresiones públicas de parte de la Sra. Patricia Ruiz que contradicen el espíritu de la norma.
La información suministrada a la prensa y transmitida a los establecimientos educativos con relación a la Res. 568/10 por la Presidencia del CPE, en cabeza de la Sra. Ruiz, es demostrativa de que la medida persigue una finalidad sancionatoria, contrario al compromiso asumido por ella (su gobierno) en el párrafo mencionado del acta acuerdo firmada oportunamente.
Dejó en cada director o maestro o profesor, la decisión de trabajar o no una semana del receso, haciendo depender de ello la devolución los días descontados. Esto no se dice en la norma en cuestión, ni puede tenerse por modificación del CEUR como se pretende presentar en sociedad. De ser así debió ser para todo el Sistema, el cual claramente se ha visto afectado por todas las falencias edilicias, presupuestarias y laborares producidas durante esta parte del año.
Estos actos se enmarcan claramente en las acciones consideradas práctica antisindical de las previstas en los incs e) y j) del artículo 53º de la Ley 23551.
La recuperación de días nada tiene que ver, según la posición del gobierno, con la recuperación de los contenidos no impartidos, sino con la intencionalidad discriminatoria de sancionar e identificar a aquel trabajador que hizo ejercicio de los derechos sindicales. Es entonces una represalia por su participación en las medidas de fuerza convocadas legítimamente por la organización que los contiene, y que está legalmente reconocida.
Para finalizar, la Resolución Nº 568/10 no ha sido publicada en el Boletín Oficial, siendo una norma de alcance general y cuyo destinatario es toda la comunidad educativa. No tiene entonces, vigencia legal ni puede ser exigible su cumplimiento.
Por lo tanto, la organización sindical ha convocado a todos los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Neuquén a desconocer la Res. 568/10 por los argumentos antes mencionados, amparando a quienes adhieran a ratificar la vigencia de la Resolución 2200/09 (CEUR), por la que se fija el receso de invierno del 12 al 23 de julio.
Atte.
Pablo Grison Marcelo Guagliardo
Secretario Adjunto Secretario General
Hoy martes 4 de agosto se cumplen dos años y cuatro meses del fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuentealba, que se produjo por la orden de represión contra una protesta de ATEN que ordenó, planificó Jorge Sobisch y ejecutó hasta el final el cabo Darío Pobrete y la policía provincial que se encontraba en Arroyito aquel fatídico 4 de abril de 2007.
El actual gobierno del MPN encabezado por Jorge Sapag realizó sólo algunos cambios cosméticos en la Justicia, pero toda la estructura de de jueces y fiscales amigos creada por Sobisch para asegurarse no ser condenado en los tribunales sigue estando allí de manera monolítica. Ésta, y no otra, es la explicación del último fallo que dictó la Cámara contra la querella que encabeza nuestra compañera Sandra Rodríguez, impidiendo que Sobisch sea indagado.
Muchos en Neuquén se ilusionaron con que de la mano del dialoguista Jorge Tobares, el gobierno de Sapag sería sustancialmente diferente al de su antecesor Sobisch. Entre ellos, algunos compañeros al interior de nuestro sindicato. La realidad, por más que duela y resulte lamentablemente, está demostrando todo lo contrario, y sería bueno que quienes creyeron esto comiencen a admitir lo que es evidente: si para Sobisch las petroleras eran un aliado estratégico, y el gobernador se comportaba abiertamente como su defensor y gerente, Sapag directamente viaja a Buenos Aires a gestionar mayores ganancias para las petroleras con el dinero del aumento del gas domiciliario, a cambio... no de que se concreten los planes de inversión que han firmado y nunca han cumplido, ni de que exploren para tener más reservas a futuro, sino, simplemente, a cambio del compromiso, que pueden cumplir o no, de no despedir más personal en las empresas petroleras. Las nuevas ganancias, eso sí, están aseguradas.
¿Por qué se arrastra el gobernador en defensa de las petroleras y de su aliado el sindicato dirigido por el pragmático Guillermo Pereyra? Porque su estrategia económica es la misma que tenía Sobisch: seguir haciendo depender la economía de la provincia, casi exclusivamente, de la renta petrolera. Lo que, como todos sabemos, a largo plazo es una estrategia suicida para los habitantes de a pie de esta provincia, ya que los hidrocarburos en algún momento se van a terminar y va a ocurrir, en todo el territorio de Neuquén, lo que ya vimos en Cutral Có y Plaza Huincul después de la privatización de YPF.
¿Por qué el actual gobierno promete seguir favoreciendo a los bodegueros de El Chañar, y mantiene en el gabinete de ministros a su vocero Leandro Bertoya? Porque su política, igual que la de Sobisch, es seguir dándole créditos a los amigos, no utilizar la renta petrolera para asegurar un desarrollo sustentable y la distribución de la riqueza.
En este punto Sapag no sólo sigue lo actuado por Sobisch. También respeta una tradición familiar consistente en destinar gran parte del dinero del Estado para la realización de enormes obras públicas, como va a ser el faraónico Chihuido I.
¿Quiénes entonces ganarán dinero allí? Básicamente, las empresas que resulten adjudicatarias de las obras, sus contratistas y subcontratistas. Es decir, los históricos empresarios de la construcción - C.N. Sapag, Rivas, Roque Mocciola, por ejemplo- que se beneficiaron con los planes de vivienda y las anteriores represas. ¡Para que todo quede en familia!
Se trata de una historia por demás conocida y repetida hasta el hartazgo: en ella siempre ganan los poderosos y pierden los trabajadores. La diferencia entre Sobisch y Sapag es sólo de forma: mientras el primero nos provocaba con sus bravuconadas e insolencias, Tobares dice que nuestro reclamo es justo e invita a nuestros dirigentes a dialogar.
Así las cosas, esta semana los trabajadores de la educación volvemos a dar clases y en muchas escuelas siguen sin haber los elementos básicos de higiene que requieren para prevenir la pandemia de gripe en las cantidades necesarias. Un solo dispenser con jabón líquido para 500 alumnos, como hay en muchos establecimientos del centro y también del oeste, parece más a una broma de mal gusto que a una verdadera política de prevención sanitaria estatal. ¿Y el transporte en las escuelas especiales? ¿Se habrán olvidado de presupuestarlo? A todo esto le debiéramos sumar que las partidas de gastos generales y de limpieza siguen llegando a las escuelas por la mitad, agravando el panorama de abandono en la educación y también en la salud pública; el plan desde el Estado está completo.
Este jueves los docentes de ATEN tendremos asambleas en toda la provincia, donde vamos a considerar estas y otras cuestiones. Es muy importante que todos estemos presentes para poder definir allí cómo enfrentamos estas políticas, que aunque intenten presentarse como diferentes, son las mismas que en esencia, aplicó durante los ocho años anteriores el ex gobernador que mandó matar a nuestro compañero Carlos y que hoy protegen los jueces de Sapag. Queda en nosotros torcer esta historia y las que quieran imponernos.

Mientras en casi todo el país los trabajadores de la educación recibieron incrementos salariales para compensar, así sea parcialmente, la creciente inflación, en Neuquén el gobernador Sapag mantiene intransigentemente su negativa a hablar siquiera del tema. En su discurso en la legislatura volvió a pedir paciencia y moderación, como si nuestras compañeras y compañeros que no alcanzan a mantener dignamente a sus familias pudieran esperar hasta que a él se le antoje graciosamente otorgar un aumento.
El discurso del gobierno se basa en una serie de mentiras, como que el presupuesto de educación ya es muy alto, cuando en realidad, el MPN utilizó siempre el presupuesto educativo para asegurarle un salario a muchos de sus punteros. Así es que en la gobernación, los distintos ministerios y el Consejo Provincial de Educación se acumulan gruesas capas geológicas de ñoquis sin funciones claras, que a veces calientan sillas y muchas otras ni siquiera eso, a expensas del presupuesto educativo. Si esto alguna vez se blanqueara sabríamos cuál es el gasto real en educación.
¿Por qué decimos que el gobierno miente cuando dice que no tiene fondos?
Porque en el año 2009 la propia Ministra de Hacienda declaró que los ingresos se habían incrementado un 10%.
Porque la legislatura aprobó una reforma del código fiscal provincial que, este año, incrementará un 50% los ingresos por este concepto.
Porque el IADEP lleva casi 700 millones de pesos otorgados a empresarios amigos que nunca los van a devolver y sigue dando créditos. Porque el gobierno sigue autorizando exenciones impositivas a empresas petroleras como Capex.
Porque la provincia recibe cotidianamente de la Nación el dinero del fondo que se forma con las retenciones a la soja.
Porque, además, el dinero de las prórrogas de los contratos petroleros ya está siendo usada para gastos corrientes, aunque la ley no lo autorice. Y así podríamos seguir un largo rato.
Nos preguntamos entonces: ¿adónde fueron a parar los casi 300 millones que la provincia le debe al Instituto de Seguridad Social de Neuquén?
Nadie responde, y mientras tanto los prestadores están en pie de conflicto, a punto de cortar sus servicios y prestaciones.
Desde el gobierno nos quieren presentar ante la sociedad como vagos que no queremos ir a trabajar. Sin embargo, ATEN inició las clases y más de 20.000 chicos en toda la provincia no pudieron asistir por problemas edilicios que son responsabilidad del gobierno. En tanto el subsecretario de educación Seguel, para colmo, en lugar de hacerse cargo, salió a acusarnos de tapar intencionalmente los caños –sistema de cloacas- de las escuelas. En realidad, señor Seguel, somos los trabajadores de la educación quienes sostenemos con nuestro esfuerzo y trabajo cotidiano el sistema educativo. Le bastaría una simple recorrida por las escuelas para comprobarlo.
Una vez más, decimos que ¡“la plata está”!. Lo que no hay es la voluntad política de volcar esos fondos y recursos a las escuelas, hospitales, al salario de sus trabajadores estatales. Lamentablemente, el único camino que nos queda es el la lucha. El lunes 1º de marzo comenzamos: ahora, en cada escuela y en la asamblea de esta tarde debemos prepararnos para profundizar el plan de lucha.
El único responsable del conflicto es el gobierno de Jorge Sapag. Porque es mentira su voluntad de diálogo si no hay ninguna repuesta a nuestros reclamos.
Porque es mentira su pretendida seriedad cuando el sistema educativo es un verdadero caos. Porque es mentira que no tiene fondos cuando los ingresos no hacen más que incrementarse.
Una vez más, señor Gobernador, deberemos ser los trabajadores de la educación los que demos clase en la calle para desenmascarar todas y cada una de sus mentiras.
aten capital
3 de marzo de 2010
Ya estamos en la tercera semana de nuestro plan de lucha. Nuestros paros vienen teniendo un acatamiento altísimo, pero la situación en la provincia no hace más que agravarse. El corte de prestaciones de la Asociación de Clínicas y del Colegio Médico al Instituto de Seguridad Social de Neuquén se prolonga, dejando sin atención médica a casi 200.000 personas, entre los afiliados directos y sus familias. Comienzan a producirse situaciones de extrema gravedad, como la de un enfermo terminal a quien se negaron a internar en una clínica para realizarle la atención paliativa que corresponde, derivándolo al hospital regional, donde tampoco pudieron darle la atención que necesitaba por estar desbordados de pacientes.
Toda esta situación deriva de la deuda de aportes patronales que el estado provincial y varios municipios tienen con el Instituto, que asciende a casi 200 millones de pesos. En el Consejo Provincial de Educación siguen sin resolverse la creación de horas y cargos en muchas escuelas, como las del CPEM 34 de Neuquén. La EPET 19 de Plottier, que no tiene edificio propio, ni siquiera tiene hoy un espacio digno para funcionar. La escuela 356 sigue sin siquiera los trailers que le prometieron para sus nuevos alumnos. Y así podríamos seguir con la lista, que es extensísima.
¿Cómo calificar a un gobierno que permite que decenas de escuelas no hayan todavía comenzado las clases, que mira para otro lado cuando casi la mitad de la población de la provincia está sin atención médica por su exclusiva responsabilidad, que no envía el dinero para que los niños puedan alimentarse en los comedores escolares, que después de tres semanas de reclamos no dijo una palabra sobre la recomposición salarial que reclamamos, cuando en casi todo el país hubo arreglos salariales antes de comenzar las clases?
¿No es malversación de caudales públicos quedarse con los fondos que corresponden al Instituto, no es abandono de persona dejar morir sin atención médica a quienes teóricamente deberían proteger, o dejar sin alimentos a niños que los necesitan imperiosamente, no es una infamia y de una hipocresía feroz poner cara de piedra frente a todo esto como las cosas estuvieran en orden? De todo eso es responsable el gobierno de Jorge Sapag.
Lamentablemente, una vez más los trabajadores de la educación agrupados en ATEN tenemos que volver a dar clase de dignidad. Ayer, después de la asamblea, fuimos al Instituto a reclamar por el pago de la deuda y sus empleados nos apoyaron y se comprometieron a acompañarnos hoy en la calle. Este es un ejemplo que tenemos que lograr que se repita en todas las reparticiones públicas.
Necesitamos toda nuestra fuerza y la más amplia unidad para lograr nuestros objetivos: el aumento salarial, el pago de la deuda con Instituto, y el pase a planta de todos los auxiliares de servicio contratados. Este es el momento de redoblar el esfuerzo y multiplicar las voces: en toda la provincia tiene que resonar nuestro grito de dignidad, grito que tiene 27 años de historia y hoy, en la calle, tenemos que renovar para defender una vez más nuestro salario, la salud de nuestras familias y nuestras propias vidas.
comisión directiva
aten capital 17 de marzo de 2010
El gobernador Sapag insiste por los medios con que los derechos de los niños están por encima de todo, incluso por encima del derecho de huelga. Y se presenta como un gran defensor de la niñez indefensa supuestamente atacada por rebeldes maestras y profesoras que realizan paros en reclamo de mejores salarios.
Se trata, una vez más, de una burda mentira, de una completa hipocresía, de un engaño a la sociedad. ¿Por qué? Porque si de verdad defendiera los derechos de los niños y niñas, a las escuelas llegaría puntualmente el dinero para el refrigerio y los víveres secos. La realidad es que los chicos, en las escuelas del oeste, les piden a sus maestras el pan a que están acostumbrados en el primer recreo y no hay nada para darles. El picadillo, el dulce y otros productos que el gobierno enviaba a las escuelas no los mandan desde al año pasado.
Si le interesara el destino de nuestros niños y niñas no dejaría sin cobertura médica a los miles que se atienden por el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Acumulados ya casi 300 millones que el gobierno no deposita de los aportes de los afiliados, las clínicas y los médicos decidieron cortar las prestaciones. Muchos otros profesionales, como los psicólogos, hace rato que ya optaron por no trabajar más con nuestra obra social.
Si realmente quisiera que nuestros niños tengan clases, el 22 de febrero, día de inicio del ciclo lectivo, las escuelas hubieran estado en condiciones. Sin embargo, más de 20.000 niños no empezaron ese día, y varios miles todavía hoy no arrancaron por responsabilidad del Consejo Provincial de Educación. Entonces, cuando los trabajadores de la educación, cansados de reclamar sin ser escuchados, vamos al paro, el Gobernador se acuerda de los niños y niñas.
Protestar es nuestro derecho cuando el salario permanece congelado desde hace un año y el kilo de carne está por encima de los 30 pesos. Hacer paro es justo cuando lo que está en juego es la salud de nuestras familias y el ingreso de nuestros jubilados actuales y futuros. Manifestarnos es necesario cuando en casi todas las provincias hubo aumento salarial a los docentes, menos en Neuquén.
Es por ello, gobernador Sapag, hoy miércoles 10 de marzo seremos miles en la calle para decirle que deje de mentir y de utilizar a los niños para intentar desacreditar nuestra legítima protesta. Y, en la calle, le exigiremos que le explique a la sociedad que hizo con los 300 millones que le debe al Instituto, qué hace con el dinero del aumento de los impuestos y con todos los demás fondos que ingresan diariamente a la provincia de Neuquén.
Para finalizar decimos que la huelga es el recurso extremo que tenemos los trabajadores cuando no se nos escucha desde el Estado, cuando se intenta desprestigiarnos frente a la sociedad, cuando se nos miente descaradamente como lo hacen usted y sus funcionarios. Y la responsabilidad de que esto ocurra es toda suya y de su negativa a dar respuesta a un reclamo justo, legítimo y urgente.
Comisión directiva
aten capital
10/03/2010
marcha de compañeras y compañeras hoy miércoles 10 de marzo
por las calles céntricas de la ciudad de Neuquén.
El día martes 2 de noviembre, en el CPEM 54 del barrio San Lorenzo, se realizó la primera reunión del Espacio de discusión para una educación pública intercultural en Neuquén capital. A diferencia de lo que pretende el Foro Educativo que ha sido convocado por el gobierno `provincial, se discutió de cara a la comunidad: todas las familias de la zona fueron convocadas al debate, que se desarrolló alrededor de las situaciones reales que todos los días docentes, alumnos y padres vivimos en las escuelas.
Este trabajo que iniciamos no tiene plazos: se trata de crear un espacio permanente de debate y acciones para todos aquellos que en la provincia de Neuquén estamos de acuerdo con defender la escuela pública, gratuita y obligatoria. Y también se trata de un espacio de resistencia; al falso debate convocado desde el gobierno con el foro educativo, y al abandono que todos los días hacen las autoridades de las escuelas.
En estos días, justamente, se está demostrando lo que dijimos desde ATEN desde un principio: faltando pocos días para la finalización de los plazos fijados por el foro, y a pesar de las enormes cantidades de dinero gastadas en publicidad, prácticamente nadie ha participado del mismo. Se trata del fracaso de una política que intenta dejar a los actores principales del sistema, las instituciones educativas y los trabajadores de la educación, por fuera de un debate en el que naturalmente debemos ser actores centrales.
Por eso, reiteramos lo dicho desde un principio: la educación de nuestra provincia no necesita nuevas leyes, ni necesita tanta publicad paga para fingir que el gobierno está preocupado por el tema: necesita que se ocupen de ella todos los días y que escuchen a quienes la sostenemos cotidianamente.
Así como resistimos al foro con nuestros propios debates, también resistiremos cualquier intento de sancionar una ley que no fue precedida de ninguna discusión previa, y cuyo único objetivo (está a la vista) va a ser, legalizar y profundizar la existencia de una escuela pública cada vez más empobrecida y una escuela privada para quienes puedan pagarla.
Por eso, este editorial es también un llamado a la reflexión a las autoridades para que abandonen de una vez por todas esta política de destrucción de la escuela pública…y se ocupen realmente de la educación pública en nuestra provincia.
aten capital
editorial del microradial "El Pizarrón"
3 de noviembre de 2010.
Hoy Miércoles 28 de julio se publica en un diario regional los resultados de una encuesta sobre la imagen de la escuela pública entre la población que encargó la vicegobernadora de la provincia Ana Pechén, y como todo el mundo sabía ya sin necesidad de ningún trabajo especializado, los resultados son desfavorables.
¿Para qué se gasta dinero público en una encuesta de opinión cuyos resultados ya se saben de antemano? Evidentemente, con el objetivo de reforzar la política de desprestigio y destrucción de la escuela pública, que con una dedicación extraordinaria, viene llevando adelante el actual gobierno de la provincia.
Lo publicado en el matutino regional nos recuerda a las campañas de desprestigio que, a principios de la década del 90, se llevaban adelante desde el gobierno de Menem y desde los grandes medios de comunicación respecto de la telefónica ENTEL, y de la YPF estatal. ¡Qué mal que funcionan, qué malgasto de dinero, hay que privatizarlas!, nos decían, a coro, Bernardo Neudstadt y Mariano Grondona. Y, mientras tanto, desde el gobierno se creaban todas las condiciones para que estas empresas perdieran dinero y funcionaran cada vez peor.
Con la escuela pública en Neuquén está ocurriendo lo mismo. Al mismo tiempo que no hay ni miras de tener una política educativa coherente. Mientras se deben suspender clases día por medio por falencias edilicias. Mientras las partidas de mantenimiento no alcanzan para nada y mientras no hay ninguna política de capacitación docente continua, todo por absoluta responsabilidad del gobierno, es el mismo gobierno el que encarga estudios cuyos resultados son: ¡qué mal funciona la escuela pública! ¡Qué bien funciona la escuela privada! Y al mismo tiempo se destinan cada vez más fondos a las empresas que hacen de la educación un negocio y una mercancía.
¿Y quiénes son los malos de la película? Por supuesto, las y los trabajadores de la educación, que defendemos nuestras condiciones de trabajo, nuestros salarios y las condiciones de estudio de nuestros alumnos y alumnas. En lugar de realizar el censo educativo que desde hace largo tiempo reclamamos, para saber cuál es la situación real del sistema, se gasta dinero en encuestas de opinión que, lejos de buscar las causas de los problemas, pregunta sobre la imagen que tiene la población respecto del sistema educativo. En lugar de poner gabinetes psicopedagógicos se habla de los altos niveles de deserción. En lugar de poner maestros recuperadores y parejas pedagógicas en las escuelas primarias se habla de lo poco que los niños y niñas aprenden, en un contexto en el que el conocimiento es un bien social cada vez más depreciado. En lugar de organizar transportes eficientes para los niños y niñas que no pueden concurrir a la escuela, se habla de la gran cantidad de niños y adolescentes que están desescolarizados. Así de perversa es la política de este gobierno provincial del MPN.
Quienes todos los días sostenemos las escuelas sabemos perfectamente cuáles son los problemas y cuáles las soluciones. Pero no sólo no se nos pregunta sobre esto, sino que, todos los días se busca nuestro desprestigio social, con un único objetivo: la destrucción de la escuela pública y el debilitamiento de ATEN, la organización y el colectivo social que defiende la educación pública.
Es por eso que, debemos luchar todos quienes estamos interesados en sostener la escuela pública, docentes y comunidad educativa, para que esta política no siga avanzando.
aten capital
28 de julio de 2010

diario rio negro 29 de julio de 2010
A usted, gobernador Sapag, no le importa terminar con este conflicto. Por eso hace ofrecimientos miserables que no tienen en cuenta para nada lo que estamos reclamando, para exigirnos el levantamiento del paro sin nada en la mano.
A usted, gobernador Sapag, no le interesa la escuela pública. Por eso sigue sin enviar víveres a las escuelas, sin contratar un servicio de emergencias para los chicos que se lastiman, sin arreglar los edificios rotos, sin imprimir siquiera los títulos de los egresados de los distintos establecimientos.
Usted, gobernador Sapag, no gobierna nada. A usted lo gobierna Jorge Sobisch, y de usted para abajo, toda su gestión es caos y confusión. Apenas una montaña de funcionarios parásitos que viven de hacer sus negocios particulares con el dinero de todos, y que lo último que les importa es el destino de los habitantes de esta provincia.
Usted y su partido, el MPN, tienen un único objetivo: arrinconar y derrotar al único sindicato que en esta provincia les hace frente desde hace décadas. Cree que nos va a cansar o desmoralizar.
Se equivoca, gobernador Sapag, no se imagina cuánto se equivoca. Está peleando contra los compañeros de Carlos Fuentealba, los que estuvimos en Arroyito el 4 de abril del 2007. Los mismos que, en 1997, impedimos la entrada de la Ley Federal de Educación a esta provincia de la mano de su tío Felipe. Los mismos que, en el 2006, cerramos los caminos a los yacimientos petroleros para conseguir nuestro primer aumento salarial en 14 años. Somos miles de mujeres y hombres que ya sabemos lo que es el descuento de los días de paro, y no nos asustan.
Si con su amigo Sobisch pensaron, en el 2007, que nos mataban a todos cuando fusilaron a nuestro compañero Carlos, ya le demostramos, el año pasado y este, que acá estamos, más vivos que nunca. Si el lunes pensó que nos desmoralizaba no ofreciendo nada, se volvió a equivocar: gran parte de las escuelas siguen paradas.
Tenemos algo muy valioso que ni usted, ni sus funcionarios, ni sus punteros, ni sus empresarios amigos conocen siquiera: dignidad, mucha dignidad. Y con esa dignidad vamos a seguir la lucha sin darle tregua.
Por una vez reflexione, gobernador Sapag: no hay escuela en Neuquén sin los trabajadores de la educación, y ATEN es nuestra organización. Sea realista: no va a quebrar a nuestro sindicato. No lo intente más: resuelva este conflicto de una vez.
aten capital
La amenaza del gobernador Jorge Sapag, de ser severo ante cortes de ruta, empeora las cosas en una provincia con innumerables problemas sociales y económicos sin resolverse.
Por Marcelo Pascuccio
Independientemente de si tiene que ver con la condena de gobernadores y la presidenta a los cortes de ruta; independientemente si tiene relación con que el candidato a gobernador y diputado nacional Horacio Quiroga corrió por derecha a todo el arco político pidiendo que cada uno diga de que lado está ante el tema; o si el mensaje tiene un destinatario en la interna del partido, el anuncio del gobernador Jorge Sapag sobre el endurecimiento del gobierno ante los cortes de ruta, es el peor camino.
Sapag advirtió que será más “severo” con los cortes y anunció que se negará a negociar con los manifestantes mientras mantengan dicho método de protesta. Sobre el corte de ruta como forma de reclamo dijo Sapag, “es perverso y ocasiona un gran daño principalmente en zonas turísticas generando la perdida de inversiones”.
En realidad no es una novedad en un país en que los gobiernos suelen privilegiar el derecho a la actividad privada por sobre cualquier otro derecho. Lo novedoso es que se proponga un enfrentamiento entre los habitantes, por lo menos esto sugiere el gobernador de Neuquén en otra parte del mismo discurso, cuando convocó a la población a “darle un fin entre todos” a los cortes de ruta, “no solamente desde el Estado, sino también desde las organizaciones de la sociedad”.
El peligro deviene en que el gobierno provincial no da soluciones a profundos problemas que esperan ser resueltos: hay miles de subsidios por desempleo y programas que no se pagan y que en algunos casos registran atrasos en los pagos de hasta 5 meses -en este caso sí es verdaderamente perverso que a los que menos cobran se les pague con 150 días de atraso-; miles de personas enfermas no encuentran cobertura en el sistema público de salud, otros tantas afiliadas al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) tampoco; comunidades originarias y campesinas amenazadas con ser desalojadas para dar lugar a empresas petroleras, mineras y grandes terratenientes, y los futuros tarifazos que Sapag pidió para que las petroleras facturen más y así aumente lo que vuelve a través del flaco 12% de regalías son sólo algunos de los motivos por los que la gente tiene derecho a quejarse.
Si ante esta realidad el gobierno dice que nadie se queje cortando la ruta y el diálogo que dice tener la gestión no resuelve los problemas, ¿cual será la forma para ejercer el derecho a reclamar vivienda digna, trabajo genuino, asistencia social y salud pública?
El corte de ruta suele ser la medida extrema tomada luego de intentar todos los otros caminos, pretender que dicha protesta no moleste es al menos una ingenuidad. La medida extrema tiene en su concepción, ante todo, molestar para ser escuchado, para hacer visible la denuncia de un derecho esencial vulnerado.
El choque de derechos
Resulta ya un lugar común el argumento de que el derecho al reclamo no puede cercenar el derecho a transitar. Habrá que decir que ningún derecho es absoluto y en todo caso nadie debe arrogarse la potestad de ser quien defina cual de los derechos es más importante, al menos sin estudiar cada caso particularmente.
Roberto Gargarella, Doctor en Derecho y prestigioso profesor de Derecho Constitucional de la UBA, escribió para Página 12 sobré cómo el derecho debe actuar al respecto, “Según entiendo, el derecho debe tomar en cuenta fundamentalmente dos criterios al momento de decidir en tales situaciones de protesta. Primero, debe prestar atención a la gravedad del derecho afectado (el derecho que da razón a la protesta). Segundo, debe examinar qué alternativas razonables tiene el grupo que protesta para hacer conocer a los demás -y especialmente a las autoridades públicas- dicha afectación de derecho, y favorecer así el remedio de la situación que padece.”
La primera pregunta que nos propone y propone a los jueces Gargarella, sobre los derechos vulnerados que dan razón a la protesta, convengamos, no está incorporada en el análisis de periodistas, políticos y jueces ante un corte de ruta. Se suele reducir la visión del hecho a expresiones tales como, “aquí se cortó una ruta y por ende se ha cometido un delito” o “aquí hay un corte de ruta que impide el derecho al tránsito”. Al respecto Gargarella concluye, “no significa que los desempleados puedan protestar de cualquier modo, en cualquier caso: otra vez, importará conocer, siempre, los detalles del caso. Pero tampoco se infiere que los automovilistas no tengan derechos. No, lo que se afirma es lo opuesto: los jueces no pueden actuar como si sólo ellos los tuvieran.
Fuente: www.8300.com.ar
No solo no hay ganadores, sino que todos pierden
Entrevista con Eduardo Lucita*
¿Qué balance haces frente a las elecciones en la CTA?
Todo es muy provisorio, no hay datos definitivos, pero mi primera impresión es que sale debilitada. Por un lado los enfrentamientos internos y las maniobras y tergiversaciones de uno y otro lado, ponen en tela de juicio la legitimidad de la próxima conducción, cualquiera sea. Por otro lado porque lo que se anunció como “…el hecho político del año” terminó en un fiasco. Se esperaba una votación del orden del 25 al 35% del padrón, los datos finales muestran que no roza el 20%. Más llamativo aún es que en valores absolutos, según dicen integrantes de la CTA, votó menos gente que hace cuatro años atrás. Habría sido muy pobre el aporte de los movimientos sociales. La escasa participación alcanzó también a los grandes gremios sobre la que se estructura la Central. No tengo datos precisos, pero la recientes elecciones en CTERA pueden considerarse un anticipo, oficialmente participó un 40% del padrón, pero en todas aquellas seccionales que hubo fiscales de la oposición la participación no superó el 28%, En cuanto a ATE cuyo padrón es mas o menos la mitad del de docentes, la elección en Capital, un bastión de la lista 1, es una muestra: pronosticaban unos 8000 votos de estatales solo fueron 4000, de un padrón de 16.000.
Habrá que esperar un tiempo para conocer el porqué de este comportamiento, sobre todo porque se trataba de la primera elección en que había confrontación real.
¿Vos que pensás?
Arriesgando una opinión, siempre provisoria, creo por un lado esto puede ser expresión del retroceso que se verifica en los movimientos territoriales, también que el clientelismo político no funcionó, los afiliaron de último momento vaya uno a saber con que métodos, y no votaron. Por el otro puede ser una muestra que a nivel sindical hay un fuerte divorcio de las conducciones con las bases, los dirigentes se han autonomizado. Esto fue muy claro en al menos uno de los debates televisivos, donde los dos referentes polemizaban en código de su disputa de aparatos. Sin hablarle a la gente, sin dirigirse a sus afiliados, sin proponerles nada concreto, incluso sin mirar a las cámaras. Profundizando el análisis es posible pensar que la enorme desconfianza, la crisis de representatividad que explotó en el 2001, tuvo aquí otra de sus manifestaciones.
¿Qué se disputaba en esta elección?
Cómo pararse frente al Estado, porque el gobierno de turno es circunstancial. Sin embargo un debate tan chato favoreció la estrategia del kirchnerismo de polarizar todo en todos los ámbitos. La discusión entonces remitió a si se está a favor o en contra del gobierno. Caer en esta lógica tiñe todo, tiene un horizonte absolutamente cortoplacista, no hay una perspectiva obrera, sindical, social, clara.
Otra discusión más estratégica: qué tipo de central construir. El sector encabezado por Yasky pareciera plantear una central sindical que se afirma en los trabajadores ocupados, que tiene política para los desocupados y los diversos movimientos socioculturales, pero el centro es el movimiento obrero sindicalizado. El sector de Micelli plantea una central de trabajadores, de composición más heterogénea, se apoya en la fragmentación y considera con el mismo peso a los distintos sujetos. Es una versión menos elaborada de esto que ha emergido en la posmodernidad del sujeto plural, donde la relación capital-trabajo tiende a diluirse y la centralidad del trabajo también.
¿Y la izquierda?
Los resultados de la izquierda partidaria fueron los que se podía esperar. Una vez más privilegiaron sus políticas de autoconstrucción por sobre las necesidades reales de los trabajadores. Presentar una lista unitaria tampoco hubiera significado gran cosa, pero al menos se hubiera evitado el bochorno de tres listas que nadie entiende cuales son las diferencias.
En general, los sectores de izquierda caracterizan a las listas mayoritarias como dos expresiones del reformismo. En realidad eso es una tautología porque el sindicalismo es reformista por naturaleza, su misma existencia corrobora la disputa capital-trabajo y su necesaria mediación. Creo que eso obnubila mucho a la izquierda. Es producto de una concepción a mi juicio errónea de la independencia de clase, que es un concepto político que no se resuelve en el plano sindical, pero nuestra izquierda lo ve como un paso previo al partido, sino como el partido mismo. Más allá de una discusión teórica, no tienen en cuenta lo que es el populismo en nuestro país, el peso que tiene en la clase obrera más de medio siglo de peronismo. Confunden independencia con autonomía social frente al Estado, de ahí a ver que en una elección sindical está en juego la independencia de clase hay un solo paso. Pero esto no se resuelve con presentar una lista propia, o unitaria de todos los sectores que se consideran clasistas. Cualquier estructura sindical tiene que relacionarse con el Estado, el problema es cómo, ahí es donde está en juego la autonomía.
Nada impide construir una corriente anticapitalista de independencia de clase al interior de una central y hacer las alianzas necesarias para la lucha reivindicativa y la autonomía, incluso en los momentos electorales. Ahora, esta coyuntura resultó un juego de suma cero. Por razones que conocemos Yasky es indigerible para muchos sectores y después del conflicto por la Resol.125 (a mi juicio un parteaguas en la política nacional) hacer acuerdos con la lista encabezada por Micelli, mucho más combativa y luchadora, presentaba dificultades serias. No casualmente se juntaron allí casi todos los que en el apoyo a los pequeños productores terminaron arrastrados por la Sociedad Rural. Conclusión: una situación sin salida.
Afortunadamente algunas corrientes independientes que hicieron esfuerzos para presentar lista nacional finalmente desistieron y se presentaron solo localmente. Fue una lectura acertada de la realidad.
¿Qué perspectivas le ves a agrupamientos como Rompiendo Cadenas, que intentan desarrollar otra política sindical, otra construcción de base?
A mí me parece que son todos intentos válidos, muy valorables en una relación de fuerzas tan desfavorable como la actual. RC esta sostenida por construcciones reales de cierta importancia en lo local y dirigentes reconocidos, pero también por una concepción democrática y de respeto a las diferencias y como procesarlas, pero por ahora no logra una expresión nacional. No se me escapa que muchas veces sostener construcciones locales condiciona y limita los avances, pero alcanzar expresión nacional no sólo requiere sumar otros sectores, sino pasar del reivindicacionismo a la política. Y ahí veo en todas estas corrientes un déficit. En estas elecciones por ejemplo yo no conozco, no quiere decir que no los hubiera, posicionamientos sobre que tipo de central a construir o como parase frente al Estado. Y esto es importante porque si hay en danza un debate y vos no entras en ese debate ¿cómo dialogas con la gente? ¿sólo diciendo “hay que luchar”, “no a la claudicación y al reformismo”? Así no se hace política, menos cuando tenemos enfrente un gobierno que hace política todos los días y fija un piso a las discusiones. Yo veo un déficit muy grande en este sentido. No hay un debate que tome la agenda de los problemas en curso, porque con el 82% o la deuda o el aumento de salarios o la precarización... no alcanza. El economicismo muchas veces no permite elevar el nivel de discusión política. Muchas son discusiones interburguesas, pero eso no siempre implica indiferencia de los trabajadores a como se resuelvan, ni que se priven de intervenir.
¿Cómo ves a la CTA de ahora en más? ¿Y a la constituyente social?
Por ahora no conocemos los resultados finales y quien será el ganador, pero nadie sale bien parado. La débil elección de la lista 10 es una advertencia para el gobierno que apostó fuertemente, y la pobre elección de la lista 1 puede ponerle límites al proyecto político de De Gennaro, pero además pone en crisis también a las instancias mas ligadas a las bases, como las CCII y CD, la gente no respondió a sus convocatorias a participar, con excepciones como Subtes. Además este lío de acusaciones, de manejos turbios de las cifras, que ambas listas se proclamen ganadoras, resta credibilidad a la próxima conducción. La legitimidad de la CTA esta herida y nada menos en el punto donde hacían gala de fortaleza: la cuestión democrática y la transparencia. Es de esperar que todas las listas reflexionen sobre esto, yo noto un gran desánimo en los sectores juveniles de la Central, ven esto como una gran truchada de los dos lados. Mientras, Moyano se refriega las manos.
Si las dos listas se mantienen en sus trece y alguna no reconoce la decisión del tribunal arbitral, al menos por un tiempo puede haber dos CTA. Aunque también es probable que no se rompa y siga como fue los últimos dos años, independientemente de quién asuma la conducción cada tendencia continuará en la suya y la unidad resulte solo ficción. Porque estos debates que ahora se conocieron públicamente hace tiempo que se dan a puertas cerradas.
Hay que ver como impacta la pobre votación en la fracción degennarista. Una posibilidad es que se aferren a la línea de la Constituyente, con reuniones y asambleas locales y más allá de que pueda ser usada como base de lanzamiento político de un sector, creo podrían convertirse en organismos de debate y deliberación no despreciables en una coyuntura de debilidad relativa, tal vez la izquierda debiera prestarle más atención. En mi época se decía aprovechar la espontaneidad que otro generan.
Buenos Aires, septiembre 25 de 2010.
* integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda. Colaborador de la CPS “Rompiendo Cadenas”
ELECCIONES DE LA CTA 2010
Transcribimos a continuación, de manera textual, el comunicado conjunto de la Lista 10 y la Lista 1.
Vea aqui la Conferencia de Prensa del 27-09-2010 de Hugo Yasky acerca de las Elecciones de la CTA 2010.
"A las Compañeras y Compañeros que participaron de la Elección del 23 de septiembre y a la Opinión Pública en general los abajo firmantes expresamos:
1- Que siendo todos compañeros que hemos compartido un paso en común en la construcción de la CTA, y siendo parte del campo popular;
2- Y que más allá de las distintas cifras que cada una de nuestras listas maneja;
3- Nos comprometemos a acatar el resultado definitivo que surja de las dos instancias de las resolución que son la Junta Electoral Nacional y el Comité Arbitral como última instancia;
4- Que independientemente del resultado final nos comprometemos a quedarnos dentro de la Central y a seguir consolidándola".
Adolfo Aguirre - Pedro Wasiejko - Pablo Micheli - Hugo Yasky
Conferencia de Prensa del 27-09-2010 de Hugo Yasky acerca de las Elecciones 2010.
Neuquén, 12 de enero de 2010.-
El 15 de diciembre ppdo, se realizaron las elecciones para renovar los representantes docentes en: Vocalía Rama Media Técnica y Terciaria; Vocalía Rama Primaria Inical y Especial, Juntas de clasificación de Rama Primaria, Adultos y Media y de la Junta de Disciplina. El triunfo de la lista gremial fue abrumador. Correspondiendo a nuestra lista la representación de la totalidad de los cargos en disputa, con la única excepción de la minoría de la Junta de Clasificación de Adultos, en las demás Juntas a la lista gremial le corresponden los tres cargos en disputa.
Este proceso electoral termina el viernes 08/01/10 con la emisión del dictamen de la Junta Electoral Docente, este dictamen se aparta de lo expresamente estipulado por la normativa con la cual fue convocada la elección. Esto provoca una discusión por la representación del tercer titular en la Junta de Clasificación de Rama Media porque le otorga a la Lista oficialista Nº 2 un representante, sin haber llegado al piso que le exigen la Ley 1597 y la Rs 1607/84.
Por este motivo hemos presentado un recurso ante la Junta Electoral Docente.
A continuación el texto
Pablo Grison
Secretario Adjunto
aten
Al Presidente de la
Junta Electoral CPE
Prof. Claudio Adrián Luengo
Quien suscribe, Pablo Grison DNI 14.326.985, con domicilio legal en Alcorta 863 de la ciudad de Neuquén Capital, a los 11 días del mes de enero de 2010, en mi carácter de apoderado de la Lista 1 Gremial, ante esta junta me presento y digo:
OBJETO
Que vengo por la presente a impugnar el Dictamen Nº 15 con relación a la proclamación de los representantes elegidos el último 15 de diciembre para Vocalías de Juntas de Clasificación y Disciplina, en particular la afectación y el perjuicio objetivo producido a mi lista en Junta de Clasificación Rama Media, como consecuencia de la arbitraria y discrecional interpretación de esa Junta por mayoría, según surge del Acta Nº 37, con relación a las normas que rigen el acto electoral convocado por la Resolución Nº 1495/09 del Consejo Provincial de Educación de la provincia de Neuquén.
Rechazo la base de calculo utilizada para obtener el 25% requerido por el articulo 2ºde la ley 1597, impugnando por ello mismo la decisión de asignar el tercer miembro de Junta de Clasificación Rama Media a la lista perdedora, RECLAMANDO SE ASIGNE ESE CARGO A ESTA LISTA 1, en base a los siguientes argumentos.
FUNDAMENTOS
El articulo 2º de la ley 1597 expresamente dice: “SISTEMA ELECTORAL A)La elección de los miembros de las Juntas de Clasificación y de la Junta de Disciplina se efectuará simultáneamente en los períodos que fija la presente. Se hará a simple pluralidad de sufragios, correspondiendo dos (2) representantes a la lista pertinente que hubiere obtenido el mayor número de votos y un (1) representante a la que le siguiere. En caso de presentarse una lista única, o que los votos obtenidos por las restantes listas no alcancen el 25% del total de los VOTOS EMITIDOS, los tres cargos se adjudicaran a los candidatos de la lista ganadora”
Ello claramente indica que para que la lista perdedora pueda acceder al tercer cargo, debe haber obtenido al menos el 25% de los VOTOS EMITIDOS, que son TODOS LOS VOTOS INTRODUCIDOS EN LAS URNAS, sin importar si luego fueron recurridos, impugnados, declarados nulos, en blanco o positivos.
Obsérvese que esta cuestión no es materia opinable, ya que para ello se dictó la Resolución Nº 1607/84 reglamentaria de la Ley 1597 del mismo año para que no exista ningún conflicto ni controversia sobre el texto de la misma. Por ello en su articulado, extenso por cierto, profundiza todo el procedimiento a fin de no dejar situaciones a la interpretación de las Juntas Electorales. En el tema en cuestión, en el artículo 48º dice: Votos Emitidos, Nulos, Impugnados y en Blanco. “…Emitidos son todos los votos depositados en la urna por los votantes registrados en el padrón respectivo”.
Es decir, no hay margen alguno para interpretar otra cosa que no sea la expresamente reglada en las normas por las que se ha convocado a esta elección. La convocatoria se ha hecho según el procedimiento previsto en la Ley 1597 y la Resolución 1607/84, por lo que modificar las reglas de la compulsa al momento de la proclamación, constituye una flagrante violación a la legislación vigente para el proceso electoral en curso.
La lista perdedora entonces, debe sacar el 25% del total de los votos, cosa que en el caso particular de la Junta de Clasificación Rama Media, implica una suma de votos de 1290 sobre un total de 5160 emitidos, piso al que no llega la lista perdedora, ya que la suma total alcanzada (según Dictamen Nº 14) es de 1224 (23,72%) por lo cual, la adjudicación del tercer cargo a la misma RESULTA ABSOLUTAMENTE ILEGAL. Aún más podríamos interpretarlo como una forma de violentar la voluntad expresada por los votantes, ya que incluso se han computado y asignado votos declarados nulos por las autoridades de mesa, revisión que no corresponde a la Junta Electoral, teniendo ésta únicamente asignada la función de revisar votos recurrido o impugnados.
Hace cuatro años, Ud. también como Presidente de la Junta Electoral en aquella oportunidad, se aferró a la misma conclusión, antojadiza para nosotros, que hoy pretender aplicar. En ese momento el CPE dictó la Resolución 078/06 donde se dejaron sin efecto los dictámenes donde se argumentó de la misma manera como se lo hace hoy.
RESERVA
Hacemos reserva de accionar judicialmente ante el rechazo de este recurso, que constituirá una gravísima violación del régimen electoral y producirá a esta Lista un gravamen irreparable.
PETITORIO
Por todo lo expuesto, se aplique el articulo 2 de la ley 1597 y su reglamentación Resolución Nº 1607/84 y se adjudiquen los tres cargos a los candidatos de la lista ganadora en la Junta de Clasificación Rama Media.
Pablo Adrián Grison
DNI 14326985
Apoderado Lista 1
Compañeras y compañeros:
Hoy luego de concentrar frente a la casa de gobierno fuimos recibidos (secretarios generales y comisión directiva provincial) por el ministro Tobares, a quien le planteamos los reclamos y preocupaciones de los trabajadores de la educación 1- Falta de pago de Aguinaldo. 2- Deuda de aportes patronales al ISSN. 3- Política sobre transferencia de cajas jubilatorias a nación. 4- Firma del decreto de pase a planta de 103 Auxiliares de Servicios.
Las repuestas del Ejecutivo fueron:
1- El gobierno informó que no tiene fecha de pago del aguinaldo. El gobernador estaría gestionando fondos ante nación .El martes el gobierno informaría la forma y fecha de pago. De no conseguir recursos no descartan el pago en cuotas. Frente a esta situación mañana se convoca a conferencia de prensa de la CTA a las 11 de la mañana. Si el ejecutivo no paga en forma inmediata y completa el aguinaldo marcharíamos el día jueves con el conjunto de los estatales.
2- El gobierno atribuye la demora en el pago de los aportes previsionales a problemas financieros, e informó que en el mes de julio se harian mayores transferencias, y que se acordaría la forma de cancelación de la deuda. En este sentido habria una convocatoria en el ISSN a los consejeros gremiales. Seguimos denunciando esta política que en el pasado conformó una deuda histórica de mas de 200 millones de dolares, finalmente condonada por la legislatura en los años 80.
3- El ministro Tobares descartó que el gobierno tenga la intención de transferir la caja jubilatoria a la nacion como ha sucedido en la mayoria de las jurisdicciones. Reclamamos que esta posicion sea de caracter público ya que la suma de hechos como la falta de aportes patronales, las retenciones de coparticipacion de 480 millones para jubilaciones nacionales, las demoras en otra politicas comprometidas como farmacia social, ampliación del vademecum, hacen que los trabajadores estemos alertas para enfrentar esas políticas de transferencia que ya se intentaron en los 90 y mas recientemente con el convenio 49 de nacion del año 2006.
4- En relación al decreto de los 103 compañeros Auxiliares de Servicios nos informaron que solo falta la firma del gobernador y que en esta semana se concretaría. Exigimos que los distritos cuenten con fondos suficientes para hacer las reliquidaciones o liquidaciones manuales que permitan que estos compañeron cobren a fin de mes, como en todos los casos que no sean liquidados correctamente los salarios. Esta situación es muy grave en los distritos 2, 6 , 8, y 10.
Permíteme, querida amiga, que inicie este libro dirigiéndome a ti para rendirte tributo de admiración y para encomendarte el destino de estas páginas. Te llamo "amiga" y bien puedes ser desde luego "amigo", pues a todos y cada uno de los maestros me refiero: pero optar por el femenino en esta ocasión es algo más que hacer un guiño a lo políticamente correcto. Primero, porque en este país la enseñanza elemental suele estar mayoritariamente a cargo del sexo femenino (al menos tal es mi impresión: humillo la cerviz si las estadísticas me desmienten); segundo, por una razón íntima que queda aclarada suficientemente con la dedicatoria de la obra y que quizá subyace, como ofrenda de amor, al propósito mismo de escribirla.
En lo tocante a la admiración, tampoco hay pretensión de halago oportunista. Vaya por delante que tengo a maestras y maestros por el gremio más necesario, más esforzado y generoso, más civilizador de cuantos trabajamos para cubrir las demandas de un Estado democrático. [...]
Actualmente coexiste en este país -y creo que el fenómeno no es una exclusiva hispánica- el hábito de señalar la escuela como correctora necesaria de todos los vicios e insuficiencias culturales con la condescendiente minusvaloración del papel social de maestras y maestros. ¿Que se habla de la violencia juvenil, de la drogadicción, de la decadencia de la lectura, del retorno de actitudes racistas, etc.? Inmediatamente salta el diagnóstico que sitúa -desde luego no sin fundamento- en la escuela el campo de batalla oportuno para prevenir males que más tarde es ya dificilísimo erradicar. Cualquiera diría por lo tanto que los encargados de esa primera enseñanza de tan radical importancia son los profesionales a cuya preparación se dedica más celo institucional, los mejor remunerados y aquellos que merecen la máxima audiencia en los medios de comunicación. Como bien sabemos, no es así. La opinión popular (paradójicamente sostenida por las mismas personas convencidas de que sin una buena escuela no puede haber más que una malísima sociedad) da por supuesto que a maestro no se dedica sino quien es incapaz de mayores designios, gente inepta para realizar una carrera universitaria completa y cuya posición socioeconómica ha de ser -¡así son las cosas, qué le vamos a hacer!- necesariamente ínfima. Incluso existe en España ese dicharacho aterrador de "pasar más hambre que un maestro de escuela"... En los talking-shows televisivos o en las tertulias radiofónicas rara vez se invita a un maestro: ¡para qué, pobrecillos! Y cuando se debaten presupuestos ministeriales, aunque de vez en cuando se habla retóricamente de dignificar el magisterio (un poco con cierto tonillo entre paternal y caritativo), las mayores inversiones se da por hecho que deben ser para la enseñanza superior. Claro, la enseñanza superior debe contar con más recursos que la enseñanza... ¿inferior? [...]
No soy amigo de convertir la reflexión en lamento. Mi actitud, nada original desde los estoicos, es contraria a la queja: si lo que nos ofende o preocupa es remediable debemos poner manos a la obra y si no lo es resulta ocioso deplorarlo, porque este mundo carece de libro de reclamaciones. Por otra parte, estoy convencido de que tanto en nuestra época como en cualquier otra sobran argumentos para considerarnos igualmente lejos del paraíso e igualmente cerca del infierno. Ya sé que es intelectualmente prestigioso denunciar la presencia siempre abrumadora de los males de este mundo pero yo prefiero elucidar los bienes difíciles como si pronto fueran a ser menos escasos: es una forma de empezar a merecerlos y quizá a conseguirlos...
En el caso de un libro sobre la tarea de educar, empero, el optimismo me parece de rigor: es decir, creo que es la única actitud rigurosa. Veamos: tú misma, amiga maestra, y yo que también soy profesor y cualquier otro docente podemos ser ideológica o metafísicamente profundamente pesimistas. Podemos estar convencidos de la omnipotente maldad o de la triste estupidez del sistema, de la diabólica microfísica del poder, de la esterilidad a medio o largo plazo de todo esfuerzo humano y de que "nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir". En fin: lo que sea, siempre que sea descorazonador. Como individuos y como ciudadanos tenemos perfecto derecho a verlo todo del color característico de la mayor parte de las hormigas y de gran número de teléfonos antiguos, es decir, muy negro. Pero en cuanto educadores no nos queda más remedio que ser optimistas, ¡ay! Y es que la enseñanza presupone el optimismo tal como la natación exige un medio líquido para ejercitarse. Quien no quiera mojarse, debe abandonar la natación; quien sienta repugnancia ante el optimismo, que deje la enseñanza y que no pretenda pensar en qué consiste la educación. Porque educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima [...] Con verdadero pesimismo puede escribirse contra la educación, pero el optimismo es imprescindible para estudiarla... y para ejercerla. Los pesimistas pueden ser buenos domadores pero no buenos maestros. [...] Cobardes o recelosos, abstenerse. Lo malo es que todos tenemos miedos y recelos, sentimos desánimo e impotencia y por eso la profesión de maestro -en el más amplio sentido del noble término, en el más humilde también- es la tarea más sujeta a quiebras psicológicas, a depresiones, a desalentada fatiga acompañada por la sensación de sufrir abandono en una sociedad exigente pero desorientada. De ahí nuevamente mi admiración por vosotras y vosotros, amiga mía. [...]
Fernando Savater (Ariel, 1997) Nació en San Sebastián, España, en 1947. Es filósofo, ensayista, narrador, dramaturgo y polemista.
yo, maestra, pienso en los gestos de la gente que despreciaba nuestro reclamo en el colectivo, en el supermercado, en la verdulería y tantos otros lugares donde se cruzan las vidas cotidianas, pienso en los 200 vidrios rotos de mi escuela del oeste que recién colocarían un mes después de la fecha de inicio de clases, pienso en el habitual silencio del gobierno con cuatro semanas de huelga, pienso en los empresarios exigiendo las rutas libres, pienso en la palabra "vagos" que vituperaban los que pasaban a pie por el corte del puente, pienso en el camionero que la única razón por la que no arremetió contra el piquete fue porque todavía es delito atropellar a una persona en una protesta, pienso en un obispo que firma declaraciones contra el aborto y que, bajo el fantasma de Don Jaime, tiene una escuálida participación en los conflictos sociales, pienso en esa mañana en Arroyito con la tensión en la sangre, en la granada de gas que rebotó en el auto en el que íbamos, pienso en las maestras corriendo a campo traviesa, cuerpos vulnerables frente a la parafernalia militar de los uniformados, pienso en mi casa, cuando me saco la ropa con los rastros del gas que me cerraba la garganta, en la desesperación y las lágrimas de ese día, pienso en mi llanto cuando la foto del asesinato hizo estallar mi cabeza, pienso en la madre de mi escuela que en la huelga del año pasado dijo que los conflictos se resolvían con un muerto, pienso como un ejercicio de memoria en las docentes apaleadas en Plaza Huincul el año anterior, pienso en la cadena de nombres que se apiñan como saldo de políticas genocidas como Teresa Rodríguez, Víctor Choque, Kostequi y Santillán, Silvia Roggetti, y ahora, Carlos Fuentealba, pienso en la pulsión de derecha que ya se instaló en el costado izquierdo de la población, pienso en las felicitaciones a la policía de varios turistas en la ruta que alababan su accionar por despejar los "obstáculos", que sólo eran cuerpos de mujeres y varones ya que ni las gomas llegamos a colocar, pienso en las palabras del gobernador como "enfrentamiento" y "excesos" que dan continuidad a la historia de la dictadura, pienso en la burocracia gremial del país que también esperó un "muerto" y suerte para ellos que fue en Neuquén y no en Santa Kruz, pienso en lo que pueden estar pensando mis alumnas y alumnos, pienso en el dibujo acerca de la democracia del hijo de un "puntero" donde un hombre le decía a otro a metros de una mesa de escrutinio: "yo te voto si me das algo", pienso en cómo ser policía se convirtió en trabajo seguro para los pobres y también para las pobres, porque la igualdad de género siempre llega antes a los lugares donde al poder le conviene, pienso en lo que enseñaremos y en lo que dejaremos de enseñar a partir de ahora, pienso que tengo que volver a tomar la tiza que pesa como el cuerpo de un compañero tirado en la ruta y desearía escribir otros nombres en el espacio de las autoridades políticas, pienso en que seguramente serán parecidos o serán de la misma manufactura corrupta y negligente, pero que Jorge "Rafael" Sobisch y sus cómplices paguen por sus acciones, pienso en el policía que disparó y en los eslabones de impunidad que hicieron posible su presencia en la ruta, pienso que en el reclamo de justicia por Carlos están muchos nombres, muchos cuerpos, desnutridos, encarcelados, enterrados, mutilados, desaparecidos, pienso en la miseria de esta provincia que contrasta con los millones de dólares de la renta petrolera, pienso en el slogan "Sentite Neuquén" de una solapada xenofobia siempre impulsada por los sectores gobernantes, pienso en nuestro trabajo docente precarizado sometido siempre a la jerarquía de la burocracia estatal, pienso en el papel de guardianas del orden social, moral y sexual que todavía depositan en nosotras para formar al "ciudadano de bien", pienso en que no comparto la idea de que las y los docentes somos sagrados como se dijo en algún escrito de ocasión, pienso que la educación tiene que desarmar jerarquías de cualquier índole, promover itinerarios de comprensión de la desigualdad de clase, género, raza, sexo, orientación sexual, nacionalidad, edad, que no son ni para siempre ni desde siempre, que hay intereses para que sean así, pienso que la obediencia no puede ser nuestro mandato pedagógico.
Yo, maestra, pienso que las cosas pueden ser de otra manera.
Valeria Flores, maestra, escuela Nº 348, Neuquén 08-04-07

Otro conflicto de imprevisibles consecuencias ha estallado entre el gobierno y la oposición de derecha.
La iniciativa gubernamental de constituir un fondo especial con una porción de las reservas para garantizar el pago de la deuda externa desató este conflicto. La derecha rechaza este fondo y exige hacer frente a los pagos con las partidas del presupuesto sin tocar las reservas. La diferencia entre ambos bandos son los mecanismos para cumplir con las exigencias de los acreedores.
Pero bajo esta discusión subyace una coincidencia plena: pagar una deuda fraudulenta que ya ha sido pagada varias veces. Este acuerdo ya se manifestó cuando hace pocos meses los legisladores del gobierno y la oposición votaron por unanimidad la derogación de la “ley cerrojo”, que bloqueaba la reapertura del canje con los bonistas que quedaron afuera de ese arreglo. Ninguno de ellos se indignó en ese momento con la “violación de la seguridad jurídica” implícita en la anulación de una disposición que se presentó varias veces como inmodificable.
Unos y otros aceptaron concretar este nuevo ofrecimiento de canje sin reparar que aumenta la deuda (en 7000 millones de dólares) y que incrementará el pago de interés (en 500 millones). La operación incluye, además, elevados pagos de comisión a los bancos intermediarios (Citi, Barclays, Deustche), que además han hecho un gran negocio con la suba del precio de los bonos.
La derecha y el gobierno se enfrentan ahora por la modalidad de pago de una deuda que absorbe el dinero requerido para incrementar los salarios, mejorar las jubilaciones, poner fin al deterioro de los hospitales públicos, asegurar el inicio de clases satisfaciendo las demandas de los docentes u otorgar los fondos que exigen los desocupados que cortan las rutas.
Durante casi tres décadas los legisladores de ambas bancadas han cajoneado todas las investigaciones de este desfalco. Incluso miraron para otro lado cuando la investigación de Olmos y el fallo del juez Ballesteros declaro la inconstitucionalidad de la deuda. A través de las sucesivas renegociaciones y canjes de títulos buscaron borrar las huellas para sepultar el origen de ese negociado. De estas operaciones participaron todos los ex funcionarios del Banco Central, que actualmente protagonizan el debate y estimulan el conflicto, sea a favor de la oposición o del gobierno (González Fraga, Prat Gay, Blejer, Redrado) y que anteriormente sirvieron fielmente a los gobiernos de Menem, la Alianza, Duhalde y los Kirchner. Todos instrumentaron variantes de la misma política de pago de la fraudulenta deuda.
Hay en todo este conflicto una gran hipocresía.
Hipocresía derechista: ajuste con argumentos republicanos
El titular del Banco Central, Martín Redrado, atizó el conflicto al negarse a concretar el Fondo del Bicentenario por 6.569 millones de dólares. Su argumento principal: “cuidar las reservas que son de los argentinos y no del gobierno”, y ha logrado concitar el apoyo incondicional de todo el arco opositor y de los políticos y funcionarios que dilapidaron varias veces esas reservas durante administraciones anteriores.
La derecha considera inadmisible utilizar esos recursos para el pago de la deuda, pero no objetaron el mismo uso para abonarle por adelantado al FMI en el 2005. En ese momento el gobierno canceló toda la deuda con ese organismo, con el mismo mecanismo de decretos de necesidad y urgencia (DNU) y por un monto muy superior, 9.900 millones de dólares ( un 50% más que ahora). Tampoco objetaron el DNU del 2008 que habilitaba el pago, nunca concretado hasta ahora, al Club de París. A muchos cínicos les cuesta explicar porqué hoy rechazan lo que ellos mismos aprobaran una y otra vez.
El segundo argumento es mucho más siniestro: “la autonomía del Banco Central”. Afirman que el gobierno ha violado la Carta Orgánica de “una entidad independiente”, que no está “sujeta al despotismo del Ejecutivo”. Lo que en realidad defienden es el manejo de esa entidad por los banqueros. Postulan que el Banco Central sea autónomo para que los financistas mantengan un control indisputado del mismo. Como sabemos la principal función de esa falaz independencia ha sido justamente asegurar que las reservas internacionales operen como garantía de pago a los acreedores externos. Con esa finalidad los neoliberales introdujeron desde los años ‘70 atribuciones que convierten al BCRA en una institución con poderes y facultades superiores a cualquier otro organismo del Estado.
Las tonterías que pusieron a circular en estos días para justificar esta suerte de virreinato vuelven a la primera plana, nuevamente se reclama que el Banco Central “debe cuidar la moneda” y “proteger el dinero del país” por medio de un grupo de “expertos ajenos a las presiones políticas”. Estos mitos simplemente ocultan que los encargados de cumplir una misión tan noble son el puñado de banqueros que maneja la deuda pública, los mismos que provocaron el colapso y las confiscaciones que sufrió Argentina.
La oposición de derecha simplemente promueve volver a los viejos ajustes de los años ‘90. Como hay un evidente deterioro de la solvencia fiscal ahora buscan recortar el gasto social. Por supuesto que no lo enuncian en estos términos, pero es la misma cantinela que han usado una y otra vez para imponer políticas de austeridad. Su verdadero propósito es volver al FMI y sortear así la crisis fiscal, sometiéndose a los controles y auditorias del organismo internacional.
Hipocresía progresista: desendeudarse para volver a la deuda
Las justificaciones del gobierno para pagar la deuda con reservas son simétricas a las de la oposición de derecha. Afirman que utilizando estos recursos “se liberan fondos excedentes para mantener el gasto productivo y social”. Pero si la intención es utilizar esas partidas presupuestarias que quedarían liberadas es porque ya han definido que la primera prioridad es el giro de fondos a los acreedores. Se da por sentado la legitimidad del pago y la sacralización de su prioridad frente a cualquier otro objetivo económico, luego se considera lógico destinar el sobrante al gasto interno.
Con este razonamiento, que naturaliza el reembolso de un desfalco como dato inamovible, los funcionarios repiten los mensajes de la ortodoxia neoliberal que tanto objetan desde la tribuna. Afirman que “pagar con reservas permite enviar mensajes de seriedad y solvencia a los acreedores” y retoman así los viejos códigos de los ‘90 con posturas que convocan a “hacer los deberes” y “seducir a los financistas del exterior”. Los economistas oficiales utilizan todos los argumentos corrientes del mercado para justificar el uso de las reservas. Hablan de lograr un “retorno al mercado privado de crédito”, olvidando todos los cuestionamientos a ese endeudamiento y explican cómo se “abaratan las tasas”, sin explicar cuál es el beneficio para el país de refinanciar el pago de un pasivo que ya ha sido reembolsado varias veces. Esta actitud demuestra cuánta hipocresía subyace en las disputas verbales con la oposición.
A los hombres del gobierno les toca ahora el rol de objetores de la independencia del Banco Central. No explican porqué sostuvieron durante tantos años esa autonomía, bloqueando incluso los tres proyectos de reforma del sistema financiero que recortaban ese atributo. Ahora remarcan que “el Banco Central debe ajustarse a la política económica”, pero sin aclarar que el centro de esa orientación es la recomposición de las relaciones con el capital financiero.
Por esta razón, la principal asociación de los banqueros del país (ADEBA) tomó partido rápidamente a favor del Ejecutivo en su conflicto con Redrado, y el principal candidato a remplazarlo es nada menos que Mario Blejer, otra gran figura de los ‘90 y la ortodoxia neoliberal, que acredita en su haber dos décadas de trabajo en la crema de las finanzas internacionales. Que esta política se desenvuelva creando un Fondo denominado “Bicentenario” ilustra hasta dónde ha llegado el doble discurso oficial. Un emblema de la independencia nacional es utilizado para recomponer las relaciones con los acreedores foráneos.
Toda la lógica de utilizar reservas para el pago de la deuda está inspirada en el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento. La deuda pública situada en 128.000 millones de dólares luego del canje se incrementó a 145.700 millones en la actualidad. Los vencimientos de los servicios de la deuda (capital e intereses) de los próximos años son muy condicionantes por lo que el gobierno busca sortearlos con prórrogas y canjes. Por esta razón la política de desendeudamiento ya quedó en el pasado y ahora se discute cómo volver a tomar deuda.
A los banqueros les interesa prestar y cobrar. Por eso tratan de atenuar el conflicto actual, promoviendo algún arreglo “para que los mercados no se inquieten”, quieren el menor ruido posible para que los negocios funcionen.
Ofensiva política de la reacción conservadora
Aunque las clases dominantes quieren tranquilidad la crisis en curso puede descontrolarse e incentivar hasta la ingobernabilidad las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo, con el poder Judicial tironeado entre los dos poderes. El trasfondo de la disputa actual es básicamente política, no hay divergencias importantes en la gestión financiera y tampoco choques irreductibles en lo económico. Lo que convierte cualquier episodio menor en un gran descalabro es la gran tensión política que separa gobierno y oposición desde el conflicto del campo.
En esta disputa hay un claro objetivo de la derecha; avanzar sobre medidas de los últimos años que incluyen algún logro social o avance democrático. Busca una reversión reaccionaria especialmente en cuatro áreas: la ley de medios, la nacionalización de las AFJP, los juicios contra genocidas de la dictadura y la política de relaciones con los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia.
La reacción conservadora abomina de estos tibios cambios y busca sepultarlos. En esta campaña es activamente acompañada por los grandes medios de comunicación que pretenden perpetuar su impunidad para manipular la información y por toda la elite conservadora que ve la oportunidad para enterrar con represión el legado de protestas sociales que dejó la rebelión del 2001.
Esta acción sintoniza con la contraofensiva imperial que en la región se expresa en el golpe en Honduras y la instalación de nuevas bases en Colombia, la ofensiva contra Lugo en Paraguay y el avance neopinochetista en Chile, y las siempre renovadas presiones sobre Bolivia, Venezuela y Cuba.
Como en el resto del continente la derecha disfraza aquí sus objetivos con campañas institucionalistas y se presentan como custodios de la legalidad. Por el momento sólo busca el desgaste del gobierno para que llegue rengueando a los comicios, mientras disputan entre ellos quién asumirá el liderazgo del sector. Pero la crisis puede desmadrarse y aunque el reiterado tanteo de un juicio político a la Presidente es por ahora sólo conspirativo, tampoco es una pura fantasía. Si en algún momento desconocen abiertamente alguna medida del gobierno con llamados a cacerolazos la tentativa puede hacerse realidad.
Mientras tanto el gobierno sigue a los tumbos, respondiendo con la misma ceguera que exhibe desde el año pasado. A pesar de la reconstitución de la autoridad estatal, del sostenido crecimiento económico y las buenas previsiones macroeconómicas para el 2010, el kirchnerismo no ha podido mantener el consenso social que logró en el período 2003-2007. Se desgastó al confrontar con la derecha desde las arcaicas estructuras del Justicialismo y con el apoyo de la desprestigiada burocracia sindical cegetista.
No sólo rehuye cualquier sostén popular genuino y encubre a las patotas. Sostiene también a los barones del conurbano e impone una reforma política proscriptiva hacia la izquierda. Hostiliza además a los movimientos sociales (cooperativas sin punteros), se niega a conceder la libertad sindical (subtes-CTA) e incluso ha reprimido las luchas más consecuentes de los trabajadores (Kraft-Terrabussi).
No es posible a priori conocer cómo concluirá el conflicto pero muchos hablan ya de una resolución 126. Hacen referencia así a la ineludible comparación con la confrontación con el campo. Sin embargo es necesario marcar algunas diferencias entre aquella crisis y la actual.
En el plano económico, las retenciones expresaban la captura por el Estado de renta extraordinaria y tenían un carácter indiscutiblemente positivo y progresivo, más allá de su utilización y alcance. Ahora no se discute nada progresivo, sino la forma y el origen de los recursos para pagar la deuda.
En el plano político hay similitudes con la conformación de un bloque opositor con liderazgo de la derecha, pero en el plano social hay una gran incógnita: ¿Podrá la oposición de derecha incentivar nuevamente una movilización conservadora de la clase media? En los últimos meses no han podido reproducirlo y si no recuperan las calles seguramente perderán la pulseada.
Otro camino para superar la crisis
Para quiénes no ubicamos en el arco genuinamente progresista y de izquierda la experiencia de lo ocurrido durante del conflicto con el campo es decisiva para no volver a repetir en esta coyuntura los errores de un emblocamiento con la derecha. Esa política es francamente suicida. Si se repite sepultará a todas las corrientes que aspiran a lograr la superación del kirchnerismo por izquierda, como contrapartida dejará abierta una involución a derecha, por el desprestigio del gobierno actual.
Por el contrario se trata de sacar la discusión del círculo vicioso e interesado en que la han colocado. De señalar otro camino para superar progresivamente esta crisis, que ya varias corrientes políticas y personalidades han planteado, a nuestro entender en forma acertada: Organizar una campaña para colocar el debate de la deuda y el sistema financiero en el centro de la agenda.
Pero esta campaña perdería todo sentido si se acepta la distorsión que imponen los medios de comunicación o si se hace causa común con la derecha en las críticas al gobierno. No sólo importa lo que se dice, sino también cómo y dónde se lo enuncia. La mayoría popular ha quedado convertida en una audiencia que recepta mensajes televisivos y es nefasto que la izquierda aparezca formando parte de una indiscriminada oposición, se pierden los matices, que no son menores, y se hace el juego a la reacción conservadora.
La derecha debe ser objeto de nuestra crítica en cualquier intervención, para que no queden dudas sobre dónde está ubicada la izquierda. Por esta razón es otro error presentar denuncias penales contra el gobierno en pleno clima de judicialización derechista del conflicto, nadie percibe los pormenores diferenciados de esa denuncia en este clima. Mucho peor es repetir directamente los argumentos de los reaccionarios sobre la institucionalidad o la autonomía del Banco Central. Hay que poner el centro en el cuestionamiento de la deuda, pero no hacer comparsa a los reaccionarios. Es totalmente absurdo discutir la cuestión de las reservas como un tema técnico-financiero con abstracción del clima que ha creado la oposición. La batalla contra la derecha no requiere necesariamente de apoyo o consideración hacia el gobierno.
Para la izquierda lo esencial es actuar en forma independiente con una política propia, que es vital para romper con la trampa de reyertas que protagonizan la oposición con el gobierno y que impiden madurar un planteo alternativo.
En este sentido:
Es un verdadero despropósito que mientras se habla de custodiar las reservas se mantengan intactos todos los mecanismos que periódicamente facilitan la fuga de capitales (40.000 millones de dólares desde el inicio de la crisis internacional): el Control de Cambios es la única medida efectiva que puede contener este drenaje de riqueza, solo producida por los trabajadores y de la que otros se apropian y fugan.
Carece de sentido discutir acerca de las atribuciones del Banco Central si no se lo hace en el marco de la discusión de una Reforma Financiera Integral, que apunte a forjar un sistema financiero asentado en la control estatal de los depósitos y plenamente nacionalizado.
Poner la Deuda a Debate requiere la suspensión inmediata de las negociaciones con los bonistas que no ingresaron al canje y con el Club de París.
Resulta indispensable poner en marcha inmediatamente la Auditoria Ciudadana de la Deuda. Es una salida política a la crisis actual, es la forma de retomar la investigación ya realizada de los fraudes y someter todas las operaciones posteriores a una rigurosa verificación de su legalidad y legitimidad. En los casos que correspondan estas medidas deben ser acompañadas por la suspensión de pagos.
Desarmar los perversos mecanismos de la deuda externa es también parte esencial del combate contra la derecha. Para nosotros la disyuntiva vuelve a ser: los acreedores o los trabajadores y el pueblo. Y en esto no puede haber dudas.
Buenos Aires, enero 11 de 2010.
Claudio Katz, Jorge Marchini/Eduardo Lucita.
Integrantes del colectivo EDI-Economistas de Izquierda
Neuquén, 20 de Octubre de 2009.
Sr. Gobernador de la
Provincia del Neuquén
Dr. Jorge A. SAPAG
S/ D Ref.: solicitan veto Art. 17, Inc. “e” de la Ley 2670.
En nuestro carácter de representantes de los trabajadores y trabajadoras judiciales, de distintos gremios de la provincia y de la Central de los Trabajadores de Argentina de Neuquén, venimos a requerirle el veto del Art. 17, Inc. “e”, de la Ley nº 2670 de Convenciones Colectivas de Trabajo para los empleados del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén, de conformidad con el Art. 192 y concordantes de la Constitución Provincial, por afectarse en la norma legal que cuestionamos, Derechos de raigambre constitucional, Convenios de la OIT ratificados por Argentina, potestades del Congreso de la Nación y el principio de igualdad para las partes en la negociación colectiva.
Entendemos que UD. no debe convalidar semejante despropósito legal, que sólo tuvo sustento en la intencionalidad de sus impulsores de agraviar a los trabajadores judiciales en particular y de la provincia en general, expresando una concepción antidemocrática y revanchista que jamás debiera estar en cabeza de quiénes han recibido el mandato del pueblo de legislar con irrestricto apego a la Constitución.
FUNDAMENTOS.
1.- ILEGALIDAD DEL DESCUENTO AUTOMÁTICO Y UNILATERAL DE LOS DÍAS DE HUELGA:
Sin perjuicio de que resulta conocida la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de que el empleador no debe soportar económicamente los días de huelga, es necesario precisar que según la propia jurisprudencia y reglamentación del Máximo Tribunal Nacional el descuento no puede válidamente operar de manera automática.
Desde antiguo, ha sostenido la CSJN que el pago de los días de huelga corresponde en los casos en que la responsabilidad del empleador se funde en ley que razonablemente la imponga, o en su conducta culpable o en una convención, (CSJN, 5/8/63, “Buhler, Erico F. y otros c/ Talleres Galc y Cía. SRL”, Fallos: 256: 307).
En similar sentido la acordada de la Corte Suprema Nº 22/85 establece que para determinar la procedencia del descuento de los días huelga es necesario evaluar la conducta de las partes en el caso concreto.
A mayor abundamiento resulta necesario traer a colación que el descuento de haberes por huelga requiere no solo un análisis sobre la conducta de la partes (culpabilidad), sino además que dicho análisis sea efectuado a través de mecanismos y órganos que garanticen la imparcialidad, independencia y la confianza de las partes.
Así, la Declaración Socio Laboral del Mercosur (SGT Nº 10 “Asuntos laborales, empleo y seguridad social” Brasilia, 10 de diciembre de 1998) establece en su Art. 12: “Los Estados Partes se comprometen a propiciar y desarrollar formas preventivas y alternativas de autosolución de los conflictos individuales y colectivos de trabajo, fomentando la utilización de procedimientos independientes e imparciales de solución de controversias”
En idéntico sentido el Convenio 151 de la OIT establece que: “La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados” (art. 8vo.).
A partir de dicho precepto, aplicable en el derecho local en tanto el Convenio 151 ha sido ratificado por Argentina, los órganos de control de OIT han elaborado una doctrina mediante la cual en ningún caso resulta admisible que la propia administración determine las condiciones de vigencia de los derechos de las organizaciones sindicales y sus trabajadores en materia de conflictos colectivos, incluido el ejercicio de la huelga.
Así ha sostenido el Comité de Libertad Sindical de la OIT que: “En caso de mediación y arbitraje en conflictos colectivos en las administraciones públicas lo esencial es que todos los miembros de los órganos encargados de esas funciones no sólo sean estrictamente imparciales, sino que también lo parezcan” (véase Recopilación, cit., párrafo 549).
De manera que, en materia tan sensible como la regulación de la huelga, en la que está en juego su ejercicio, aún pudiendo ser admitida por OIT su limitación en las administraciones públicas, en ningún caso ello puede traer aparejado que dicha limitación sea impuesta por el propio empleador.
En el Caso 1653/60 el Comité indicó que: “observa sin embargo que los querellantes han hecho valer que en los conflictos que son objeto de la presente queja, la Corte Suprema era a la vez juez y parte, por ser, por un lado, la empleadora del personal judicial y, por otro, por haber suspendido el ejercicio del derecho de huelga de su personal. A este respecto, el Comité debe recordar que el artículo 8 del Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151), ratificado por Argentina, dispone que "la solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados". En el presente caso, surge que el procedimiento de conciliación impuesto por la Corte Suprema no ha sido establecido con la confianza de los sindicatos del personal judicial. El Comité recomienda pues al Gobierno que en el futuro, en caso de conflictos colectivos en el sector judicial, vele por que los procedimientos para la solución de conflictos inspiren la confianza de las partes, de conformidad con el artículo 8 del Convenio núm. 151”.
Es de resaltar que las resoluciones de la OIT resultan plenamente aplicables al ordenamiento nacional a partir de la reestructuración del sistema de fuentes, producida en nuestro país a partir de la reforma constitucional del año 1994, más la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos “Giroldi”, “Aquino” y “Madorrán”, entre otros), que determinan que las “condiciones de vigencia” de las normas internacionales de Derechos Humanos, que resultan constitucionalizadas por el nuevo art. 75.22 CN, son aquellas con que dicho instrumento rige en el ámbito de que se trate y conforme es interpretado por los órganos encargados de aplicarlo.
Bajo este marco normativo fácil resulta apreciar que la norma que dispone como obligatorio y automático el descuento de los días de huelga resulta inconstitucional, puesto que viola el principio de declaración de ilegalidad como condición previa al descuento, por que además efectúa una determinación previa sobre la culpabilidad, estableciendo que esta siempre corresponde al empleado y por que se violenta el derecho a que la determinación de la culpabilidad se realice a través de un órgano independiente, imparcial y confiable.
A esto cabe agregar que la norma cuestionada constituye una forma de imposición unilateral de parte del empleador para con el empleado con lo cual se violenta también el Art. 8º del Convenio OIT 151.
2.- ILEGALIDAD POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD:
El principio de progresividad está compuesto por un doble contenido. Uno de ellos está expresado a través del avance gradual en orden a la satisfacción plena y universal de los derechos tutelados, que supone decisiones estratégicas en miras a la preeminencia o la postergación de ciertos derechos por razones sociales, económicas o culturales.
El otro contenido se cristaliza a través de la prohibición del retorno, o también llamado principio de no regresividad.
Este último expresa el supuesto mínimo del compromiso de mejora, por cuanto es la mas elemental obligación que asume el Estado; esto es, la de no retrotraer la situación actual del titular de los derechos.
Uno de los Tratados incorporados a los contenidos constitucionales es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En el inciso 11 del artículo 1º establece expresamente el principio de progresividad, refiriendo a él como mejora continua de las condiciones de existencia de la vida humana.
El artículo 2º establece que “cada uno de los Estados parte en el presente Pacto se compromete a adoptar las medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económica y técnica hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente por todos lo medios apropiados, inclusive la particular adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”
A su vez, el imperativo constitucional de mejora continua, que supone la no regresividad, torna mas estricto el control de razonabilidad impuesto por artículo 28 de la Carta Magna. Al respecto ha sostenido la CSJN: “La consagración constitucional del principio de no regresividad producida mediante la asignación de jerarquía constitucional al PIDESC a partir de la reforma de 1994, ha agregado al control de razonabilidad de la leyes y reglamentos un nuevo criterio a ser tenido en cuenta...Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias que acarrea la sanción de una ley o de un reglamento regresivo? La regresividad, ¿constituye una razón de invalidez o inconstitucionalidad? De acuerdo al esquema sugerido, la regresividad constituye un factor agravado del análisis de razonabilidad. Por ello, la prueba de que una ley es regresiva determina una presunción de invalidez o inconstitucionalidad” (AQUINO, Isacio c/CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.) fallo de fecha 21 de septiembre de 2004.
Cabe concluir entonces que por aplicación del principio de progresividad, y por la prohibición de regresividad que dicho principio encierra, la norma que dispone el descuento automático, unilateral e inconsulto de los días de huelga es ilegal puesto que retrotrae y desmejora la situación de ejercicio y vigencia de los derechos.
Concretamente en el caso, el estado, lejos de dictar normas que garanticen el pleno y máximo ejercicio de derechos, dicta normas que reducen o disminuyen de manera directa la posibilidad de su ejercicio, lo que a todas luces viola el principio constitucional de progresividad y constituye una conducta regresiva abiertamente ilegal.
3.- ILEGALIDAD POR VIOLACIÓN AL DEBER DE FOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA:
Desde otro aspecto, es de resaltar que la inclusión del descuento automático, unilateral e inconsulto de los días de huelga constituye una flagrante violación a la obligación del estado de fomentar la negociación colectiva en el marco de la administración pública.
Ello es así dado que el estado Argentino esta obligado por la Declaración Socio Laboral del Mercosur a fomentar el diálogo social en los ámbitos nacional y regional, instituyendo mecanismos efectivos de consulta permanente entre representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, a fin de garantizar, mediante el consenso social, condiciones favorables al crecimiento económico sustentable y con justicia social de la región y la mejora de las condiciones de vida de sus pueblos. (Art. 13)
Por otra parte el Art. 11 de esta misma declaración dispone que todos los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen garantizado el ejercicio del derecho de huelga, conforme a las disposiciones nacionales vigentes. Los mecanismos de prevención o solución de conflictos o la regulación de este derecho no podrán impedir su ejercicio o desvirtuar su finalidad.
El Art. 3 del convenio 87 OIT establece que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción y que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
Que el convenio 154 OIT que específicamente regula el fomento de la negociación colectiva establece una serie de reglas que deben seguirse, entre las que se destacan: El Art. 5º que ordena que: Se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negociación colectiva. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán tener por objeto que: c) Sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento convenidas entre las organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los trabajadores d) La negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas que rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de tales reglas; e) Los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva.
El Art. 7º que dispone: Las medidas adoptadas por las autoridades públicas para estimular y fomentar el desarrollo de la negociación colectiva deberán ser objeto de consultas previa y, cuando sea posible, de acuerdos entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores.
El Art. 8º que expresa: Las medidas previstas con objeto de fomentar la negociación colectiva no deberán ser concebidas o aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de negociación colectiva.
De la trascripción normativa efectuada surge con meridiana claridad que es obligación del estado fomentar la negociación colectiva en el sector publico y que además las normas que en ese sentido se dicten deben otorgar preeminencia a los mecanismo de diálogo y consenso de las partes estimulando el desarrollo de la negociación y la pluralidad de la participación, por lo que la norma en la medida en que dispone el descuento unilateral, automático e inconsulto de los días de huelga constituye una abierta violación a los convenios 87, 98 y 154 de la OIT y a la Declaración socio Laboral del Mercosur, y por lo tanto su sanción es repugnante a nuestro ordenamiento jurídico.
4.- ILEGALIDAD POR CONTRAVENIR LA GARANTÍA DE IGUALDAD (ART. 16 C.N.), POR CONCULCAR EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA DE LAS LEYES (ART. 31 C.N.), POR RESULTAR MANIFIESTAMENTE DISCRIMINATORIO (ART. 75 INC. 22 C.N., ARTS. 1, 2 y 7 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, ART. 1 DEL PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, ART. 1 DE LA LEY 23592), POR FRUSTRAR LA GARANTÍA DE PROTECCIÓN A LA GESTIÓN SINDICAL ESTABLECIDA POR EL ART. 14 BIS DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Del análisis minucioso del Art. 17, Inc. “e”, de la Ley 2670, surge con meridiana claridad que, en primer lugar, una correcta técnica legislativa impone el tratamiento por separado en dos cuerpos normativos de lo que constituye la negociación colectiva por un lado y lo inherente a la solución de conflictos por otro. La norma bajo estudio incomprensiblemente, mezcla ambas cuestiones incluso reglamentando inconstitucionalmente el ejercicio del derecho de huelga, con la obvia finalidad de obturar una herramienta básica de los trabajadores como es el ejercicio de dicho derecho en el contexto de la inexistencia de un acuerdo en el Poder Judicial, pues de otra manera no se entiende el o los motivos de los descuentos de los días de no prestación de servicios existiendo las circunstancias apuntadas.-
La esencia del sistema de Convenios Colectivos es que los trabajadores del estado puedan ir enriqueciendo, con su participación mediante los sindicatos, sus condiciones laborales. Si se desfigura la institución de la negociación colectiva se llevará a crear ventanas de escape que solo sirvan para que los inescrupulosos provoquen retrocesos laborales incompatibles con la finalidad de la norma analizada, convirtiendo una Garantía nacida para el progreso laboral, en una herramienta para la agresión a los Trabajadores.-
La obligatoriedad del Acuerdo Colectivo para modificar condiciones de trabajo y la base de derechos mínimos de los Trabajadores Estatales debe ser un avance democratizador de las relaciones de empleo publico, pues corresponde incorporar definitivamente el derecho del trabajador a participar en la normativización de su trabajo por aplicación de los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la O.I.T.. No se ha de perder de vista que, cuando un trabajador participa en la fijación de sus normas de trabajo, no hace más que determinar una enorme porción de su propia vida, que transcurre en su lugar de trabajo.
Asimismo como es conocido, en época reciente, se aprobó la “Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo” (1998) ratificando la “libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva” y la “Declaración Social Laboral del Mercosur” (10/12/98) estableciendo como principios y derechos del trabajo: “Todos los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen garantizado el ejercicio del derecho de huelga conforme a las disposiciones nacionales vigentes. Los mecanismos de prevención o solución de conflictos o la regulación de este derecho no podrán impedir su ejercicio o desvirtuar su finalidad” (art. 11). Aparece en consecuencia claramente ordenado que los procedimientos instrumentados para la composición, no deben desnaturalizar este reconocimiento. Las cláusulas autoejecutables de la declaración, entre las que se computa la referida, tienen obligatoriedad directa y son aplicables por los tribunales de los Estados miembros. Esta operatividad ya ha comenzado en nuestros tribunales aunque una parte de la magistratura del trabajo parecería no sentirse obligada a aplicar estos contenidos del derecho vigente.
Como venimos diciendo, en consecuencia, la orden de cesar una huelga y la facultad de ordenar el proceso de conciliación, incluso la de proponer soluciones, o calificar una huelga (como es el caso concreto que nos ocupa) no pueden estar a cargo de una de las partes, en detrimento de la parte sindical. El propio Poder Judicial, a través del T.S.J., no es un tercero imparcial e independiente que media entre otras dos partes, sino integrante principal como cabeza de dicho poder, del empleador.-
No se puede, entonces alegar, como se ha señalado, la validez o constitucionalidad de las legislación provincial, como sucede en la especie con el articulado bajo estudio, que atribuyen competencia al propio empleador para calificar una huelga.
En función de lo expuesto se ha dicho que “Que el empleo público provincial suscite competencias locales no alcanza para perturbar el diseño federal que somete a reglamentaciones exclusivas del Congreso todo campo de derecho laboral y el ejercicio del derecho de huelga (Germán Bidart Campos “La reglamentación de la huelga del personal judicial provincial por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis”, ED 137-255).
Se encuentra reconocido incluso en los Tratados Internacionales “que gozan de jerarquía constitucional” que uno de los más altos intereses generales del estado es justamente respetar y sostener los derechos emanados de la libertad sindical.
Además de la fundamentación precedente, queremos agregar las siguientes consideraciones al presente pedido de veto parcial:
a) El Proyecto de Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo para los Empleados del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén se comenzó a discutir entre SEJUN y el TSJ a comienzos del año 2007. A mediados de ese año, el entonces Presidente Badano, remitió a la H Legislatura el anteproyecto que se estaba negociando entre las partes, de manera inconsulta y unilateral. Pero debemos resaltar que en el mismo no constaba afectación alguna al Derecho de Huelga.
b) Con la nueva composición legislativa, SEJUN remitió el mismo anteproyecto a la H Legislatura en Marzo de 2008, de manera de impulsar su tratamiento legislativo. Por supuesto que en el mismo no se incluía afectación alguna del Derecho de Huelga.
c) Durante el año en curso, y durante el debate en Comisiones en la H. Legislatura, el TSJ (obviamente con la actual composición) remitió una serie de observaciones y sugerencias al proyecto. Pero no incluyó ningún agregado que afecte el Derecho de Huelga.
d) Las Comisiones “A” e “I” de la H. Legislatura aprobaron por amplia mayoría el despacho que NO INCLUÍA observación alguna a la cuestión de la huelga.
e) En la sesión legislativa del día 15 del mes y año en curso, se aprobó en general el Proyecto de mayoría, que venía de las Comisiones “A” e “I”, sin afectación alguna al Derecho de Huelga. El Proyecto de la minoría (que sí lo afectaba), impulsado por los diputados Inaudi, Kogan y Rachid, fue derrotado en la votación por 20 votos a 12.
f) En la sesión legislativa del 16 de Octubre de 2009, insólitamente, sin que se explicite fundamentación alguna, quiénes habían votado el Despacho de mayoría en las Comisiones referidas y votado el día anterior en general dicho Despacho, travistieron su temperamento legislativo y convirtieron en mayoritario el despropósito Inaudi; incorporando el Inciso “e” al Art. 17 de la Ley CCT.
g) Es decir que a todas luces se evidencia un comportamiento legislativo dudoso, contradictorio y oscuro, que lejos está de contribuir a mejorar la escasa credibilidad ciudadana en las instituciones.
h) El autor e impulsor de la norma legal cuestionada, diputado Inaudi, tiene una larga y probada animadversión hacia el S.E.Ju.N y el conjunto de trabajadores y trabajadoras judiciales. Basta repasar su actitud y declaraciones en distintos momentos y situaciones de importancia institucional para la ciudadanía en general y los trabajadores judiciales en particular: Debate sobre el Consejo de la Magistratura durante la Convención Constituyente, Jurado de Enjuiciamiento a la ex Jueza Taiana, Proceso de cobertura de vacantes en el TSJ luego de las renuncias de Sommariva y Fernández y la destitución de Badano, Debate acerca del incremento salarial plasmado en la Ley nº 2662, entre otros.
I) Es altamente contradictorio que una norma legal que, en principio y por principio, debe ser de utilidad para la resolución de la conflictividad laboral y social, dotando a las partes de instrumentos y herramientas para encontrar soluciones negociadas y de consenso, termine siendo una fuente de conflicto. Y que en la práctica reglamente una cuestión ajena a su objeto (el Derecho de Huelga) de manera ilegal y generando una situación de desigualdad en detrimento de los trabajadores, ya de por sí la parte más débil en una negociación colectiva.
J) Por último, una preocupación de carácter más general, que tiene que ver con la Democracia y la perspectiva cierta del achicamiento de sus espacios y de las garantías constitucionales. Pues desde distintos sectores, gubernamentales, empresariales, políticos, judiciales y periodísticos, se viene propalando un discurso y una práctica represiva. Y es en este contexto en el que no casualmente aparece este elemento restrictivo del Derecho de Huelga, emparentado con las peores disposiciones en la materia de la última dictadura cívico-militar.
Es por todo lo expuesto que venimos a requerirle el veto parcial de la Ley nº 2670, objetando el Inc. “e” de su Art. 17.
Sin otro particular lo saludamos con atenta consideración.
El verdadero objetivo político del denominado Grupo A con su iniciativa "progresista" para las jubilaciones fue forzar el veto presidencial. Una oportunidad perdida.
Eduardo Lucita*
Tal como estaba previsto el Grupo A en el parlamento logró la aprobación de su proyecto de ley de llevar las jubilaciones mínimas al 82 por ciento del salario mínimo, pero dejó vacante el financiamiento de tal medida, con lo cual logró su verdadero objetivo político que la presidenta vetara la ley, tal como estaba previsto también.
El 82 por ciento móvil de los haberes jubilatorios constituye una reivindicación histórica del movimiento obrero y popular en el país desde que se estableciera allá por 1958 y que durara muy poco tiempo porque, vaya coincidencia, la ley que lo sancionara no previó los mecanismos de financiamiento.
Hoy el debate ha regresado con fuerza, pero como todo está devaluado no se discute para el conjunto de los haberes sino solo para las jubilaciones mínimas y no se lo referencia al salario con el que el beneficiario se retira de la vid